Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.
En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.
El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.
En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.
En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.
La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:
- Asociación Un Nuevo Camino
- Alianza Libres Sin Violencia
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
- Comunidad de Derechos Humanos
- Coordinadora de la Mujer
- Fundación CONSTRUIR
- Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
- Construyendo Redes para el Desarrollo
- Asociación de Personas Transgénero de La Paz
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos
- Fundación Tribuna Constitucional
El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.
Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.
Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional
El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.
Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.
Bolivia, 16 de junio de 2017.
No hay consenso sobre comité de preselección
El Gobierno no comparte la idea de que las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo sugieran a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sus asesores para las elecciones judiciales, según dijo ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce, mientras se profundizan las discrepancias entre oficialismo y oposición para acordar un reglamento de consenso para la preselección de postulantes a magistrados.
“Yo no comparto ese criterio, no debe ser un mecanismo para la preselección que sea asesor o que sea miembro o que tengan alguna filiación, ninguna otra circunstancia que no sea la meritocracia”, declaró la autoridad al salir de Palacio de Gobierno.
Su reacción fue ante la declaración del vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien dijo que en las organizaciones sociales existen profesionales que tienen un buen perfil para aspirar a los cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.
Los temas en discrepancia entre el oficialismo y la oposición, son la comisión responsable de la evaluación y calificación de méritos, quiénes conforman esa comisión, el número de miembros del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura y la distribución del puntaje para méritos, examen escrito y entrevista. Estos temas serán debatidos el viernes, anunció el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.
En Sucre, el diputado opositor Oscar Urquizu anunció que hay una posición unánime de cuatro partidos políticos que declaran irrenunciables al menos tres puntos para garantizar que prevalezca la independencia, transparencia y la meritocracia en el proceso de elección de autoridades judiciales.
Exigen que la comisión de preselección esté en manos de una entidad técnica independiente de la política y rechazan el planteamiento del oficialismo de invitar a ocho universidades que junto con los asambleístas realicen la preselección.
También piden poner un porcentaje de voto mínimo exigido por ley, de un 15 a 20% a favor para ser elegido. Un tercer punto es la elección por circunscripciones departamentales de nueve miembros en cada una de las cuatro instituciones judiciales.
Examen de postulantes a magistrados será codificado
La Asamblea Legislativa prevé "mecanismos de seguridad" y "codificación" del proceso de evaluación en la preselección de aspirantes al Órgano Judicial, para garantizar transparencia y evitar la filtración de exámenes o el favorecimiento a los candidatos.
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, declaró este martes, que no será posible la filtración de exámenes ni el favorecimiento hacia algunos aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
"Se están implementando todos los mecanismos (de seguridad). A través del sistema informático se está elaborando un código de seguridad para evitar que se filtren preguntas o se intente favorecer a un ciudadano", declaró, según ANF.
Prevén mecanismos de seguridad para evitar filtrar exámenes o favorecer en elección judicial
La Asamblea Legislativa prevé “mecanismos de seguridad” y “codificación” del proceso de evaluación en la preselección de aspirantes al Órgano Judicial, para garantizar transparencia y evitar la filtración de exámenes o el favorecimiento a los candidatos.
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, declaró este martes, que no será posible la filtración de exámenes ni el favorecimiento hacia algunos aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Se están implementando todos los mecanismos (de seguridad). A través del sistema informático se está elaborando un código de seguridad para evitar que se filtren preguntas o se intente favorecer a un ciudadano”, declaró Gonzales.
Sin embargo, el jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, declaró que en la mesa multipartidaria donde buscan acuerdos para aprobar un reglamento en consenso, expresarán sus observaciones a los riesgos en el examen o a la distribución del puntaje.
Proponen 720 preguntas para el examen escrito
Piden excluir a políticos de comisión evaluadora
La bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Ilustre Colegio de Abogado de Chuquisaca (ICACH) piden que los actores políticos se mantengan al margen del proceso de evaluación y calificación en la preselección de candidatos al Órgano Judicial. "En eso no tendrían que meterse los políticos, ahí tendrían que entrar las universidades, los colegios de abogados y los pueblos indígenas, y ellos tendrían que, con alta calidad académica y meritocrática, hacer su evaluación y calificación", dijo el senador opositor Edwin Rodríguez.
Ayer tuvo lugar la cuarta reunión entre los jefes de bancadas y los presidentes de Diputados y Senadores para intentar consensuar criterios para la convocatoria. Ante la falta de acuerdos se dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes.
El lunes, los titulares del Legislativo, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales, informaron que ocho delegados de las universidades públicas y privadas estarán a cargo de la valoración de los candidatos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Al respecto, la presidenta del ICACH, Silvia Salame advirtió que la intervención de políticos en la comisión de preselección de postulantes a autoridades judiciales la llevará al fracaso y expresó su desacuerdo con la propuesta de que ocho universidades sean parte de la evaluación, porque muchas de ellas también fueron "tomadas" y responden al Gobierno.
Judiciales: plantean que la CIDH sea veedora en la preselección
