Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.
En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.
El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.
En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.
En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.
La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:
- Asociación Un Nuevo Camino
- Alianza Libres Sin Violencia
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
- Comunidad de Derechos Humanos
- Coordinadora de la Mujer
- Fundación CONSTRUIR
- Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
- Construyendo Redes para el Desarrollo
- Asociación de Personas Transgénero de La Paz
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos
- Fundación Tribuna Constitucional
El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.
Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.
Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional
El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.
Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.
Bolivia, 16 de junio de 2017.
Informe ante la CIDH devela que en Bolivia se oculta tras las rejas un sistema de exclusión
Adolescentes, jóvenes, indígenas y mujeres sufren con mayor rigor obstáculos en el acceso a la justicia y son víctimas de exclusión y discriminación en el sistema penitenciario del país, según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una coalición de instituciones de la sociedad civil.
El informe da cuenta de la situación de los derechos humanos y el acceso a la justicia de la población privada de libertad y asegura que las cárceles son la expresión de prácticas propias del derecho colonial signado por el formalismo, el expediente escriturado y la perspectiva de un sistema judicial ajeno a la población.
“Hay un uso irracional de la prisión preventiva y son las personas más vulnerables quienes tienen mayores obstáculos para esperar su juicio en libertad u obtener una justicia pronta”, aseguró Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir.
Dijo que en materia penal la mora procesal llega al 70%, los niveles de hacinamiento carcelario superan en 270% las capacidades instaladas, y la tasa de presos sin condena alcanza al 68%, constituyendo la segunda más alta de América Latina.
María Carmen Michel de la Pastoral Penitenciaria informó que un total de 61 recintos penitenciarios, 19 urbanos y 42 carceletas rurales, albergan a 15.500 personas en predios cuya capacidad alcanza para 5.400, “lo que implica una tasa de hacinamiento que va desde 140% en San Sebastián mujeres hasta 900% en Palmasola varones, y un promedio nacional de 290%”.
El informe destaca que el presupuesto destinado a justicia durante la gestión 2016 representó el 0,52% del presupuesto general del país, mientras que el Ministerio de Gobierno percibió más del 17% del presupuesto general, pero asignó sólo el 0,47% al sistema penitenciario que está bajo su dependencia, “lo que evidencia que invertir en justicia no es tema de prioridad para el Estado”.
Michel recordó que el Estado provee un prediario de Bs 8, por cada recluso, para alimentación y otros gastos, “pero en muchos casos el gobierno central que recibe los recursos de los gobierno departamentales no desembolsa oportunamente, dejando sin dinero por 3, 4 meses o más a los recintos carcelarios, y solo con el apoyo de voluntarias que recolectan víveres en los mercados. En recintos penitenciarios de Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Cobija se ha llegado al extremo de recolectar deshechos de la basura para alimentar a los presos”.
En ese contexto de vulneración de derechos humanos en el espacio judicial y penitenciario las mujeres constituyen el grupo más vulnerable frente a la justicia, porque al conjunto de brechas económicas, culturales, lingüística o de otra índole se suman los sesgos de género, propiciando escenarios de doble vulneración a sus derechos y en muchos casos revictimización, aseguró Jinky Irusta de la Oficina Jurídica de la Mujer.
Dijo que aunque los decretos de indulto carcelario y amnistía han permitido la reducción de más del 30% de la población femenina en cárceles, actualmente más de 1.150 mujeres guardan detención en recintos penitenciarios, la mayoría, por delitos del régimen de sustancias controladas (38,6%) y por delitos contra la propiedad (28%).
Explicó que la pobreza es uno de los factores que prolonga la permanencia de las mujeres en las cárceles y “es frecuente que no puedan beneficiarse de medidas cautelares porque no pueden demostrar trabajo estable pues un alto porcentaje subsistía del comercio informal, o acreditar domicilio porque vivían en situación de calle, ni siquiera demostrar lazos familiares porque son víctimas de violencia, el sistema impone fianzas económicas que no pueden cumplir”.
Aseguró que los costos de un proceso extendido dejan a las mujeres sin capacidad económica para obtener la cesación de detención, porque “cualquier abogado cobra entre 500 a 1.500 dólares por audiencia, un monto que muy pocas pueden cubrir”.
El informe concluye que el Estado boliviano “tiene un problema pendiente de urgente solución puesto que los diagnósticos que reflejan la situación de derechos humanos en contextos de encierro evidencian que la perdida de la libertad deriva en la vulneración de otros derechos”.
“El sistema carcelario es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento”, advirtió Susana Saavedra.
El Senado conforma Tribunal para juzgar a cuatro miembros de la Magistratura
Los cuatro miembros del Consejo de la Magistratura son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por vulnerar los derechos de una persona a la que le negaron ejercer el cargo de juez a pesar de haber sido elegido.
El pleno de la Cámara de Senadores se constituyó en Tribunal de Sentencia para el juicio de responsabilidades contra cuatro miembros del Consejo de la Magistratura acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El Senado dictó el auto de radicatoria del caso y determinó que el tribunal se conforme con los senadores titulares y suplentes, que estarán presididos por el oficialista Milton Barón.
Los magistrados Cristina Mamani, Gonzalo Triveño, Wilma Mamani y Freddy Sanabria son acusados por vulnerar los derechos de un ciudadano al que le negaron ejercer el cargo de juez a pesar de haber sido elegido.
En lo que resta de esta semana se procederá con la notificación a los acusados, quienes fueron suspendidos de sus cargos en una sesión legislativa de diciembre que dio paso al proceso.
Diputados suspende a 4 miembros de la Magistratura y da paso a juicio de responsabilidades
En un juicio de responsabilidades, de acuerdo a la ley 044, la Cámara de Diputados hace el papel de acusador o Fiscalía, y el Senado de Tribunal de Sentencia. Ahora el caso pasó al Senado, que deberá instalar el juicio de responsabilidades que podría liberar de culpa a los acusados o destituirlos del cargo enviando archivos a la justicia ordinaria.
Eloy Felipe Toledo Yana, es el denunciante y explicó en una anterior oportunidad que la consejera Mamani afirmó con insistencia que éste no fue posesionado en el cargo de juez porque había una denuncia en su contra, una premisa que quedó desvirtuada.
Carga procesal
La retardación de justicia en Bolivia no solo tiene el lamentable efecto de tener los centros de reclusión del país en condiciones de hacinamiento, sino también a los juzgados llenos de causas que, en las condiciones actuales, tardarán muchos años en resolverse. Tómese por ejemplo el caso de La Paz, donde hasta noviembre de 2016 había más de 270.000 juicios.
En efecto, de acuerdo con estimaciones del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en 2015 se contabilizó casi 300.000 juicios, lo que significó un incremento de casi 15.000 con relación a 2014 y 87.000 más que en 2013.
Para la Presidenta del TDJ paceño, estas cifras tienen como origen la falta de personal, recursos e infraestructura que padece el Órgano Judicial. Así, de acuerdo con la citada autoridad, la principal causa de la retardación de justicia en los tribunales paceños es la falta de equilibrio entre la cantidad de causas y trámites judiciales, y el número de administradores de justicia: los más de 270.000 procesos contabilizados debieron ser atendidos por apenas 240 jueces y 17 vocales.
Según los datos que aquí se citan, la mayor parte de los juicios en La Paz son de materia penal y atendidos por 90 jueces, lo que significa que cada magistrado debe resolver unos 1.125 procesos cada día; el resto de los juicios son de materia civil y familiar. Entre las causas para esta sobrecarga de trabajo para los jueces está, además de la acumulación de casos a lo largo de los años (derivada, entre otros aspectos, de las prácticas de jueces y litigantes, que incluyen diversos mecanismos de retardación comúnmente llamados “chicanas”), una marcada tendencia a la judicialización de los conflictos entre partes.
Coincide con esta idea el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien en una entrevista con La Razón reconoció que “existen malas prácticas forenses, eso es indudable y es un mal que aqueja al sistema de Justicia desde hace bastante tiempo”, agregando que “esa situación hace que la labor y el compromiso profesional y ético de la mayoría de los abogados se vea opacado e incluso absorbido por esas malas prácticas”.
Precisamente por ello, al inicio del año judicial el Presidente del Estado anunció nuevas leyes destinadas a sancionar a jueces y abogados que se dediquen a esas prácticas. Sin embargo, la máxima autoridad del Órgano Judicial opina que esas medidas “requieren de una mayor precisión para su aplicación”.
Finalmente, todas las autoridades judiciales coinciden en que la solución a la mora procesal pasa, además de nuevos y mejores códigos, por asignar más presupuesto al Órgano Judicial; el Presidente del TSJ pide al menos el 3% del Presupuesto General del Estado, tema que sin duda seguirá siendo el gran asunto pendiente en el debate público, lo cual permite suponer que la verdadera transformación de la Justicia boliviana está todavía lejana.
Consejo de la Magistratura reducirá 52 ítems
La reducción de 52 ítems en todo el país dependientes del Consejo de la Magistratura de manera inmediata y la puesta en marcha del Plan Sectorial de Justicia del Gobierno a mediano plazo, son las vías que podrían derivar en la creación de más juzgados.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, dijo que son las capitales de departamento donde se necesitan más jueces debido al crecimiento de la carga procesal a causa del mayor número de habitantes en comparación con el área rural.
Oficializó que el Consejo de la Magistratura se desprenderá de 52 ítems en el ámbito nacional para que con esos recursos se creen ítems para el área jurisdiccional, aunque por ahora no precisó cuántos. Sostuvo que se están trabajando los informes técnico-jurídicos.
Choque informó que espera que el Gobierno asigne más recursos para la creación de más ítems de jueces, una vez que entre en marcha el Plan Sectorial de Justicia, que se espera sea en el transcurso de este mes, según le informó la ministra de Justicia, Virginia Carrasco.
Multarán con hasta Bs 3.610 a los abogados que falten a audiencias
Mediante un proyecto de ley remitido a la Asamblea Legislativa, el presidente Evo Morales propone que la inasistencia injustificada de los abogados a un determinado acto procesal sea castigada con multa de hasta 3.610 bolivianos. Esa sanción será impuesta por la autoridad judicial que atienda la causa. Y, ante la inasistencia por dos veces consecutivas del representante, se establece que la autoridad designe de inmediato a un abogado de oficio.
La propuesta está en uno de los cuatro proyectos de ley que el Mandatario envió a la Asamblea para promover cambios en el sistema judicial del país, tras la Cumbre Nacional de Justicia, realizada el 10 y 11 de junio del año pasado en Sucre. El documento, en manos de la Cámara de Diputados, introduce un artículo a la Ley 025 del Órgano Judicial que dispone que “las autoridades judiciales, durante las actuaciones procesales podrán imponer sanciones a las y los abogados y a las partes para el correcto desarrollo del proceso” en casos determinados.
El anteproyecto especifica que la inasistencia injustificada a un acto procesal será sancionada con multas pecuniarias de hasta dos salarios mínimos nacionales, lo que equivale a 3.610 bolivianos tomando en cuenta que el salario mínimo vigente es de 1.805 bolivianos. “En caso de inasistencia injustificada por dos veces consecutivas de la abogada o abogado a algún actuado procesal, la autoridad judicial de forma inmediata designará abogada o abogado de oficio”, se lee en el texto.
Según la propuesta, la sanción también se aplicará a quienes agredan verbalmente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las partes o presentes en un acto procesal; que usen expresiones agraviantes o difamatorias en un escrito o actuado procesal; que realicen citas doctrinales o jurisprudenciales falsas; y que obstaculicen el desarrollo del proceso “de forma maliciosa”. El artículo adicional propuesto para la Ley 025 establece que se castigue con hasta ocho horas de arresto a los juristas y a las partes que agredan físicamente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las otras partes o personas presentes en el acto procesal; y que asistan a un actuado procesal en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias controladas.
SUSPENSIÓN Por otro lado, el proyecto plantea modificaciones a la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía, endureciendo las sanciones para los abogados en proporción a la gravedad de las infracciones tipificadas, incrementando las multas económicas y la suspensión en el ejercicio de la profesión “no solo con el fin punitivo, sino más bien con un propósito intimidatorio, que no permite la reincidencia de faltas a la ética profesional ni la deslealtad al patrocinado”.
En ese sentido, la propuesta fija para las faltas gravísimas una suspensión de dos a cinco años y multa de diez salarios mínimos (18.050 bolivianos). Introduce además la cesación temporal de funciones de seis a 10 años para la reincidencia de una infracción gravísima cometida dentro de los 365 días de cumplida la primera sanción.
Para las faltas graves, en el proyecto se mantiene la suspensión de uno a doce meses, pero se incrementa la sanción económica a un pago de siete a 12 salarios mínimos (hasta 21.660 bolivianos), cuando al momento el castigo es de dos a seis salarios mínimos (hasta 10.830 bolivianos).
Para las faltas leves, el proyecto dispone multas de dos a seis salarios mínimos, endureciendo la disposición vigente que establece una llamada de atención y la multa de un salario mínimo.
El 89 por ciento del presupuesto de justicia es para pagar sueldos
El 89 por ciento del presupuesto 2017 del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba esta destinado al pago de sueldos del personal.
De los 81 millones de bolivianos que se tienen previstos para está gestión, y que todavía deben ser aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al menos 72 millones serán invertidos en la planilla del personal, el restante es para el pago de servicios, alquileres de oficinas, compra de insumos como papel y tonner y adquisición de computadoras e impresoras.
El responsable de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial, Freddy Pinto, informó que un juez gana un promedio de 12 mil bolivianos al mes, mientras que un secretario unos 3.800 y un oficial de diligencias cerca de 2.000 bolivianos.
En total, el TDJ en Cochabamba tiene 900 funcionarios, de los cuales, 173 son jueces, 527 son secretarios, oficiales de diligencia y asistentes, pero también está el personal del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y de la DAF.
En 2016, el TDJ contaba con un presupuesto de 89 millones de bolivianos, que de manera similar fueron distribuidos aproximadamente en un 90 por ciento al pago de sueldos, dijo.
Según Pinto, los números demuestran que el Tribunal no cuenta con más recursos para contratar personal y que este año ya se tuvo que hacer una reducción en la adquisición de algunos activos reales como computadoras para evitar que haya un desfase.
El presidente del TDJ de Cochabamba, Rudy Siles, solicitó el pasado viernes que los recursos sean incrementados para aumentar el personal que es, según la autoridad el principal problema que se tiene para eliminar la mora procesal. Esta gestión Cochabamba inició con 71.375 casos pendientes del 2016.
Un juez en Cochabamba resuelve hasta dos casos por día.
ALQUILAN OFICINAS Ante las denuncias de la compra de inmuebles por parte de los tribunales departamentales que hizo la ministra de Justicia, Virginia Velasco, el representante de la DPA indicó que en Cochabamba no se adquirió ningún inmueble desde el 2014 y que de manera contraria hace falta presupuesto para este fin.
“En la ciudad Cochabamba deben ser unas 15 oficinas que estamos alquilando para algunos juzgados. No tenemos infraestructura”, dijo.
Aseguró que se ha pedido a la Alcaldía de Cochabamba la colaboración para un comodato o un terreno para que se puedan construir nuevas oficinas.
Lo mismo sucede en provincias donde tampoco hay edificios propios y muchos funcionan bajo la modalidad de comodato.
Un ejemplo es lo que sucede con las oficinas de los juzgados de Quillacollo que ya quedaron pequeñas y pese a que la Alcaldía ya les ofreció un terreno en comodato no hay recursos para iniciar una construcción.