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La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que sí habrá una ley de sustancias controladas, que en parte reemplazará a la Ley 1008, contrariamente a las declaraciones de su colega Susana Rivero.

Montaño explicó que la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, más conocida como 1008, será reemplazada por la Ley General de la Coca; la ley de sustancias controladas y el Código del Sistema Penal.

"La Ley 1008 va ser definitivamente sepultada con tres cuerpos legales", indicó al manifestar que en la presente legislatura avanzará con el proyecto de Ley de Sustancias Controladas, toda vez que la Ley General de la Coca sólo aguarda su promulgación.

El miércoles, Rivero aseguró que ya no era necesaria una ley de sustancias controladas.

El Gobierno debate para cambiar de planes y propone cerrar la posibilidad de tener una ley general de la coca y otra de sustancias controladas para liquidar la Ley 1008, vigente desde 1988. Ahora, el oficialismo analiza si el nuevo código del sistema penal absorberá las sanciones y no será necesaria otra norma, además de la aprobada la semana pasada y que legaliza la posibilidad de ampliar la producción de coca a 22.000 hectáreas.

  La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, informó de que no habrá una ley de sustancias controladas, sino que todo el tema punitivo vinculado a los ilícitos del narcotráfico estará incluido en el código del sistema penal. Consultada sobre si ya no será necesaria una ley de sustancias controladas, Rivero respondió: “No. Todas las infracciones estarán en el sistema penal”, reiteró la legisladora, y manifestó que se terminará con el método que en todas las leyes se incluían sanciones con diferentes tipos penales.

Sin embargo, hay contradicciones. El jefe de bancada del MAS, David Ramos, dijo a ANF que se aceleraría la aprobación de la ley de sustancias controladas para sancionar a los narcotraficantes. “Se viene trabajando en otra ley de tráfico de sustancias controladas, que no solo tiene que ver con el desvío de coca para el narcotráfico, sino de otras sustancias ilícitas”, sostuvo.

 Este medio accedió al anteproyecto de ley  de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Desde el artículo 38 fija las atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), que tendrá todos los bienes incautados a su nombre y será administrado por Dircabi. Desde el artículo 67 hasta el 122 se hace referencia a todo el trabajo que se hará bajo el régimen de la pérdida de dominio de bienes que en 2012 provocó una agria disputa entre el ministro Carlos Romero y la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado.

Los artículos 13, 14, 15 y 16 permiten la acción de los informantes, la cooperación eficaz, la interceptación de comunicaciones y la exención de la confidencialidad, que es rechazada por los especialistas 

Sin embargo, la ley de la coca y este proyecto no eliminan por completo la Ley 1008, porque 74 de los 132 artículos quedan vigentes. Los aspectos punitivos, de todas  formas, deben ser discutidos en una tercera ley: el código del sistema penal.

La sancionada ley general de la coca abroga los artículos del 1 al 31 de la norma, todos referidos al arbusto. Mientras que el proyecto de ley de sustancias controladas elimina otros 27 artículos, referidos al transporte de las sustancias controladas.

Permanecen vigentes 74 artículos que hacen referencia a las penas y a los tipos de delitos relacionados con el transporte de la coca y la droga fabricada; además, conserva también una extensa lista de fármacos que son considerados drogas y que 
no pueden ser comercializados libremente  

La actual Ley 1008 desaparecerá y los delitos por narcotráfico serán tipificados en el nuevo Código de Sistema Penal.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, confirmó que la nueva norma tendrá en su potestad las sanciones sobre estos casos.

Medidas. Antes se había indicado desde el oficialismo que de la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas iban a desprenderse dos normas: una de ellas la Ley General de la Coca, que la pasada semana ya fue aprobada y otra de sustancias controladas. "No habrá 1008 a partir de la promulgación del nuevo Código del Sistema Penal, las figuras jurídicas sí, la conformación de los tipos penales son distintos, precisamente porque esta (la Ley 1008) es una ley muy antigua, que no reflejaba la realidad boliviana", dijo Rivero.

A su turno, la senadora oficialista Adriana Salvatierra indicó que al unificarse estos puntos en el nuevo Código, este tendrá las diferentes clasificaciones como delitos, faltas o crímenes respecto al narcotráfico. "Se está unificando toda la estructura de delito en una sola norma. La hoja de coca ya no es considerada un estupefaciente, por eso hemos separado su clasificación y ahora los delitos van a estar en otra norma", señaló Salvatierra.

Rivero aseguró que ya no será necesaria una ley de sustancias controladas, porque "el Código establece todas las sanciones de tráfico, almacenaje, transporte" que se incluían en la 1008. "En el Código Penal se fijan penas durísimas pero con graduaciones", porque precisó que no pueden llenarse las cárceles de "mulas" y no así de los que financian el ilícito del tráfico de drogas.

Norma base. Rivero adelantó que en los próximos días se iniciará el tratamiento del Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, por lo que pidió a la oposición debatir sanamente y pensando en el pueblo que se beneficiará con la mejora de la justicia, dejando de lado la distorsión con fines políticos.

Según explicó, el proyecto de ley fue elaborado por profesionales bolivianos en el ámbito jurídico y también fue asesorado por expertos internacionales, "pero hemos construido este Código pensando en Bolivia, en las necesidades del pueblo y, sobre todo, en el mandato que nos dio el pueblo en la Cumbre de Justicia, así que exhortamos a que cuando iniciemos esta discusión sea una discusión técnica".

Salvatierra considera que no habrá mayores trabas dentro del tratamiento de este nuevo Código, dado que asegura estaría plasmando lo solicitado por los sectores en la Cumbre judicial.

La Asamblea Legislativa incorporó oficialmente en su agenda de trabajo al proyecto de Código del Sistema Penal que prioriza la oralidad  de los procesos como un tema central y pone “cortapisas definitivas a la chicana jurídica” que obstaculiza la celeridad en la administración de justicia.

El proyecto de ley de 674 artículos fue tomado por la Asamblea para iniciar el trámite legislativo. El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, estimó que la norma estaría sancionada hasta el mes abril.

Destacó que el proyecto fuera redactado enteramente por abogados bolivianos, a diferencia de otros códigos que se trabajaron en el pasado. La autoridad dijo que se pretende acabar con los grandes problemas que tiene la justicia boliviana.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño,  explicó que la propuesta incluye a la oralidad como un tema central y pone varios  frenos a la chicana jurídica que se da todos los días en los juzgados de nuestro país, que genera una gran retardación de justicia.

Montaño sostuvo que la Asamblea Legislativa tendrá la apertura necesaria para generar audiencia con los sectores interesados en dar sus sugerencias.

Los presidentes de las cámaras Alta y Baja del legislativo se reúnen con el mandatario Evo Morales para arreglar los últimos detalles para que el Código del Sistema Penal ingrese a su tratamiento en la Asamblea Legislativa para su debate.

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó ayer que junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se reunirán hoy con el presidente Evo Morales para afinar detalles.

“En el caso concreto del Sistema Penal mañana (hoy) tenemos otra reunión con el Presidente para ultimar algunos detallitos que nos estaban faltando y con eso ya de una vez pueda ingresar el Código al ámbito de la Asamblea”, informó.

Gonzales dijo, tras una reunión con el Jefe de Estado en Palacio de Gobierno junto a los presidentes de la Asamblea Legislativa y jefes de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), que también se realizó una evaluación del trabajo de la anterior legislatura y se elaboró un cronograma con fechas tentativas para avanzar en el trabajo legislativo.

Entre esos temas, explicó que están proyectos de interés, como los códigos penal y civil, y otros que el Primer Mandatario reclamó en la reunión de gabinete ampliado de la víspera.

El titular de la Cámara Alta dijo que el nuevo Código del Sistema Penal dejará sin efecto al actual Código que, a su juicio, es un “Código antiguo”.

“El Código tiene la particularidad que va juntar tanto la parte de procedimiento como la parte del Código, entonces es un solo cuerpo, son más de 700 artículos y bueno es un trabajo que hemos venido haciendo hace dos años y que si no lo hemos presentado y sancionado en la Asamblea es porque justamente han quedado pendientes algunos detalles”, remarcó.

Afirmó que tras ese trabajo, se estima que el nuevo Código sea sancionado entre marzo y abril próximo.

El Código es una de las propuestas de la Cumbre Nacional de Justicia, que se realizó en junio del año pasado en la ciudad de Sucre.

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó el jueves que junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se reunirán mañana, viernes, con el presidente Evo Morales para afinar detalles para que el Código del Sistema Penal ingrese a la Asamblea Legislativa para su debate.

    "En el caso concreto del Sistema Penal mañana (viernes) tenemos otra reunión con el Presidente para ultimar algunos detallitos que nos estaban faltando y con eso ya de una vez pueda ingresar el Código al ámbito de la Asamblea", informó.

    Gonzales dijo, tras una reunión con el Jefe de Estado en Palacio de Gobierno junto a los presidentes de la Asamblea Legislativa y jefes de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que también se realizó una evaluación del trabajo de la anterior legislatura y se elaboró un cronograma con fechas tentativas para avanzar en el trabajo legislativo.

    Entre esos temas, explicó que están proyectos de interés, como los códigos penal y civil, y otros que el Primer Mandatario reclamó en la reunión de gabinete ampliado de la víspera.

    El titular de la Cámara Alta dijo que el nuevo Código del Sistema Penal dejará sin efecto al actual Código que, a su juicio, es un "código antiguo".

    "El Código tiene la particularidad que va juntar tanto la parte de procedimiento como la parte del Código, entonces es un solo cuerpo, son más de 700 artículos y bueno es un trabajo que hemos venido haciendo hace dos años y que si no lo hemos presentado y sancionado en la Asamblea es porque justamente han quedado pendientes algunos detalles", remarcó.

    Afirmó que tras ese trabajo, se estima que el nuevo Código será sancionado entre marzo y abril próximo.

    El Código es una de las propuestas de la Cumbre Nacional de Justicia, que se realizó en junio del año pasado en la ciudad de Sucre.
cta/rsl                            ABI

Mediante un proyecto de ley remitido a la Asamblea Legislativa, el presidente Evo Morales propone que la inasistencia injustificada de los abogados a un determinado acto procesal sea castigada con multa de hasta 3.610 bolivianos. Esa sanción será impuesta por la autoridad judicial que atienda la causa. Y, ante la inasistencia por dos veces consecutivas del representante, se establece que la autoridad designe de inmediato a un abogado de oficio.

La propuesta está en uno de los cuatro proyectos de ley que el Mandatario envió a la Asamblea para promover cambios en el sistema judicial del país, tras la Cumbre Nacional de Justicia, realizada el 10 y 11 de junio del año pasado en Sucre. El documento, en manos de la Cámara de Diputados, introduce un artículo a la Ley 025 del Órgano Judicial que dispone que “las autoridades judiciales, durante las actuaciones procesales podrán imponer sanciones a las y los abogados y a las partes para el correcto desarrollo del proceso” en casos determinados.

El anteproyecto especifica que la inasistencia injustificada a un acto procesal será sancionada con multas pecuniarias de hasta dos salarios mínimos nacionales, lo que equivale a 3.610 bolivianos tomando en cuenta que el salario mínimo vigente es de 1.805 bolivianos. “En caso de inasistencia injustificada por dos veces consecutivas de la abogada o abogado a algún actuado procesal, la autoridad judicial de forma inmediata designará abogada o abogado de oficio”, se lee en el texto.

Según la propuesta, la sanción también se aplicará a quienes agredan verbalmente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las partes o presentes en un acto procesal; que usen expresiones agraviantes o difamatorias en un escrito o actuado procesal; que realicen citas doctrinales o jurisprudenciales falsas; y que obstaculicen el desarrollo del proceso “de forma maliciosa”. El artículo adicional propuesto para la Ley 025 establece que se castigue con hasta ocho horas de arresto a los juristas y a las partes que agredan físicamente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las otras partes o personas presentes en el acto procesal; y que asistan a un actuado procesal en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias controladas.



SUSPENSIÓN Por otro lado, el proyecto plantea modificaciones a la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía, endureciendo las sanciones para los abogados en proporción a la gravedad de las infracciones tipificadas, incrementando las multas económicas y la suspensión en el ejercicio de la profesión “no solo con el fin punitivo, sino más bien con un propósito intimidatorio, que no permite la reincidencia de faltas a la ética profesional ni la deslealtad al patrocinado”.

En ese sentido, la propuesta fija para las faltas gravísimas una suspensión de dos a cinco años y multa de diez salarios mínimos (18.050 bolivianos). Introduce además la cesación temporal de funciones de seis a 10 años para la reincidencia de una infracción gravísima cometida dentro de los 365 días de cumplida la primera sanción.

Para las faltas graves, en el proyecto se mantiene la suspensión de uno a doce meses, pero se incrementa la sanción económica a un pago de siete a 12 salarios mínimos (hasta 21.660 bolivianos), cuando al momento el castigo es de dos a seis salarios mínimos (hasta 10.830 bolivianos).

Para las faltas leves, el proyecto dispone multas de dos a seis salarios mínimos, endureciendo la disposición vigente que establece una llamada de atención y la multa de un salario mínimo.

Este estatus de inocencia es uno de los escudos protectores más importantes frente al poder.

* Artículo de Opinión - Rojas Tudela