Ante el incremento de organizaciones sociales que a título de Control Social en la justicia exigen informes, solicitan designaciones y destituciones de funcionarios e incluso incurren en actos de “chantaje”, el Consejo de la Magistratura acordó con los dirigentes sindicales nacionales la reglamentación de la Ley de Participación y Control Social que en muchos casos es utilizada para presionar a las autoridades judiciales, aseguran ellas mismas.
Tras los cuestionamientos de la Iglesia Católica al sistema de justicia en Bolivia que no aterriza en las reformas, debido a la politización y la situación del régimen penitenciario que “deshumaniza” a miles de presos en el país, el Órgano Judicial pide plazo de un año para mostrar cambios pero admite que la crisis judicial seguirá siendo una tarea pendiente mientras el Estado no genere verdaderas políticas de gestión partiendo de la institucionalización y un presupuesto adecuado.
La economía con énfasis en la industrialización, la creación del Seguro Universal de Salud, la educación técnica, la disminución del desempleo y la reforma en la justicia, son los cinco pilares que el Gobierno pretende apuntalar.