Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia

El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.

En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.

El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.

En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.

En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.

La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:

  • Asociación Un Nuevo Camino
  • Alianza Libres Sin Violencia
  • Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
  • Comunidad de Derechos Humanos
  • Coordinadora de la Mujer
  • Fundación CONSTRUIR
  • Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
  • Construyendo Redes para el Desarrollo
  • Asociación de Personas Transgénero de La Paz
  • Asamblea Permanente de Derechos Humanos
  • Fundación Tribuna Constitucional

El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.

Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.

Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional

El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.

Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.

Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.

Bolivia, 16 de junio de 2017.

 

 



“Con esto cada juez tiene en promedio una carga de 1.125 causas, humanamente imposible de atender ni siquiera trabajando las 24 horas de los 365 días al año”, sostuvo la presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río Quisbert.

Hasta noviembre de 2016 se contabilizaron 270.000 juicios en La Paz, lo que según el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) significa que cada juez debe atender al menos 1.125 casos por día. Esta carga procesal es identificada como uno de los factores de la retardación en los estrados judiciales.

La presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río Quisbert, dijo a La Razón que la cifra es una muestra de la mora procesal que existen en los juzgados paceños, hecho que cada año -afirmó- va en crecimiento por la falta de personal, recursos e infraestructura.

Hasta el 15 de noviembre sobrepasaron las 270.000 procesos, que deben ser atendidos por 240 jueces y 17 vocales. Los datos restantes de parte de noviembre y diciembre se los dará a conocer hasta fin de este mes.

 

Con esto cada juez tiene en promedio una carga de 1.125 causas, humanamente imposible de atender ni siquiera trabajando las 24 horas de los 365 días al año”, sostuvo. Más datos sobre esta temática los encuentra en la edición impresa de este medio.

La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maritza Suntura, dio un mensaje a los operadores de justicia: “si alguien no está de acuerdo con el sueldo, tiene las puertas grandes, pueden renunciar y dedicarse a otro tipo de actividades”.

Suntura hizo este llamado durante el acto de inauguración del año judicial en la ciudad de La Paz.

En la oportunidad, la magistrada pidió reflexionar a los “pocos” operadores de justicia que hacen quedar mal a este Órgano del Estado, incurriendo en actos de corrupción para acumular bienes materiales.

“Les pido que vayamos a nuestros casa todos los días con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, manifestó.

“Nadie puede hablar a nombre de un magistrado, especialmente de mí, y si es así denuncien, háganme conocer, porque no me va temblar la mano para meterlo ‘adentro’”, acotó.

Instó a los funcionarios judiciales que sí les gusta esa profesión deben amanecerse cumpliendo su labor, e incluso trabajar sábado y domingo para cumplir con la sociedad.

5 EJES

La Magistrada planteó cinco ejes temáticos para una reforma a la justicia.

El primero consiste en que se debe desarrollar una normativa adecuada a nuestra realidad, que no sea ambigua.

En segundo lugar, propuso destinar mayor presupuesto al Órgano Judicial para facilitar la aplicación de nuevas leyes y contratar a más operadores de justicia, aclarando que la intención no es subir los sueldos de los jueces.

El tercer punto consiste en formar a los bolivianos desde el hogar con principios ético-morales, para que no sean corruptibles en el futuro.

Como cuarto punto, planteó tomar en cuenta los méritos, la vocación de servicio y el desempeño ético para la elección de autoridades judiciales, y por último la Magistrada pidió hacer capacitaciones y evaluaciones periódicas a los operadores de justicia.

Los magistrados aseguran que en el país existe un juez para cada 10.000 habitantes. El año pasado la carga procesal fue de 677.500 casos y solo fueron atendidos 324.500, es decir el 47%

Los jueces anticorrupción atienden casos de violencia familiar y los jueces penales están a cargo de casos laborales. Así están trabajando los administradores de justicia en el país y, para empeorar el panorama, aumenta la mora procesal y no hay recursos económicos para crear más juzgados o para la capacitación de  más jueces. Ese es el diagnóstico de los magistrados que fueron consultados por EL DEBER a propósito de la reforma judicial anunciada por el Gobierno.

El Ministerio Público no está exento de problemas. La Paz y Santa Cruz son los mayores distritos judiciales del país y no cuentan con el número ideal de fiscales y procuran salvar las deficiencias con la creación de las fiscalías corporativas que estarán a cargo de varios casos, pero los litigantes afirman que es más complicado porque ahora deben esperar que tres o más fiscales se pongan de acuerdo para atender sus casos.

Con ese panorama, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, dijo ayer que los cambios planteados al Órgano Legislativo agilizarán las causas porque los jueces y fiscales no podrán demorar un caso porque serán sancionados. 

Según un informe del Ministerio Público, en los últimos 18 meses fueron destituidos 87 fiscales involucrados en hechos de corrupción o por retardación de justicia. 

El proyecto de ley presentado por el presidente Morales señala que los fiscales que no se presenten serán reemplazados y, en otros casos serán llevados al juzgado por la fuerza pública.
 Los abogados que no acudan a los juzgados recibirán multas, que pueden alcanzar el pago de 10 salarios mínimo nacional, y en caso de reincidencia pierden la licencia de ejercicio profesional por hasta 10 años. Además, el Estado concederá un defensor público al cliente que se quede sin asistencia del profesional que ‘abandone la causa’.

El dinero
Pero cuando se habla de asignar recursos económicos al Órgano Judicial, las autoridades optan por cambiar el tema y hablan de un “largo debate” sobre la redistribución que claman los jueces.
 Según el Presupuesto General del Estado 2017, el TGN destinará al Órgano Judicial la suma de Bs 825.336.000, monto considerado insuficiente por los jueces. Aseguran que con ese dinero se tendrá que poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, que requerirá más juzgados.

La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert, dijo que en la inauguración del año judicial se conoció que la carga procesal llegó a más de 677.500 causas en todo el país, de las cuales fueron resueltas poco más de 324.500, es decir, un 47% del total.

“Esas cifras nos llevan a concluir que con la cantidad de jueces que tenemos, solo podemos resolver, en promedio, cerca del 50% de las causas y/o trámites judiciales”, dijo la autoridad. A la falta de jueces y de recursos limitados, se suma la deficiente infraestructura, la carencia de recursos humanos debidamente capacitados, materiales y tecnología.

Asimismo, dijo que, tomando en cuenta el último censo de población, existe un juez por cada 10.000 habitantes, lo que demuestra la desproporción existente en el Órgano Judicial. “En La Paz sobrepasaron las 290.000 causas en la gestión 2015 que debieron ser atendidas por apenas 230 jueces y 17 vocales. Es decir que cada juez tiene, en promedio, una carga de 1.200 causas y es humanamente imposible atenderlas, ni siquiera trabajando las 24 horas de los 365 días del año”, graficó.

Los jueces consideran que el mínimo que puede asignar el Tesoro General de la Nación (TGN) a este Órgano, es del 3% del total del presupuesto, que para la gestión 2017 alcanza a Bs 210.346.912.461, lo que significa que los jueces buscan una asignación de Bs 6.310.407.373.
Para este año, el TGN asignó al Poder Judicial la suma de Bs 825.336.000, lo que significa que piden un incremento del 764,5% al actual presupuesto,  monto considerado “una exageración” por los  legisladores.

La exmagistrada Rosario Chánez afirmó que después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y otras leyes, el Órgano Judicial perdió sus ingresos  propios y relegó varias salidas económicas.

Su colega, la también ex magistrada Silvia Salame, afirmó que en este momento es impensable un retorno de los ingresos propios perdidos, por tanto debe ser el Estado el que asigne el dinero.
El jefe de bancada del MAS en el Legislativo, Franklin Flores, afirmó que llegado el momento habrá que debatir el dinero que recibe el Órgano Judicial, pero, en su criterio, las autoridades judiciales deberían equilibrar la cantidad de causas que atiende cada juez, porque algunos tienen asignados decena de casos y otros están a cargo de un centenar de procesos, lo que no es equitativo 

En su reciente informe de gestión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha dado cuenta que en materia penal en el departamento de Santa Cruz, de 89.808 causas existente en la gestión 2016, solo se resolvieron 30.393, quedando pendientes 59.415 causas para esta nueva gestión. Lo cual equivale a solo el 34% de causas judiciales viabilizadas en dicha materia. 

"Ante el crecimiento cada vez más del conflicto y la litigiosidad; el resultado, sin duda, es la existencia de una alta carga procesal totalmente desproporcionada en relación a la cantidad de jueces", argumentó Pastor Mamani, presidente del TSJ.

En tanto, David Rosales, presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), admitió que la administración de justicia sigue con la alta carga procesal por tres aspectos: un escaso presupuesto, la falta de jueces y una mejor infraestructura. 

"Evidentemente, todos los años se registra un incremento de 15% de casos en materia penal.  La carga procesal es totalmente desproporcional con la cantidad de jueces y funcionarios que hay",  señaló Rosales. 

Situación insalvable. El TSJ, en su informe, señala que la mora procesal sigue siendo un problema difícil de superar en un plazo inmediato. "El 2 de enero de 2012, se recibió más de 8.600 causas pendientes por resolver desde la gestión 2006 que dejó la extinta Corte Suprema de Justicia, a las que se sumaron las causas que ingresaron en posteriores gestiones", enfatiza el informe. 

A ello se sumó, prosigue el informe, que a partir del segundo semestre del 2016 se sufrió un recorte presupuestario como efecto de la aplicación del principio de gratuidad y de la Ley del Notariado, que ocasionó la disminución del personal calificado.

"La construcción de la nueva justicia, no fue asumida en su verdadera dimensión por el ex Consejo de la Judicatura, ni por el actual Consejo de la Magistratura, porque lejos de cumplir el mandato constitucional, se centraron en burocratizar su estructura administrativa", denunció Mamani.

En respuesta a ello, Wilber Choque, presidente del Consejo de la Magistratura, señaló que dicha instancia solo cumple una labor de control, cuando la potestad la tiene el TSJ, quienes además manejan la dirección administrativa financiera. "Nosotros solo hacemos el control a los operadores de justicia. Ellos manejan la administración financiera y son ellos quienes incrementan los presupuestos y la burocracia. En todo caso tenemos que ir avanzando en la construcción de la nueva justicia. Es tarea de todos", señaló.

A nivel de los departamentos. En la gestión 2016, recapitula el informe, que en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) conformados tanto por sus Salas Especializadas, Juzgados y Tribunales de Capitales y de Provincia de todas las materias; la carga procesal alcanzó un total de 677.617 causas, de las cuales fueron resueltas 324.585.

En referencia a la asignación presupuestaria al Órgano Judicial en relación al Presupuesto General del Estado, en las últimas cuatro gestiones contempló un promedio inferior al 0,50%. "No alcanzó ni al 1% del total del Presupuesto General del Estado, lo que incide en que actualmente solo se cuente con 1.000 jueces para una población de más de 10 millones de habitantes; situación que debe modificarse, para avanzar en la nueva justicia que todos queremos", sintetiza el informe presentado por Mamani.

Datos
Amerita crear más ítems pero también asignar más recursos

 

Infraestructura. La falta de infraestructura es notoria en el caso de Santa Cruz, donde se sumaron las audiencias orales pero no se dispuso de ambientes adecuados para su desarrollo.

Promedios.  La asignación presupuestaria tuvo la siguiente correlación en los últimos años: para el 2013 el 0,59%; para el 2014 el 0,52%; para el 2015 el 0,55% y para la gestión 2016 el 0,56%.

Predios. Desde la gestión 2012 a la fecha se desarrollan más de 25 obras de inversión pública, cinco de las cuales se ejecutaron el 2016.

 
Entre el 10 y 11 de enero, la Cámara de Senadores conformará el Tribunal de Sentencia para que se lleve adelante el proceso contra cuatro miembros del Consejo de la Magistratura: Cristina Mamani Aguilar, Roger Gonzalo Triveño Herbas, Wilma Mamani Cruz y Freddy Sanabria Taboada. Ellos están  acusados de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
 
"Tenemos previsto considerar el tema el primer día, que será el próximo lunes 9 (de este mes).
 
Entonces, el 10 y el 11 estaremos constituyendo el tribunal para que lleve adelante el procesamiento contra estas cuatro personas suspendidas del Consejo de la Magistratura”, informó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.
 
La madrugada del 21 de diciembre de 2016, el pleno de la Cámara de Diputados suspendió temporalmente de sus funciones a los consejeros de la Magistratura. La acusación fue aprobada por 71 votos y remitida al Senado, donde se llevará adelante el juicio disciplinario, según la Ley 044 de juicio de responsabilidades a altas autoridades del Estado.
 
El proceso contra los magistrados surge a denuncia del abogado Eloy Felipe Toledo, quien, pese a ser elegido en febrero 2012 por el Consejo de la Magistratura como juez de Instrucción de Ixiamas, no fue posesionado en el cargo. 
 
Luego de la conformación del tribunal, se notificará a los cuatro consejeros e iniciará el proceso. En esta fase los acusados podrán presentar sus testigos, alguna recusación o incidente.
 
"En caso de que se los halle responsables, se prevé una sanción de tipo administrativo, se ratificará la suspensión o destitución. (Luego) ellos presentarían una apelación y eso se resuelve en la Asamblea”, indicó el presidente de la Cámara de Senadores, Gringo Gonzales.

Los consejeros de la Magistratura de Bolivia: Roxana Orellana, Magdalena Alanoca, Orlando Ríos, Oswaldo Patiño asumieron el cargo ayer en suplencia mientras se decida la suerte de igual número de consejeros titulares que fueron suspendidos por la Cámara de Diputados para ser sometidos a un juicio de responsabilidades.

La información corresponde al presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, quien aseguró que las nuevas autoridades cumplieron con la presentación de toda la documentación y que desde ayer, martes, asumieron sus funciones de consejeros en suplencia, pero con todas las prerrogativas de un titular.

Choque dijo que el siguiente paso será convocar a la primera Sala Plena para este viernes y coordinar las acciones que deberán desarrollar a futuro.

El 21 de diciembre la Cámara de Diputados decidió suspender de sus cargos a los consejeros Cristina Mamani, Wilma Mamani, Roger Triveño y Freddy Sanabria por un supuesto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El Presidente del Consejo de la Magistratura planteó la reducción de la planta administrativa para la creación de al menos 50 ítems para jueces que hacen falta en todo el país. 

Sam Mills Jersey