El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) convocó ayer a un diálogo nacional de las instituciones del sistema judicial para que dentro de un proceso ampliamente participativo concretar un proceso de transformación de la justicia y encontrar soluciones conjuntas a la retardación y la corrupción que vulneran los derechos humanos y garantías constitucionales.
La reforma judicial no encuentra una línea de consenso, todas las instituciones y sectores que tienen que ver con ella apuntan a su lado. Con el cambio de gobierno, la urgencia de la reforma volvió a reflotar a partir del Ministerio de Justicia a la cabeza del exmagistrado Iván Lima, pero ese impulso inicial se va diluyendo porque encuentra reparos al interior de la propia administración estatal.
“No nos sirven los jueces que van cambiando la camiseta, de azul a verde y de verde a azul, y que cada vez van moviéndose como una veleta en función al análisis que hagan. Eso no está bien, los fiscales y los jueces deben ser independientes, porque son los que definen la vida y el patrocinio”, sostuvo el ministro de Justicia, Iván Lima.
El presidente de Diputados dijo que la reforma “era una prioridad para él (Lima)”. CC afirma que no hay voluntad política ni consenso en el MAS. Creemos dice que decidieron “usar la justicia como estaba”.
Iván Lima se reunió este lunes con los magistrados del TSJ y tiene previsto otras reuniones con el Fiscal General y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Tras las críticas que surgieron de algunos legisladores del MAS, el Gobierno anunció ayer que en el marco del proceso de reforma de la justicia que emprende, se realizará una gira por los departamentos para recoger propuestas. El Ejecutivo también abrió la posibilidad de que el referendo sobre esa temática podría ser incluso después del 7 de marzo de 2021.
El Ministerio de Justicia apura el proyecto de Reforma Total a la Ley de Derechos Reales, por el cual esta oficina, que provee el 67 por ciento de los ingresos al Órgano Judicial, pasará a depender del Ejecutivo.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva dijo este domingo que la reforma de la justicia boliviana pasa por revertir la burocracia y luchar contra la corrupción.
El Consejo Consultivo de abogados dirigidos por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé planteó este jueves, en su primera reunión con el Ministerio de Justicia, abrir la Constitución Política del Estado (CPE) para reformar la justicia a través de un referendo el 7 de marzo o cambiarla mediante leyes, según informó el ministro de esa cartera, Iván Lima.
La Comisión de Asesoramiento para la transformación de la justicia determinó dos tareas en su primera reunión con el ministro de Justicia, Iván Lima.