Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia

El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.

En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.

El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.

En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.

En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.

La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:

  • Asociación Un Nuevo Camino
  • Alianza Libres Sin Violencia
  • Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
  • Comunidad de Derechos Humanos
  • Coordinadora de la Mujer
  • Fundación CONSTRUIR
  • Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
  • Construyendo Redes para el Desarrollo
  • Asociación de Personas Transgénero de La Paz
  • Asamblea Permanente de Derechos Humanos
  • Fundación Tribuna Constitucional

El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.

Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.

Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional

El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.

Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.

Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.

Bolivia, 16 de junio de 2017.

 

 


La bancada del MAS en la Asamblea Legislativa plantea que las organizaciones sociales, en su condición de control social,  participen y supervisen el proceso de postulación, preselección y selección de candidatos a cargos en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
 
Víctor Borda, presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, explicó ayer que las organizaciones sociales, "el pueblo organizado”,  "participarán de manera activa del proceso de selección” de candidatos a cargos judiciales.    
 
En el artículo 3, del proyecto de ley que presentó el MAS, se indica  que: "en el proceso de postulación, preselección y selección participará efectivamente el Control Social de acuerdo con la  ley”. También agrega que: "en el proceso de postulación y preselección se garantizará la participación ciudadana”. 
 
     El diputado Borda explicó que esto significa que los sectores sociales   podrán impugnar las candidaturas, cuando éstas no cumplan con  los requisitos de la convocatoria, entre ellos no tener una sentencia condenatoria.
 
"El ciudadano común también puede impugnar al candidato observado”, agregó Borda en declaraciones a este medio.
 
Los sectores sociales también participarán en los exámenes y en la calificación de meritocracia que establecerá el reglamento.
 
Recientemente el vicepresidente Álvaro García Linera admitió que el "cuoteo” de las organizaciones sociales en el Órgano Judicial no sirvió para reformar la justicia en Bolivia.
 
El senador Arturo Murillo (UD) planteó que  la preselección de candidatos esté a  cargo de un grupo de profesionales notables o "un consejo académico de calificación y evaluación meritocrática que evalúe y haga seguimiento a la preselección”.
 
Unidad Demócrata plantea que este consejo esté conformado por 11 integrantes: cuatro representantes de universidades públicas, dos delegados de universidades privadas, cuatro representantes del Colegio Nacional de Abogados y un representante de la justicia indígena.
 
En octubre de  2017 se elegirá mediante voto popular a autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia.
 
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, anunció que la elección judicial se realizará el domingo 22 de octubre de este año.  
 
El 29 de abril, la Asamblea  lanzará la convocatoria para la preselección de postulantes.
 
Pacto con la oposición para elección  judicial
 
En busca de consensos, con miras a las elecciones judiciales, que se realizarán en octubre de este  año, el Movimiento Al Socialismo y las bancadas de oposición tienen previsto reunirse esta semana.
 
El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, informó que el MAS debe presentar su propuesta de reglamento de evaluación  a candidatos a altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
 
El diputado Víctor Borda (MAS) dijo que existe toda la predisposición para trabajar un reglamento con el fin de contar con los "mejores” profesionales.
 
El 16 de octubre de 2011, por primera vez en la historia de Bolivia,  se realizaron las elecciones para altos cargos judiciales.

A diferencia de la primera preselección de candidatos en 2011, la meritocracia de los aspirantes a ocupar altos cargos en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional tendrá una ponderación de 40 sobre 100 de puntos. La calificación se hará a través de un sistema transparente y “ciego” para no favorecer a ningún profesional.

La información la dio a conocer el ministro de Justicia, Héctor Arce, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia de Bolivia que la componen autoridades del Ejecutivo, Legislativo y del Sistema Universitario.

Los 100 puntos de calificación estarán divididos en 40 puntos para la evaluación curricular, 30 para la prueba escrita y un similar puntaje para la entrevista personal.

De los 40 puntos con los que se calificará los méritos académicos, la formación académica se evaluará con 14 puntos; la experiencia profesional con 19 y la producción intelectual con 5.

Solo con el restante par de puntos se evaluará la participación del postulante como autoridad en nación y pueblos indígenas, explicó Emilio Barea, director de la Carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana (UCB), quien es parte de la comisión.

“(La preselección) va a ser llevada adelante con las mayores garantías de independencia y transparencia de un sistema aleatorio de preguntas del que va a ser actor directo la universidad boliviana”, anunció Arce.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, añadió que los académicos participarán “absolutamente en todo el proceso” de evaluación.

La ponderación de la meritocracia es una demanda que diferentes sectores consideraron vital para revertir la afectada imagen del sistema judicial con denuncias de burocracia y corrupción. En la primera elección de magistrados de 2011, el criterio de la meritocracia fue marginal.

Los bolivianos volverán a las urnas este año para elegir a los titulares del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La primera elección de este tipo fue el 16 de octubre de 2011

La Escuela de Jueces del Estado (EJE) promocionará a los primeros jueces este 21 de abril, después de casi cinco años y medio de las nuevas autoridades judiciales. La demora fue cuestionada porque la falta de jueces formados permitió a las autoridades judiciales realizar nombramientos discrecionales a “dedo” dejando de lado la capacitación y los méritos.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fidel Tordoya lamentó que en cinco años y medio sólo se haya logrado una sola promoción de jueces, no siempre por culpa del Director de la EJE, sino también del Directorio que dejó relegada la formación.

“En cinco años y medio la EJE no ha producido jueces preparados y el Consejo de la Magistratura decidió seguir emitiendo convocatorias para cubrir las acefalías a las que los egresados tendrán que someterse y no serán designados directamente”, señaló Tordoya.

El Magistrado sostuvo que la formación virtual fue un “fracaso” y se tendría que retomar los cursos presenciales para los futuros postulantes a jueces.

El ex director de la EJE y director General de Administración Pública del Ministerio de Culturas y Turismo, Marvin Molina, no observa cambios en la nueva Escuela judicial que en su criterio es una continuación del extinto Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB), con la excepción de que este último tenía personal académico especializado en procesos de formación.

En estos años no hubo institucionalización, todos los cargos de la EJE tienen ciertos requisitos pero que no se cumplen, con algunas excepciones.

“La EJE en ciertos momentos llegó a capacitar hasta juntas de vecinos en lugar de capacitar jueces y funcionarios judiciales”, remarcó Molina.

Según el jurista, la EJE no acompañó la intención de revolucionar la justicia que pasa por los procesos de formación y capacitación, que debería ser el núcleo de la revolución y del cambio en la justicia.

Si no hay servidores judiciales técnica y humanamente formados, no se puede pensar en un cambio estructural de la justicia y por eso la mayoría de los “flagelos y miserias” que se ventilan en los estratos judiciales devienen de la mala o la ausencia de capacitación, según sus palabras.

La EJE se quedó sin director titular tras la renuncia de Franz Ochoa para asumir la Fiscalía Departamental en Oruro.

El nuevo Código de Sistema Penal perfila un nuevo escalafón que agrupará a policías que se dedican a la investigación, quienes dependerán del Ministerio Público. Este cambio causó molestia en las filas de la institución verde olivo, cuyas autoridades piden modificaciones sobre el tema.
 
"Todos los organismos de la Policía Boliviana que ejerzan funciones de investigación penal actuarán bajo la estricta dirección y control del Ministerio Público”, señala una parte del artículo 390 del proyecto.
 
El acápite explica que las y los miembros   de la Policía que ejerzan funciones de investigación serán "funcionarios especializados integrantes del escalafón de investigaciones”.
 
Autoridades policiales observan este nuevo elemento en el proyecto del nuevo código, ya que al margen de quitarle competencia a la institución, desvirtúa un principio elemental: el mando único.
 
"Nosotros nos debemos a un mando único, somos especialistas en investigación; sí, hay gente completamente capacitada, pero eso no debe influir para que pertenezcan a otro escalafón.
 
Pedimos respetuosamente a los asambleístas que tomen en cuenta los argumentos y hagan las modificaciones correspondientes”, dijo el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Johnny Aguilera.
 
Pero eso no es todo. El nuevo código señala que "quienes  pertenezcan a este escalafón no podrán pasar a integrar los escalafones de policía de seguridad o logística”. 
 
De esta manera se pretende que la organización policial garantice a las y los miembros de investigación "el desarrollo completo de su carrera policial dentro del escalafón de investigaciones”.
 
La Policía Boliviana propone que haya la especialización de sus efectivos en diferentes áreas, pero que todas se mantengan dentro del mismo escalafón y así se garantice el desarrollo de la carrera policial.
 
"Queremos ser propósitos en las sugerencias que damos sobre los cambios que se puede hacer en el nuevo código, pero los proyectistas deben entender algunos aspectos fundamentales de la institución policial”, acotó Aguilera.
 
Una comisión, de la cual forma parte el jefe policial, visita   diferentes comisiones de asambleístas y se propuso explicar las sugerencias y observaciones a todos quienes estén a cargo de la elaboración de la nueva norma que aún está en debate.
 
El proyecto  le quita atribuciones
  • Observaciones El nuevo Código de Sistema Penal le quita a la Policía Boliviana al menos cinco competencias en el peritaje  e investigación criminal. Por ejemplo, el proyecto contempla que la Unidad de Análisis Criminal sea "organizada” en cada Fiscalía Departamental. Asimismo, el instituto de investigaciones IITCUP de la Policía no es tomado en cuenta en el nuevo Código.
  •    Sugerencias La Policía Boliviana sugiere ser parte de las autoridades que presenten el plan anual de prioridades y estrategias de persecución penal para su distrito. Por otro lado, pide que la institución del orden pueda requisar el lugar del hecho criminal en caso de extrema urgencia sin el aval del fiscal, y, finalmente, que el comandante general sea parte de  la implementación del código.

El Consejo de la Magistratura procedió a cubrir al menos 22 acefalías de jueces en todo el país a raíz de renuncias. El mes pasado, dimitieron al cargo 11 jueces, además dejaron el cargo aquellos que postularon a vocales y fueron designados.

El consejero de la Magistratura y presidente de la Sala de Control y Fiscalización, Oswaldo Patiño, informó que la Sala Plena procederá a la designación de jueces para los juzgados en acefalía luego de que se tomó las entrevistas a los postulantes de una convocatoria.

“Las acefalías se cubren con la convocatoria que se hizo con exámenes de competencia, entrevistas y en la próxima Sala Plena del lunes se podría proceder a las designaciones”, aseguró Patiño.

En el caso de las acefalías en Sucre después de que dos jueces pasaron a ser vocales, el Consejo procedió a la rotación de dos juezas de provincia a la Capital, de Sopachuy y Azurduy; para una tercera acefalía fue trasladada una jueza de La Paz, decisión que fue cuestionada por la Asociación de Magistrados pero sin éxito.

CONVOCATORIA

Sigue pendiente el proceso de evaluación a los jueces y vocales en el país para una renovación, tal como determinó la Cumbre Nacional de Justicia; ayer, el consejero Patiño dijo que la reglamentación continúa en proceso de elaboración y una vez concluida se procederá a esa evaluación.

Sam Mills Jersey