El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, empezará su trabajo este martes con reuniones con autoridades de Gobierno. 

Raúl G.O. fue identificado como el exsecretario que estuvo en el juzgado de Alcón que dio libertad a Choque, pese a tener una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto por la violación y muerte de una menor.

Las protestas contra las autoridades judiciales fueron en aumento luego de conocerse que personas sentenciadas por feminicidio y asesinato salen de las cárceles con ayuda de Régimen Penitenciario, policías, fiscales y jueces a cambio de un elevado monto de dinero.

Las verificaciones se harán en todos los juzgados de ejecución penal del país.

Las personas favorecidas fueron sentenciadas por los delitos de feminicidio, asesinato, violación y narcotráfico; tres de ellas ya fueron recapturadas. 

Los expedientes a verificar son desde las gestiones 2013 hasta 2022. Dos comisiones conformadas por 24 funcionarios verificarán los casos durante tres días y prevén brindar un informe de los resultados en dos semanas. 

“El día de mañana inicio mi visita oficial como Relator de la ONU”, tuiteó el peruano Diego García-Sayán, ratificando los anuncios del Gobierno nacional de su llegada al país.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, informó ayer de la intervención de 18 juzgados de Ejecución Penal del país y anunció la destitución de jueces que incurrieron en la liberación de feminicidas como el exjuez Rafael Alcón, detenido por permitir que esté libre el asesino serial Richard Choque.

Desde descuartizadores hasta feminicidas seriales son considerados criminales de alta peligrosidad por la violencia que ejercen. En al menos nueve casos tenían antecedentes pero permanecían libres para delinquir.

Las víctimas tienen que padecer y encontrar barreras desde el momento que intentan sentar su denuncia y peor aún durante el proceso judicial.