Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.
En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.
El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.
En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.
En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.
La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:
- Asociación Un Nuevo Camino
- Alianza Libres Sin Violencia
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
- Comunidad de Derechos Humanos
- Coordinadora de la Mujer
- Fundación CONSTRUIR
- Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
- Construyendo Redes para el Desarrollo
- Asociación de Personas Transgénero de La Paz
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos
- Fundación Tribuna Constitucional
El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.
Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.
Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional
El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.
Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.
Bolivia, 16 de junio de 2017.
Bolivia es el cuarto país con más detenidos preventivos en América Latina y el Caribe
Bolivia es el cuarto país de la región con más detenidos preventivos de América Latina y el Caribe, situación que ha provocado problemas de hacinamiento en las cárceles, según datos del Instituto para la Investigación de Política Criminal de la universidad de Londres.
La información está consignada en el reporte titulado “El dilema de las prisiones: incubadoras del crimen organizado en Latinoamérica”, publicado el 19 de enero por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insight Crime), una fundación que estudia esa temática..
Bolivia cuenta, según el reporte, con el 69% de recluidos preventivos y por encima están Paraguay con 77,9%; Haití, 70,9%; y Uruguay con 69,4%.
El estudio además desvela que la tasa de ocupación carcelaria es del 400% y la población carcelaria por cada 100.000 habitantes es de 130.
El Gobierno aprobó el indulto para mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 que hubieran cumplido la cuarta parte de sus condenas.
Los mayores de 75 también serán beneficiados sin necesidad de que hayan cumplido sus penas. No llegará el beneficio a aquellos que hayan cometido delitos graves o gravísimos como asesinatos, violaciones, parricidio, infanticidio, feminicidio y secuestros, entre otros.
Un estudio similar sobre cárceles fue publicado por Insight Crime en noviembre de 2016. Cita un informe de la Red Andina de Información (AIN) que da cuenta que los niveles de hacinamiento de los centros penitenciarios de Bolivia es “crítico”.
“Con su sistema de prisiones en más de un 250% de la capacidad total, Bolivia tiene la quinta peor situación de hacinamiento en América Latina después de Haití, El Salvador, Guatemala y Venezuela”, reseña la nota.
La población carcelaria boliviana casi se ha duplicado desde 2008, llegando a 14.169 recluidos en 2016, según cifras citadas por AIN. Un 20% de ese total corresponde a delitos de narcotráfico.
El reporte específica que los fiscales cruceños solicitan la detención preventiva en hasta el 96% de los casos y la mayoría de ellos tarda en resolverse entre dos y tres años.
El Gobierno de Bolivia impulsa, a la fecha, una reforma del Sistema Judicial que alcanza a priorizar la conciliación y otros mecanismos alternativos a la detención preventiva como el uso de las manillas electrónicas, el arraigo y el decomiso de los documentos de viaje al exterior
Legislativo perfila para junio inicio de la preselección de candidatos judiciales
La Asamblea Legislativa Plurinacional perfila iniciar en junio el proceso de preselección de candidatos para las elecciones del Órgano Judicial, que están previstas para octubre, informó el presidente de la Cámara de Senadores, Alberto Gonzales.
“Tendríamos que estar arrancado a más tardar en mayo o en junio, con la etapa de preselección, lo que significa que obviamente antes de esas fechas ya tenemos que tener resuelto el tema de los criterios (de selección), el manual de procedimiento”, explicó.
El vicepresidente Álvaro García anunció “cambios sustanciales” en el procedimiento y mecanismos de preselección. “Se va a mantener la ruta constitucional solamente que va a haber un cambio sustancial en los criterios de selección de los precandidatos que luego serán sometidos al voto popular”, desveló el miércoles.
Gonzáles informó que con la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, elabora un cronograma de trabajo hacia la renovación de las máximas autoridades judiciales, que fueron cuestionadas por las denuncias de corrupción y retardación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió al Gobierno Bs 155.564.191 para la organización y realización de las elecciones de autoridades judiciales por voto ciudadano, previsto para octubre.
Como parte del proceso de transformación de la justicia que impulsa el Gobierno, el presidente Evo Morales pidió a los legisladores elegir a los hombres y mujeres con “compromiso” y “experiencia” para terciar en las próximas justas.
Será la segunda elección de este tipo. Las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional fueron electas en las urnas por vez primera el 16 de octubre de 2011 tras un proceso de preselección cuestionado por aspectos como minimización de los criterios de meritocracia.
Jueces ven positivo cambio de discurso sobre presupuesto
El presidente de la Asociación de Magistrados de La Paz, Orlando Rojas, calificó de positiva la intención de mejorar el presupuesto que el Gobierno asigna al Órgano Judicial. El anuncio hizo el nuevo ministro de Justicia y Transparencia, a quien, en los próximos días, se le solicitará audiencia dirigida a hacerle conocer algunos requerimientos.
INCREMENTO DE PRESUPUESTO
En una de sus primeras declaraciones como titular del recién modificado Ministerio de Justicia y Transparencia, Héctor Arce anunció que iniciará gestiones ante el Ministerio de Economía para lograr un incremento en el presupuesto que se le asigna al Órgano Judicial, teniendo en cuenta la importante labor que debe cumplir este sector.
El martes, durante la entrega de despacho por parte de Virginia Velasco, su antecesora, Arce lanzó un llamado especial al Ministerio de Economía, haciendo referencia a la necesidad de un mayor presupuesto para este sector, con el fin de cumplir la tareas encomendadas por la Cumbre de Justicia, que apuntan a una profunda reforma en este Órgano del Estado.
“Desde aquí, quiero asumir este reto, convocar a todas las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia (…), a los otros ministerios, particularmente al Ministerio de Hacienda (Economía), porque todos sabemos que se requiere mayor inversión en el área de justicia; quiero convocarles a que nos ayuden en esta gran tarea pendiente”, expresó Arce durante su discurso.
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
En ese sentido, Rojas afirmó que considera positiva la postura asumida por la nueva autoridad, haciendo referencia a que también se hace un llamamiento a los jueces para ser parte del proceso de trasformación, anunciado por el presidente Evo Morales.
“Me parece que las opiniones vertidas por el señor ministro son acertadas; está pidiendo que nosotros seamos partícipes del proyecto de cambio que se proyecta en la justicia, desde el Gobierno”, declaró Rojas a EL DIARIO.
Sobre el condicionamiento que existe acerca de la presentación de resultados, exigidos por el Poder Ejecutivo, antes de hablar de un incremento en su presupuesto, Rojas cuestionó que en el caso de los jueces se generalice como malos o corruptos a todos los funcionarios judiciales. Sostuvo que, en la mayoría de los casos, ellos cumplen su labor muy por encima de los horarios de trabajo, por lo que considera que debe establecerse un estándar mínimo de trabajo.
“No todos los funcionarios son iguales (…) como dice el ministro, tenemos que establecer un estándar mínimo de trabajo, para determinar quiénes cumplen con sus funciones y quiénes no, y aquellos que no cumplen con ellas sean apartados del Órgano Judicial”, señaló Rojas.
ASAMBLEA LEGISLATIVA
En este sentido, el representante de los magistrados paceños puso, como ejemplo, el hecho de que en el ámbito de la Asamblea Legislativa se lleva adelante el juicio de responsabilidades contra el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, pese a que en este caso se tiene ya varias suspensiones.
Por todo esto, adelantó que en los próximos días se solicitará de manera formal una reunión para coordinar el trabajo y hacer conocer los requerimientos que tiene el sector.
La Cumbre de Justicia, llevada a efecto en junio de 2016, en la ciudad de Sucre, planteó varias directrices para mejorar el trabajo del Órgano Judicial. Una primera medida fue la presentación de tres anteproyectos para empezar la reforma.
TSJ: Delimitar funciones evitaría pugnas internas
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) insiste en una reforma estructural partiendo de una delimitación de competencias en las instituciones del Órgano Judicial lo que en su criterio genera una constante pugna sobre todo con el Consejo de la Magistratura con el que definitivamente no lograron una coordinación en la implementación de muchos cambios que se estancaron.
El titular del TSJ, Pastor Mamani, sugiere que a partir de la comisión de seguimiento de las conclusiones de la Cumbre Judicial, creada por ley 388, se incluya en el debate este tema que ha dificultado la coordinación y por ende el proceso de reformas en la justicia.
Mamani recordó que en el anterior sistema, el Poder Judicial tenía una sola cabeza pero después se crearon el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, además del Tribunal Constitucional, lo cual generó un conflicto de competencias de quien tiene más poder y en lugar de hacer un trabajo conjunto se advirtió más diferencias.
Mamani no habló de la desaparición de instituciones, sino de una definición de competencias y este sería uno de los roles históricos de la comisión integrada por los presidentes de las cámaras de senadores, diputados, del TSJ y del Consejo, Fiscal General, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Procuraduría del Estado y el sistema de la Universidad boliviana.
“Lo importante es que las competencias estén definidas claramente porque en este momento están entremezcladas, hay competencias del TSJ que también los tiene el Consejo”, señaló Mamani.
Cuestionó que el Consejo hace de juez y parte en la designación, cualificación, evaluación, procesamiento, sanción y también resuelve la apelación. Con el anterior sistema había un equilibrio porque la designación estaba en manos de los tribunales departamentales de justicia.
En el Consejo de la Magistratura, su presidente, Wilber Choque, dijo que las competencias están delimitadas en la ley y se está haciendo cumplir y precisamente por eso se dejó sin efecto la comisión de designación de jueces y vocales en la que participaban los magistrados del TSJ.
Cambiarán la forma de elegir a los candidatos a magistrados
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará cambios en los criterios de preselección de postulantes a cargos dentro del Órgano Judicial. En octubre saldrá la convocatoria para el nuevo proceso electoral.
"Serán criterios de capacidad de las personas, de su profesionalidad, de su idoneidad, de su reconocimiento de la sociedad como personas de ley, personas transparentes. Vamos a modificar los criterios de selección", adelantó el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.
Explicó que pese a que algunas voces hablan de delegar a un grupo de "notables" para que se encargue del proceso previo a la votación, el Gobierno descarta esa posibilidad y reivindica las facultades de los senadores y disputados.
"La preselección se hace en la Asamblea, hay propuestas que eso se le arrebate a la Asamblea y quede en manos de notables. No va a ser así, pueden venir sugerencias o recomendaciones, pero nadie la va a quitar a la Asamblea la potestad de hacer la selección", enfatizó.
Admitió que se tiene que hacer un mejor trabajo, para no cometer los mismos errores que en 2011, cuando avales de organizaciones sociales, dirigentes o otras instancias determinaron elegir a los actuales magistrados.
Anunció además que "la gran reforma de la justicia comienza este año con la aprobación del nuevo Código de procedimiento penal", proyecto que se encuentra en la Asamblea Legislativa y que espera ser debatido en las próximas semanas.
Morales traza cinco tareas para la Asamblea Legislativa
