Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia

El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.

En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.

El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.

En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.

En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.

La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:

  • Asociación Un Nuevo Camino
  • Alianza Libres Sin Violencia
  • Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
  • Comunidad de Derechos Humanos
  • Coordinadora de la Mujer
  • Fundación CONSTRUIR
  • Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
  • Construyendo Redes para el Desarrollo
  • Asociación de Personas Transgénero de La Paz
  • Asamblea Permanente de Derechos Humanos
  • Fundación Tribuna Constitucional

El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.

Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.

Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional

El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.

Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.

Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.

Bolivia, 16 de junio de 2017.

 

 



La Asamblea Legislativa incorporó oficialmente en su agenda de trabajo al proyecto de Código del Sistema Penal que prioriza la oralidad  de los procesos como un tema central y pone “cortapisas definitivas a la chicana jurídica” que obstaculiza la celeridad en la administración de justicia.

El proyecto de ley de 674 artículos fue tomado por la Asamblea para iniciar el trámite legislativo. El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, estimó que la norma estaría sancionada hasta el mes abril.

Destacó que el proyecto fuera redactado enteramente por abogados bolivianos, a diferencia de otros códigos que se trabajaron en el pasado. La autoridad dijo que se pretende acabar con los grandes problemas que tiene la justicia boliviana.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño,  explicó que la propuesta incluye a la oralidad como un tema central y pone varios  frenos a la chicana jurídica que se da todos los días en los juzgados de nuestro país, que genera una gran retardación de justicia.

Montaño sostuvo que la Asamblea Legislativa tendrá la apertura necesaria para generar audiencia con los sectores interesados en dar sus sugerencias.

El taller “Cobertura a Noticias Judiciales Vs. Detención Preventiva: Ruta Crítica para la Comunicación de la Justicia” determinó ayer elaborar un protocolo de acceso a la información y diseñar parámetros de respeto jurídico en la difusión de noticias.

En el evento, que se realizó en el piso 6 del hotel Cesar´s Plaza, participaron representantes de la fundación Construir, Paz y Esperanza, la Oficina Jurídica de la Mujer, la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Central y del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

La directora de la fundación Construir, Susana Saavedra, abordó la cobertura de noticias judiciales Vs. la detención preventiva, un tema que fue debatido entre los participantes y los periodistas.

El presidente del Tribunal de Justicia en Cochabamba, Rudy Siles, destacó la participación de los periodistas en el evento y explicó que se abrirán “puertas” para mejorar el acceso a la información y el trabajo de los medios de comunicación en el departamento.

Siles recordó a los medios de comunicación que se debe reforzar el respeto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia, cuyos principios están consagrados en la Constitución Política del Estado.

Quiroga también insistió sobre la importancia de respetar la presunción de la inocencia en las publicaciones de los medios de comunicación, cuyo derecho se ha visto vulnerado en varias ocasiones.

Asimismo, un periodista pidió al Tribunal de Justicia mejorar el acceso a la información y crear un diccionario jurídico para mejorar los conceptos relacionados con las publicaciones.

Los presidentes de las cámaras Alta y Baja del legislativo se reúnen con el mandatario Evo Morales para arreglar los últimos detalles para que el Código del Sistema Penal ingrese a su tratamiento en la Asamblea Legislativa para su debate.

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó ayer que junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se reunirán hoy con el presidente Evo Morales para afinar detalles.

“En el caso concreto del Sistema Penal mañana (hoy) tenemos otra reunión con el Presidente para ultimar algunos detallitos que nos estaban faltando y con eso ya de una vez pueda ingresar el Código al ámbito de la Asamblea”, informó.

Gonzales dijo, tras una reunión con el Jefe de Estado en Palacio de Gobierno junto a los presidentes de la Asamblea Legislativa y jefes de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), que también se realizó una evaluación del trabajo de la anterior legislatura y se elaboró un cronograma con fechas tentativas para avanzar en el trabajo legislativo.

Entre esos temas, explicó que están proyectos de interés, como los códigos penal y civil, y otros que el Primer Mandatario reclamó en la reunión de gabinete ampliado de la víspera.

El titular de la Cámara Alta dijo que el nuevo Código del Sistema Penal dejará sin efecto al actual Código que, a su juicio, es un “Código antiguo”.

“El Código tiene la particularidad que va juntar tanto la parte de procedimiento como la parte del Código, entonces es un solo cuerpo, son más de 700 artículos y bueno es un trabajo que hemos venido haciendo hace dos años y que si no lo hemos presentado y sancionado en la Asamblea es porque justamente han quedado pendientes algunos detalles”, remarcó.

Afirmó que tras ese trabajo, se estima que el nuevo Código sea sancionado entre marzo y abril próximo.

El Código es una de las propuestas de la Cumbre Nacional de Justicia, que se realizó en junio del año pasado en la ciudad de Sucre.

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó el jueves que junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se reunirán mañana, viernes, con el presidente Evo Morales para afinar detalles para que el Código del Sistema Penal ingrese a la Asamblea Legislativa para su debate.

    "En el caso concreto del Sistema Penal mañana (viernes) tenemos otra reunión con el Presidente para ultimar algunos detallitos que nos estaban faltando y con eso ya de una vez pueda ingresar el Código al ámbito de la Asamblea", informó.

    Gonzales dijo, tras una reunión con el Jefe de Estado en Palacio de Gobierno junto a los presidentes de la Asamblea Legislativa y jefes de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que también se realizó una evaluación del trabajo de la anterior legislatura y se elaboró un cronograma con fechas tentativas para avanzar en el trabajo legislativo.

    Entre esos temas, explicó que están proyectos de interés, como los códigos penal y civil, y otros que el Primer Mandatario reclamó en la reunión de gabinete ampliado de la víspera.

    El titular de la Cámara Alta dijo que el nuevo Código del Sistema Penal dejará sin efecto al actual Código que, a su juicio, es un "código antiguo".

    "El Código tiene la particularidad que va juntar tanto la parte de procedimiento como la parte del Código, entonces es un solo cuerpo, son más de 700 artículos y bueno es un trabajo que hemos venido haciendo hace dos años y que si no lo hemos presentado y sancionado en la Asamblea es porque justamente han quedado pendientes algunos detalles", remarcó.

    Afirmó que tras ese trabajo, se estima que el nuevo Código será sancionado entre marzo y abril próximo.

    El Código es una de las propuestas de la Cumbre Nacional de Justicia, que se realizó en junio del año pasado en la ciudad de Sucre.
cta/rsl                            ABI

Reconocidos por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales pero relegados por el Estado, así se sienten las autoridades de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) que ayer realizaron su primer cabildo del año con la intención de fortalecer la igualdad de jerarquía y la coordinación con el resto de los tribunales judiciales del país.

A la cabeza de los tatas miembros de la JIOC elegidos el año pasado en Sucre, los delegados de las naciones indígenas originarias del país se reúnen para evaluar los avances en la consolidación de esta jurisdicción que exige un presupuesto e igualdad de jerarquía en el Estado Plurinacional.

El tata Carlos Juan Callahuara, uno de los nueves miembros del Tribunal de Justicia Indígena, admitió que se sienten debilitados pero este cabildo tiene la finalidad de fortalecer a la justicia indígena y si es posible elegir nuevos miembros del Tribunal.

“Duele que teniendo el respaldo de la Constitución y los tratados internacionales no recibimos ninguna colaboración del Estado, eso duele, pero no perdemos la esperanza que con humildad conseguiremos lo que nos corresponde por derecho”, aseguró Callahuara.

Por su parte el ex curaca de la nación yampara Humberto Guarayo resaltó algunos avances en este proceso de consolidación de la JIOC, como la reconstitución de los consejos en las comunidades y algunos fallos constitucionales sobre la personalidad jurídica de los indígenas y la declinación de competencias a esta jurisdicción en el marco de la igualdad de jerarquía y pluralismo jurídico.

Guarayo recordó que en la Cumbre Judicial fueron relegados y no son parte de las soluciones de la crisis de la jurisdicción ordinaria, en su criterio debían convocar a todo el sistema judicial para analizar la realidad y cómo resolver las dificultades en el servicio de justicia.

En el debate, también hubo una autocrítica hacia los miembros de la JIOC que no asumen sus competencias y recordaron que en coordinación con el IDIF se nombraron peritos especializados en derechos humanos e indígenas pero que tampoco son requeridos por las autoridades indígenas.

 

El presidente del Senado Nacional, José Alberto Gonzales, a tiempo de referirse al proceso de preselección de los postulantes a candidatos para cargos del Órgano Judicial, dijo que la próxima semana se iniciará la elaboración del “reglamento de preselección” bajo la tutela de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural.

También se integrará las conclusiones de la Cumbre de Justicia sobre el tema de los magistrados, como la consideración de la meritocracia y evitar que accedan a estos cargos personas que tengan antecedentes de violencia familiar, entre otros.

“Son elementos fundamentales al momento de elegir quiénes van a conducir los destinos de la justicia, son elementos ineludibles. Estamos claros que todo tipo de compadrazgo, amistades, familia, negocio de empresas o grupos corporativos, a esa gente no hay que abrirle la puerta, hay que cerrarles porque la justicia no puede tener de ninguna manera a gente que la dirija con esas características, con esas condiciones, la justicia no es para hacerse rico, hacerse plata ni para hacer tráfico de influencias”, argumentó.

Explicó que el proceso de construcción del “reglamento de preselección” deberá estar concluido como máximo hasta fines de marzo, toda vez que se tiene previsto realizar la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional para octubre próximo.

“Considerando que las nuevas autoridades debieran asumir los primeros días de enero de 2018, nosotros tendríamos que estar haciendo las elecciones en octubre”, dijo Gonzales.

Para el presidente del Senado, considerando los plazos que hay para todo aquello, tendrían que estar lanzando la convocatoria para las elecciones pasado medio año. “Eso significa que en marzo ya debiéramos tener afinado el procedimiento y toda la normativa del  proceso”, indicó Gonzales.

Sam Mills Jersey