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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé reunirse esta semana con las principales autoridades de la Asamblea Legislativa para pedir “reformas puntuales” de Ley 026 de Régimen Electoral, de cara a las elecciones judiciales previstas para octubre.

Los ajustes a la normativa electoral apuntan a mejorar el trabajo y la logística del proceso, respecto al diseño de las papeletas y la presentación de los postulantes para  hacerlos visibles ante la población, y así generar un voto informado.

El vocal José Luis Exeni sostuvo a La Razón que estas “reformas puntuales” de la actual ley electoral permitirán una “mejor administración” de los comicios de octubre.

En la primera elección judicial de 2011, por ejemplo, “la papeleta era gigante, inmanejable donde había que poner cinco votos y sabemos que hubo dificultades de una parte de la ciudadanía en emitir esos votos”, explicó Exeni, quien no descarta, incluso, dos papeletas.

En tanto, la presidenta del TSE, Katia Uriona, explicó a este rotativo que se solicitará al Legislativo hacer modificaciones “que faciliten tanto las características de la presentación de todos los postulantes y (…) el alcance de la visibilización de los perfiles de las candidaturas”. 

Elección. El proceso previo para las elecciones judiciales se extenderá por 150 días: en los primeros 60, la Asamblea realizará el proceso de preselección de postulantes y en los restantes 90 días el Órgano Electoral deberá difundir los perfiles, organizar y realizar la logística para la jornada electoral.

En criterio de Exeni, se trata de un proceso “complejo y difícil”, sobre todo por lo que representa la difusión de méritos, el acceso a la información y la generación de espacios para conocer a los postulantes, lo que no hubo en las primeras elecciones de octubre de 2011.

La nueva Constitución Política, en sus artículos 182, 188, 194 y 198, dispone la elección mediante sufragio universal de las principales autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.

Hace casi seis años, Bolivia asistió por primera vez para elegir a esos funcionarios, que durante su mandato fueron cuestionados por una serie de irregularidades, al punto que el Gobierno admitió que “se cometieron errores” durante el proceso de selección.

Un proyecto del Tribunal Supremo de Justicia plantea el incremento de magistrados de nueve a 18 y lo propio en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de siete a 14. El tema está en debate en las comisiones interorgánicas conformadas por autoridades judiciales, del Legislativo y el Ejecutivo.

En el TSJ, el decano Jorge von Borries justificó este requerimiento de nombrar más magistrados en vez de asistentes para conformar seis tribunales de juicio de tres magistrados cada uno, lo que permitiría acelerar el trámite de los juicios de responsabilidades pendientes de autorización en la Asamblea Legislativa.

“Estoy pidiendo que se haga de inmediato porque ya no podemos seguir con las causas normales, cada vez hay más recursos contenciosos que es imposible despachar”, aseguró von Borries.

El magistrado dijo que aproximadamente 148 procesos están para autorización en la Asamblea Legislativa y serán remitidos a juicio de responsabilidades a este alto Tribunal de Justicia en los que están involucrados ex prefectos, ex alcaldes y ex ministros que serán procesados con la anterior Ley de juicio de responsabilidades.

Por su parte, el TCP, además de las salas constitucionales en los departamentos, sugiere el incremento de siete a 14 magistrados. Su presidente, Oswaldo Valencia, informó que en la última reunión de la subcomisión interorgánica, las autoridades judiciales también pidieron el incremento del número de vocales y la modificación de atribuciones de los juzgadores para hacer más dinámica la administración de justicia.

En las reuniones de la subcomisión, según palabras del viceministro de Justicia, Diego Jiménez, se hace un trabajo técnico sobre las propuestas que pasan a una Comisión a cargo de los dos presidentes de las cámaras del Legislativo.

CONTENCIOSOS

Según datos del Decano Jorge von Borries, en la extinta Corte Suprema de Justicia ingresaban alrededor de 300 causas contencioso administrativas al año, en 2015 se incrementaron a 900 y en 2016 a 1.800, este año podrían superar las 2.000.

Agregó que hay más procesos contencioso - administrativos en materia social de personas que reclaman beneficios sociales por los años de trabajo en una pugna con las empresas públicas y privadas.

El presidente del Senado Nacional, José Alberto Gonzales, a tiempo de referirse al proceso de preselección de los postulantes a candidatos para cargos del Órgano Judicial, dijo que la próxima semana se iniciará la elaboración del “reglamento de preselección” bajo la tutela de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural.

También se integrará las conclusiones de la Cumbre de Justicia sobre el tema de los magistrados, como la consideración de la meritocracia y evitar que accedan a estos cargos personas que tengan antecedentes de violencia familiar, entre otros.

“Son elementos fundamentales al momento de elegir quiénes van a conducir los destinos de la justicia, son elementos ineludibles. Estamos claros que todo tipo de compadrazgo, amistades, familia, negocio de empresas o grupos corporativos, a esa gente no hay que abrirle la puerta, hay que cerrarles porque la justicia no puede tener de ninguna manera a gente que la dirija con esas características, con esas condiciones, la justicia no es para hacerse rico, hacerse plata ni para hacer tráfico de influencias”, argumentó.

Explicó que el proceso de construcción del “reglamento de preselección” deberá estar concluido como máximo hasta fines de marzo, toda vez que se tiene previsto realizar la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional para octubre próximo.

“Considerando que las nuevas autoridades debieran asumir los primeros días de enero de 2018, nosotros tendríamos que estar haciendo las elecciones en octubre”, dijo Gonzales.

Para el presidente del Senado, considerando los plazos que hay para todo aquello, tendrían que estar lanzando la convocatoria para las elecciones pasado medio año. “Eso significa que en marzo ya debiéramos tener afinado el procedimiento y toda la normativa del  proceso”, indicó Gonzales.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Raúl Jiménez, propuso que el presidente Evo Morales elija a las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), previa selección de una terna de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Jiménez dijo que la ruta que propone señala que el proceso de selección en cuestión esté a cargo de un consejo de personalidades del ámbito del derecho, instancia que escogería a los postulantes y luego remitiría las listas a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Luego, "la Asamblea Plurinacional, mediante sus comités y mediante el presidente de la Asamblea Plurinacional, el vicepresidente Álvaro García Linera, elaboraría ternas, y esas ternas serían remitidas al presidente del Estado, Evo Morales, y el Presidente elegiría (a las autoridades judiciales)", según Jiménez.

El jurista agregó que, para ello, tendría "que derogarse el artículo que determina la elección de las altas autoridades judiciales mediante el voto universal".

"Eso ha sido un fracaso. Eso hay que cambiarlo, y, para cambiarlo, se tiene que abrir la Constitución, indudablemente, así protesten los que no estén de acuerdo con este planteamiento", explicó Jiménez.

Agregó que los candidatos seleccionados tendrían que ser personas sin afinidad política y las más destacadas en el estudio de las ciencias jurídicas. Eso, para valorar la meritocracia y trayectoria de los aspirantes a ocupar los máximos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura.

"Que se haga un cambio radical, pero en base a este sistema y que se premie a todos los jueces y magistrados honorables", insistió.

Jiménez también sugirió al Gobierno que incremente el presupuesto del Órgano Judicial por lo menos en un 4 ó 5 por ciento del Presupuesto General del Estado, con el fin de duplicar el número de juzgados y operadores de justicia, para que se brinde un servicio adecuado a la población.

En octubre de 2011, fueron elegidas por voto directo las máximas autoridades judiciales, y el 4 de enero de 2012, las 56 autoridades electas juraron al cargo en Sucre. Este año, volverán a tener lugar unas elecciones judiciales con el mismo mecanismo de selección. El Gobierno, sin embargo, adelantó que cambiará los criterios de seleción

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) prevé iniciar en junio próximo el proceso de preselección de los aspirantes que participarán de las elecciones del Órgano judicial previstas para octubre.

El presidente del Senado Nacional, José Alberto Gonzales, informó que se diseña un cronograma de actividades para cumplir con todo lo establecido para el efecto, es decir, contar con un nuevo “Reglamento de Preselección” que incorpore los cambios sustanciales en el procedimiento y mecanismos de preselección que anunció el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.

“Tendríamos que estar arrancado a más tardar en mayo o en junio, con la etapa de preselección, lo que significa que obviamente antes de esas fechas ya tenemos que tener resuelto el tema de los criterios (de selección), el manual de procedimiento”, señaló el titular de la Cámara de Senadores.

Se dejó en claro que se mantendrá el procedimiento constitucional, es decir la elección de las autoridades mediante el voto popular y que lo único que se modificará es el sistema de preselección de los postulantes y habilitar los mejores hombres y mujeres candidatos.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, dijo que la elección por voto popular es una   conquista democrática.

La Asamblea Legislativa Plurinacional perfila iniciar en junio el proceso de preselección de candidatos para las elecciones del Órgano Judicial, que están previstas para octubre, informó el presidente de la Cámara de Senadores, Alberto Gonzales.

“Tendríamos que estar arrancado a más tardar en mayo o en junio, con la etapa de preselección, lo que significa que obviamente antes de esas fechas ya tenemos que tener resuelto el tema de los criterios (de selección), el manual de procedimiento”, explicó.

El vicepresidente Álvaro García anunció “cambios sustanciales” en el procedimiento y mecanismos de preselección. “Se va a mantener la ruta constitucional solamente que va a haber un cambio sustancial en los criterios de selección de los precandidatos que luego serán sometidos al voto popular”, desveló el miércoles.

Gonzáles informó que con la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, elabora un cronograma de trabajo hacia la renovación de las máximas autoridades judiciales, que fueron cuestionadas por las denuncias de corrupción y retardación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió al Gobierno Bs 155.564.191 para la organización y realización de las elecciones de autoridades judiciales por voto ciudadano, previsto para octubre.

Como parte del proceso de transformación de la justicia que impulsa el Gobierno, el presidente Evo Morales pidió a los legisladores elegir a los hombres y mujeres con “compromiso” y “experiencia” para terciar en las próximas justas.

Será la segunda elección de este tipo. Las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional fueron electas en las urnas por vez primera el 16 de octubre de 2011 tras un proceso de preselección cuestionado por aspectos como minimización de los criterios de meritocracia.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará cambios en los criterios de preselección de postulantes a cargos dentro del Órgano Judicial. En octubre saldrá la convocatoria para el nuevo proceso electoral.

"Serán criterios de capacidad de las personas, de su profesionalidad, de su idoneidad, de su reconocimiento de la sociedad como personas de ley, personas transparentes. Vamos a modificar los criterios de selección", adelantó el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.

Explicó que pese a que algunas voces hablan de delegar a un grupo de "notables" para que se encargue del proceso previo a la votación, el Gobierno descarta esa posibilidad y reivindica las facultades de los senadores y disputados.

"La preselección se hace en la Asamblea, hay propuestas que eso se le arrebate a la Asamblea y quede en manos de notables. No va a ser así, pueden venir sugerencias o recomendaciones, pero nadie la va a quitar a la Asamblea la potestad de hacer la selección", enfatizó. 

Admitió que se tiene que hacer un mejor trabajo, para no cometer los mismos errores que en 2011, cuando avales de organizaciones sociales, dirigentes o otras instancias determinaron elegir a los actuales magistrados.

Anunció además que "la gran reforma de la justicia comienza este año con la aprobación del nuevo Código de procedimiento penal", proyecto que se encuentra en la Asamblea Legislativa y que espera ser debatido en las próximas semanas.

El Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional prevén en sus agendas de 2017 el proceso de selección de postulantes y la organización de las elecciones judiciales para renovar a todas las altas autoridades del Órgano Judicial.

De acuerdo a la Ley del Régimen Electoral se requiere de 150 días para la organización de todo el proceso. La Asamblea Legislativa tiene 60 días para la selección de aspirantes y el TSE se toma 90 días para organizar el acto electoral.

El vocal del TSE, José Luis Exeni, manifestó a ANF que es uno de los "procesos sustantivos" en la agenda del organismo electoral, porque les plantea desafíos para superar la "experiencia semifallida" de la anterior gestión de vocales del TSE.

Mientras que la presidenta del organismo electoral, Katia Uriona, en el acto de la rendición de cuentas aseguró que se darán todas las garantías en la administración de este proceso. "Para alcanzar este fin, la Sala Plena está trabajando en la conformación de una Dirección de Procesos Electorales, que estará encargada de gestionar, todos los sistemas que se están implementando, los cuales permitirán estandarizar y dar seguridad a la población sobre la administración de los diferentes procesos electorales y referendarios", afirmó.

Por su parte, el presidente del Senado calcula que entre febrero o marzo la Asamblea Legislativa iniciará su trabajo en torno a este tema, no quiso adelantarse a decir que se modificará el reglamento, pero anticipó que se tienen que priorizar los criterios meritocráticos.

"En febrero podríamos trabajar los criterios y procedimientos y protocolos para la elección, desde las convocatorias, las limitaciones (para los postulantes) todo eso que tiene que ver con la selección", informó Gonzales.

Exeni considera que esta es "la etapa central es la preselección de candidatos donde está pendiente una ajuste al reglamento privilegiando los méritos, la probidad, la experiencia aprobada en la Cumbre de Justica".

El 16 de octubre de 2011 fueron elegidas las altas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura, por voto popular, de listas que fueron preseleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en medio de denuncias de la oposición que el oficialismo eligió a sus candidatos.

Además, de las elecciones judiciales el TSE tiene previsto llevar adelante el tercer referéndum aprobatorio de Cartas Orgánicas que se realizará el 9 de julio. Hasta la fecha hay 22 alcaldías que hicieron su solicitud, pero Exeni considera que hasta el 31 de marzo cuando se lance la convocatoria se pueden registrar otras entidades autónomas.

Mientras que Uriona también dijo que para este año está previsto realizar consultas a diferentes sectores de la población para construir y presentar ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de partidos políticos.

El presidente Evo Morales anunció que convocará este año a la elección por voto popular y secreto de los nuevos magistrados del Órgano Judicial, que en octubre cumplen su mandato de seis años.
El anuncio lo hizo desde el Palacio Quemado, donde afirmó que se cumplirá con las recomendaciones de la Cumbre de Justicia y afirmó que envió proyectos de ley para más reformas a la justicia.

En octubre de 2011 Bolivia eligió a 56 autoridades judiciales de las cuatro instituciones del Órgano Judicial, de las cuales 28 son mujeres y 28 varones. En esa oportunidad el ausentismo fue del 20,3%. De los  5,2 millones de habilitados, votaron 4,1 millones.

El calendario electoral
Al respecto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, explicó que el proceso de elección de autoridades judiciales requiere de 150 días; dos meses destinará la Asamblea Legislativa Plurinacional para la preselección de los aspirantes a magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.  Los 90 días restantes serán para programar las actividades que conlleva un proceso eleccionario. 
Según Exeni, en las próximas semanas se reunirán con la directivas de las Cámaras para iniciar la coordinación referente a los plazos y tiempos para la elección judicial. 

De acuerdo con los plazos, aunque Exeni no lo mencionó, la convocatoria para los comicios será en mayo y la elección de magistrados en octubre. 

Reacción
El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, dijo que no solo es una elección judicial, sino que se debe cambiar el método de selección de los postulantes a magistrados y que se respete la ‘meritocracia’ de los aspirantes a los tribunales de Justicia. 

Sobre el asunto, Peña afirmó que el partido Demócratas elaboró y presentó una propuesta de reforma del sistema judicial para que la etapa de preselección de los aspirantes a magistrados se realice a través de instituciones académicas, a fin de transparentar la selección antes de llegar a la etapa de elección por voto popular. 

Además, Peña puntualizó que la propuesta del Movimiento Demócrata Social está dirigida a contar con una justicia más ágil y para desburocratizar el sistema judicial boliviano