REDES Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS SE REUNEN CON EL RELATOR ESPECIAL DE NNUU SOBRE LA INDEPENDENCIA DE MAGISTRADOS Y ABOGADOS
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
El pasado 15 de febrero representantes de redes y organizaciones de derechos humanos se reunieron en la ciudad de La Paz, con Diego García Sayán el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, en el marco de su visita oficial a Bolivia.
La coalición de sociedad civil estuvo integrada por representantes de la Comunidad de Derechos Humanos, Fundación CONSTRUIR, Centro de Documentación e Información de Bolivia – CEDIB, Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado – ITEI, ONG Realidades, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM Bolivia, la Oficina Jurídica para la Mujer, Fundación para el Debido Proceso, Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Fundación Tribuna Constitucional, Organización de Apoyo Legal y Social, y, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos. Dichas instituciones tienen amplia experiencia en la promoción y defensa del acceso a la justicia de la población boliviana y el acompañamiento a procesos de reforma, en tal sentido, brindaron al Relator Especial información sobre la situación del país en materia de garantías para una justicia independiente e imparcial, así como el impacto que tiene la crisis judicial por la ausencia de dichas garantías en grupos prioritarios.
Además, le entregaron un documento que recopila datos relevados por la sociedad civil en estudios, procesos de veeduría ciudadana, observatorios hemerográficos y experiencia práctica de asistencia de grupos prioritarios, estructurando aportes en cinco ejes:
- Situación de la independencia judiciales en sus dimensiones institucional y funcional o de ejercicio individual, que abordó el tema presupuestario de todas las instituciones que intervienen en la administración de justicia, no solo el órgano Judicial y también la situación de provisionalidad en jueces y fiscales que se ha extendido en el país por más de una década;
- Elección de altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, haciendo conocer las conclusiones, observaciones y propuestas que nacen de las veedurías ciudadanas realizadas por estas organizaciones incluida la adopción de un mecanismo de preselección independiente que se planteó para las elecciones del 2017 a la Asamblea Legislativa Plurinacional sin que se tomará en cuenta:
- Transparencia y acceso a la información, como condición necesaria para incrementar la confianza ciudadana y garantizar el control social, así como el desarrollo de información suficiente y necesaria para adoptar medidas que respondan a las necesidades diferenciadas de la población frente al acceso a la justicia.
- Corrupción en la justicia, debiendo fortalecerse los esfuerzos para investigar, sancionar y adoptar medidas de no repetición en estos casos, realizar auditorías jurídicas y fortalecer los sistemas disciplinarios, difundiendo información estadística desagregada sobre la cantidad de denuncias, resultado del tratamiento, sanciones y respuestas oportunas a la ciudadanía.
- El impacto de la falta de independencia en la justicia en las personas defensoras de derechos humanos, y casos emblemáticos de personas que han sufrido vulneraciones al debido proceso.
Además de lo anterior se enfatizó en la necesidad urgente de atender los problemas de acceso a la justicia de poblaciones en extrema vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia, cuyos procesos en la justicia se caracterizan por escenarios de extrema mora procesal, impunidad, y re victimización, pues, las brechas de implementación de la Ley 348 son amplias, en especial en términos de cobertura, especialidad y recursos de los servicios de atención, investigación y sanción.
Finalmente, se expusieron propuestas y recomendaciones para una ruta crítica de reforma y transformación de la justicia, a tiempo de entregar una serie de diagnósticos y publicaciones elaboradas por la sociedad civil, entre ellas la Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia que integra propuestas de la sociedad civil para medidas normativas y de política pública.
El relator, desarrolló consultas complementarias, y destacó la importancia de una sociedad civil activa que a partir de propuestas aporte a la ruta crítica de reforma a la justicia en Bolivia.
Decálogo: El rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
DECÁLOGO
EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Considerando que la corrupción es un fenómeno global que debilita los sistemas democráticos, impide el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, que impacta por tanto a los derechos humanos en su integridad, y exacerba las desigualdades e inequidades en nuestras sociedades.
Acogiéndonos al llamado que hacen los organismos internacionales de derechos humanos a la sociedad civil organizada para participar activamente en la prevención, denuncia y lucha contra la corrupción en todos los niveles.
Reafirmando el compromiso de defensores y defensoras de derechos humanos con la democracia, el desarrollo sostenible de los pueblos en condiciones de igualdad y equidad, cuyo avance se ve obstaculizado por los hechos de corrupción, perpetuando la exclusión de grupos prioritarios en el goce efectivo de derechos, destruyendo la confianza ciudadana, minando la institucionalidad y el Estado de Derecho.
En el día Internacional de Lucha contra la Corrupción la sociedad civil organizada se compromete a promover acciones articuladas y sostenidas de prevención y lucha contra la corrupción en Bolivia, reconociendo un conjunto de premisas en materia anticorrupción a ser integradas en las agendas de defensa de los derechos humanos:
Participación Ciudadana y Acceso a la Información
- Asumir en cada espacio de trabajo y defensa de los derechos humanos, que la lucha contra la corrupción es una misión fundamental para garantizar el desarrollo igualitario y equitativo de las sociedades, fortaleciendo la democracia y el Estado de derecho.
- Reforzar acciones de incidencia y exigibilidad para la promulgación e implementación de una Ley de Acceso a la Información Pública acorde a los estándares interamericanos y la inclusión del Estado en la Alianza de Gobierno Abierto.
- Impulsar y promover la participación ciudadana en la gestión pública, a través del uso de la información para empoderar y mejorar el ejercicio del control social, en el camino a consolidar como como parte de la cultura de transparencia mediante: i) La promoción de contrataciones públicas abiertas, ii) La difusión y control interno en el financiamiento de partidos políticos, iii) La implementación de políticas de prevención del conflicto de intereses en todas las instancias públicas, iv) El buen uso de recursos públicos, v) El diseño de mecanismo de rendición de cuentas y difusión de información con base en los principios de buena fe y transparencia activa.
- Investigar y generar información para promover acciones de sensibilización, prevención y denuncia de los efectos de la corrupción en los derechos humanos, visibilizando de manera prioritaria los impactos diferenciados en grupos en situación de vulnerabilidad.
Acceso a la Justicia y Defensa de los Derechos Humanos
- Acompañar el funcionamiento y reformas al sistema de justicia, demandando la instauración de políticas de integridad y probidad en todas las instituciones, generando mecanismos de control social y auditorías jurídicas, observatorios, veedurías ciudadanas y acciones de incidencia propositiva para garantizar la independencia judicial, en el camino a consolidar una justicia independiente, transparente, abierta y con capacidad de responder a las necesidades de la población.
- Promover el uso del derecho como herramienta de transformación, lucha contra la impunidad para la obtención de respuestas ejemplares, efectivas e integrales contra la corrupción en todos los niveles del Estado.
- Generar respuestas articuladas y masivas de condena a agresoras y soporte a defensores/as de derechos humanos que sufran ataques, amenazas, represalias a causa de su labor de lucha y combate contra la corrupción.
Monitoreo a los compromisos del Estado en materia anticorrupción
- Demandar al Estado el fortalecimiento del marco normativo y el establecimiento de mecanismos expeditos para la protección de denunciantes, en especial defensores/as de Derechos Humanos, propiciando un entorno favorable al ejercicio de las libertades ciudadanas y garantías.
- Promover activamente la inclusión transversal de perspectivas de género, pluralidad, diversidad y condiciones de vulnerabilidad en el diseño e implementación de todas las medidas adoptadas para combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, reconociendo el impacto profundo y diferenciado de los efectos de este flagelo en grupos prioritarios.
- Establecer un compromiso articulado y sostenido de monitoreo al cumplimiento de los compromisos del Estado en materia anticorrupción, incluyendo el desarrollo de informes paralelos y el uso de los mecanismos previstos en los sistemas internacionales de derechos humanos.
Organizaciones de la sociedad civil se pronuncian demandando medidas estructurales para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
En el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la sociedad civil organizada y representada por redes, organizaciones, activistas y colectivos de derechos humanos, recuerdan al Estado boliviano que aún tiene una deuda pendiente para garantizar a las mujeres y niñas una vida
libre de violencia.
A pesar del mandato constitucional y la adopción de un marco normativo amplio para garantizar a las mujeres una vida libre sin violencia, en la práctica no se han logrado cambios significativos que encaminen al país hacia la erradicación de la violencia y cumplimiento de compromisos
internacionales en esa materia.
Por el contrario, las cifras indican que Bolivia es el país sudamericano con mayores tasas de feminicidio, que durante los primeros seis meses del año el sistema de salud registró cuatro embarazos de menores de 15 años por día y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia registró un promedio de 82 denuncias por violencia diariamente. A ello se suma una tasa de mora procesal que supera el 90% de las causas y la ausencia de medidas efectivas para lograr una respuesta oportuna del sistema judicial, lo cual agrava la situación de re victimización, sesgos y violencia sistémica que impacta en las víctimas y sus familias durante la judicialización de sus causas.
Existen grandes brechas entre la norma y la práctica. Las disposiciones de la Ley Nº 348 que obliga al Estado, en todos sus niveles, a desarrollar un abordaje integral, no sólo legal, de la violencia contra las mujeres y a la adopción de medidas y políticas con la asignación de los recursos económicos y humanos suficientes, no se ha cumplido en la proporción que esta problemática demanda al Estado.
Ante una debilidad institucional para afrontar la lucha contra toda forma de violencia por razón de género, las organizaciones de la sociedad civil:
- Exigimos al Estado en todos sus niveles a adoptar medidas basadas en evidencia y una evaluación integral de las medidas desarrolladas a la fecha, para fortalecer las respuestas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas, entre ellas, las de carácter preventivo que aborden las causas estructurales de la violencia y las desigualdades de género en todos los ámbitos, que incluya el uso de los medios de comunicación del Estado para generar conciencia ciudadana de rechazo y censura a la violencia contra las mujeres y las niñas.
- Solicitamos mayor socialización de los protocolos de atención existentes y la adopción de herramientas específicas de actuación y cooperación en el contexto de la pandemia, que permitan reducir los márgenes de vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a toda forma de violencia, incluida la declaración de los servicios de atención como esenciales, ante la posibilidad de un rebrote de la pandemia.
- Demandamos al Ministerio Público, Policía Boliviana, Órgano Judicial e Instituciones Promotoras de la Denuncia, garantizar la provisión de sus servicios con personal institucionalizado y especializado; la actuación de oficio y sin costos para las víctimas, así como la sustanciación de los
procesos sin dilaciones. Estas medidas deben considerar las brechas socioeconómicas, culturales, territoriales y tecnológicas que hoy confluyen como barreras en el acceso a la justicia.
- Exhortamos a las autoridades a incluir a la sociedad civil en cualquier escenario en el que se discutan, debatan y consensuen posibles reformas a la Ley Nº 348 y/o se adopten medidas para dinamizar su implementación, considerando la experiencia de trabajo y la información primaria que ha sido relevada para sustentar la agenda de reformas, incluidas aquellas aprobadas en la Cumbre Nacional de Justicia Plural que hoy son competencia de la Comisión creada por Ley Nº 898.
WEBINAR: Situación de la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia por la COVID-19
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
La Comunidad de Derechos Humanos, la misión para Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Alianza Libres Sin Violencia y Fundación CONSTRUIR tienen el agrado de invitarle a participar del webinar "Situación de la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia por la COVID-19" que será desarrollado el jueves 29 de octubre de 2020 a horas 10:30 a.m. (Bolivia).
Para registrarse y obtener el link de ingreso hacer ingresar al siguiente enlace: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1__l4IpTS9aP5_a2NnzubA
SOCIEDAD CIVIL DENUNCIA QUE AUTORIDADES DEL ÓRGANO JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO NO APLICAN PROTOCOLOS PARA JUZGAR E INVESTIGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
“Exigimos autoridades que asuman un compromiso con la transformación de la justicia”
Redes de instituciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y activistas abajo firmantes condenan fallo que niega la libertad condicional a una mujer con base en fundamentos formales y desapego a los precedentes vigentes en la normativa, la justicia constitucional y los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos.
CONVOCATORIA A FONDOS CONCURSABLES: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE CONFLICTO CON LA LEY EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SANTA CRUZ Y TARIJA
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
1. Antecedentes del proyecto
El proyecto “Restoring Justice: promoviendo modelos de servicios de acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad, procesos de reforma del sistema de justicia y la difusión del enfoque restaurativo en Bolivia desde la sociedad civil” es una iniciativa de un consorcio de socios formado por Fundación La Pazpara el Desarrollo y la Participación (FUDEP), Progettomondo.mlal (PMM), Centro de Voluntariado de Cooperación al Desarrollo (CVCS) y Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC); co-financiado por la Unión Europea.
La Sociedad civil solicita al Juzgado de Ejecución de Chuquisaca conceder la libertad condicional a una mujer sentenciada injustamente por asesinato hace 16 años
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
El día de mañana 29 de septiembre el Juzgado de Ejecución Penal de Sucre, deberá considerar la solicitud de Libertad Condicional de MAV (por sus iniciales), quien cumple una injusta sentencia desde hace 16 años por la muerte de su esposo.
Invitación a Diálogo Virtual Independencia Judicial en Bolivia: retos y prioridades para la reforma
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, La Misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Fundación CONSTRUIR, Fundación para el Debido Proceso, Fundación Tribuna Constitucional y la Comunidad de Derechos Humanos, tienen el agrado de invitarle a participar de Diálogo Virtual “Independencia Judicial en Bolivia: Retos y prioridades para la reforma” es una iniciativa para promover el debate, el intercambio de buenas prácticas, ideas e investigaciones sobre la justicia en Bolivia, que será desarrollada el jueves 1 de octubre de 2020 a horas 10:00 a 12:00 Bolivia; 11:00 a 13:00 Brasil; 09:00 a 11:00 Perú.
Para registrarse y obtener el enlace de ingreso por favor acceder al siguiente link:
Sociedad Civil se pronuncia
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
SOCIEDAD CIVIL SE PRONUNCIA EXIGIENDO LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19
CARTA ABIERTA: SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA PIDE DIÁLOGO NACIONAL PARA LA ADOPCIÓN DE UN PACTO DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN BOLIVIA
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos HumanosOrganizaciones de derechos humanos, redes, plataformas y colectivos de la sociedad civil organizada, manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de violencia extrema, intolerancia y estigmatización que por durante los 25 días de conflicto ha venido fragmentando la esencia de la sociedad boliviana y los valores democráticos bajo los cuales se estructura el Estado Plurinacional de Bolivia.
Ante este contexto, demandamos a los Órganos Legislativo y Ejecutivo la voluntad política necesaria para llevar adelante un dialogo genuino entre todos los actores representativos, dejando atrás las posiciones inflexibles que nos han llevado hasta este extremo y al habérsenos negado la posibilidad de contar con un proceso electoral transparente que garantice el respeto de la decisión soberana transmitida en las urnas, pedimos se adopte un pacto de transición democrática, condición indispensable para devolver la paz y preservar la unidad de la población boliviana.
Las organizaciones firmantes de esta carta abierta proponemos:
- La conformación de un Tribunal Supremo Electoral Ad hoc: Derivada de una ley especial que adopte un procedimiento público, basado en méritos y con apertura al escrutinio público que permita conformar un Tribunal Supremo Electoral compuesto por vocales idóneos e imparciales, de amplia trayectoria y capacidad profesional.
- La convocatoria inmediata a unas nuevas elecciones nacionales libres, justas y transparentes: Se deberá reconducir el nuevo proceso eleccionario, garantizando las condiciones de equidad e integridad en la competencia electoral, así como las medidas necesarias para restituir la institucionalidad democrática en el país.
- La conformación de un mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos: Con la misión urgente de adoptar todas las medidas necesarias para impedir agresiones a la vida, integridad, vivienda y ejercicio de la libre expresión, de todas las personas que actualmente están en situación de riesgo, especialmente defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígena, originario, campesinos, dirigentes sindicales, vecinales, así como autoridades en el marco de las funciones que cumplen para brindar salidas a esta crisis.
- El respeto a la libertad de prensa e información, por cuanto tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que, en principio, todos los discursos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, independientemente, de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten. La presunción general de cobertura tiende a proteger no sólo la difusión de las ideas e informaciones que sean recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también de las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población, puesto que así lo exigen los principios de pluralismo y tolerancia propios de las democracias[1].
- El uso proporcional de la fuerza y las armas de fuego por parte de la Policía y Fuerzas Armadas por cuanto éste está regido por el principio de protección a la vida, ya que su uso será legítimo, proporcional y necesario sólo si es el último recurso disponible para proteger otra vida, y por ende, su empleo no será justificado cuando se busca proteger la propiedad, evitar lesiones leves, o restablecer el orden público[2].
- La conformación de un mecanismo de justicia transicional y averiguación de la verdad: para otorgar verdad y justicia a la población boliviana sobre los hechos de violencia y delitos electorales suscitados en el país. Dicho mecanismo, de manera independiente e imparcial, deberá investigar, judicializar, sancionar y reparar a las víctimas, devolviéndoles su dignidad y asentando las bases para un compromiso renovado del Estado con la seguridad y los derechos humanos de las personas. La memoria histórica de estos hechos y las medidas adoptadas evitará que vuelvan a suscitarse a futuro lesiones como las generadas por esta crisis y constituirá la base emblemática que permitirá al país avanzar en el desarrollo de los compromisos de derechos humanos.
- Concretar una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Bolivia: En el marco de la solicitud que hizo el Estado boliviano a este órgano del sistema interamericano de derechos humanos en la última sesión de la OEA donde se trató el tema de Bolivia. Solicitamos concretar la petición y anuencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el desarrollo de una visita in loco al país que permitirá recomendaciones vinculantes para que el Estado cumpla con los compromisos en materia de derechos humanos, a ser observadas por el nuevo gobierno derivado del próximo proceso eleccionario.
- Adoptar las medidas necesarias para restituir la unidad de la sociedad: Incluyendo el desarrollo de una campaña para combatir la desinformación, y promover los valores democráticos de tolerancia, respeto a la diversidad, interculturalidad y pluralismo en el marco de los valores, principios y fines del Estado Plurinacional entre ellos las libertades fundamentales, el principio de laicidad, la despatriarcalización y descolonización con justicia social.
Las autoridades del Órgano Ejecutivo y asambleístas del Órgano Legislativo, deben asumir el importante desafío y responsabilidad de devolver la institucionalidad democrática, la protección de los derechos humanos y el respeto a los principales valores fundantes del Estado Plurinacional.
Bolivia, 18 de noviembre de 2019
Coordinadora de la Mujer-Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – ONG Realidades – Oficina Jurídica para la Mujer – Construyendo Redes para el Desarrollo - Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE – Agencia de Noticias Fides (ANF) – ERBOL- Fundación Jubileo - Fundación Tribuna Constitucional - Observatorio de Derechos – Instituto de Desarrollo y Gobernabilidad – PROCAP – Consorcio Boliviano de Juventudes (CONBOJUV) – Asociación Boliviana de Ciencias Políticas (ABCP) – Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia – Foro Político de Mujeres - Fundación Igualdad LGBT – Fundación IVI MARAEI – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – Confraternidad Carcelaria Cochabamba – Fundación Paz y Esperanza – SALVAGINAS Colectivo Feminista – Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) – Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia (CNTPC) – Instituto de Formación Femenino Integral (IFFI) – Casa de la Mujer – Comité Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia (CNMTPCP) – Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) – Red de Mujeres y Minería – Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH Bolivia – Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar Bolivia (FENATRAHOB) – Comité Nacional de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia – Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia del Estado (ITEI), Defensa de Niñas y Niños Internacional – Bolivia (DNI – Bolivia) – Libertades Laicas – Fundación TUTATOR Bolivia – Colectivo GLBTI del Sur – Federación de las Diversidades Sexuales y de Género de Tarija – Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Observatorio Infanto Juvenil de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) – Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba - Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social (IIPS) – Colectivo Rebeldía- Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación (RED-ADA) – Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) – Centro de Servicios Agropecuarios Técnicos de Chuquisaca (CESATCH) - Asociación Colmena Juvenil – Psinergia Bolivia – Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) – Movimiento de Educadores Populares – Bolivia (MEPB) – Asociación de Mujeres JUMAMPI LURATA – Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia – ADESPROC Libertad - Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN Bolivia) – Asociación con Alas Propias (ASCAP)
Defensores de Derechos Humanos
Marco Mendoza- Verónica Sandi- Mario Mazzoleni- Vivian Schwartz – Roberto Simoncelli – Ana María de la Fuente – Sonia Soto – Kathia Saucedo – Janeth Torrez- Juan Carlos Balderas.
[1] Corte IDH, Caso Herrera Ulloa, párr. 113; Caso Ivcher Bronstein, párr. 152; Caso "La Ultima Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros), párr. 69; Caso Ríos y otros, párr. 105; Caso Perozo y otros, párr. 116, CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprobado en el 88º período de sesiones.
[2] CIDH, Audiencia sobre Protesta social y derechos humanos en América. 154 período ordinario de sesiones. 16 de marzo de 2015.
More...
SOCIEDAD CIVIL BOLIVIANA HACE UN LLAMADO A PACIFICAR EL PAÍS EN OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
Las redes y organizaciones de defensa de los derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por la escalada de la violencia y expresiones de intolerancia desencadenadas en Bolivia desde hace 25 días en diferentes etapas previas y posteriores a la elección y que se han exacerbado en los últimos días.
Lamentamos que los conflictos hasta la fecha hayan dado como resultado un número de 23 muertos y 715 personas heridas[1] en todo el país siendo prioritaria la investigación exhaustiva de todos los hechos producidos desde el inicio del conflicto en Bolivia.
Condenamos los discursos de odio e incitación a la violencia que han buscado estigmatizar el derecho a la manifestación pacífica de la población y la demanda de sus derechos y pretensiones, desde el inicio del periodo post eleccionario hasta el presente, así como cualquier expresión que menoscabe, amenace y busque restringir el ejercicio de las libertades fundamentales de la ciudadanía.
Manifestamos nuestra preocupación por la promulgación del Decreto Supremo N° 4078 relativo a la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de conservación de orden público y defensa de la sociedad en apoyo a la Policía Boliviana en el marco del conflicto actual del país, puesto que si bien es cierto que el mencionado decreto se ampara en la misión constitucional y legal que tienen las fuerzas del orden de contribuir a la seguridad y bienestar del pueblo boliviano, advertimos que éste puede enviar un mensaje equivocado a los agentes de la fuerza pública y recordamos que las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos, son de aplicación preferente en el orden interno, por lo que, aún en casos en los que se estime que se haya actuado en el marco de la legítima defensa y estado de necesidad, ellos deben ser investigados a fin de que sea una autoridad jurisdiccional la que determine la existencia o no de responsabilidad penal, no pudiendo eximirse de ella a los agentes públicos en abstracto, mediante un decreto.
Hacemos eco del llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales pacíficas, debiéndose también garantizar que no exista un uso indiscriminado de la fuerza.
Demandamos a los sectores movilizados no incurrir en acciones violentas y hostigamiento contra la ciudadanía y se eviten enfrentamientos que deriven en más muertos y heridos, así como la toma de rehenes civiles, policiales o militares. Genera preocupación que algunos manifestantes utilicen explosivos y armas letales en contra de las fuerzas del orden y la ciudadanía.
Demandamos, a las autoridades, fuerzas del orden y manifestantes, garantizar el acceso a la asistencia médica de las personas heridas. Hacemos un llamado especial para el caso de personas detenidas a quienes se les debe brindar un trato digno y permitir sin ninguna barrera legal, el acceso a la atención de su salud, tratamiento médico, dotación de medicamentos y valoración médico forense.
Condenamos todos los actos de violencia, humillaciones públicas y hostigamiento suscitados contra líderes de organizaciones sociales, representantes de instituciones, autoridades, y periodistas, durante el desarrollo del conflicto, en franca vulneración de sus derechos fundamentales y su dignidad como personas.
Denunciamos que representantes y trabajadores de algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones comprometidas con los derechos humanos han sufrido amenazas contra su seguridad y vida, así como la de sus familias. Por lo que exigimos garantías y condiciones para continuar con su labor y ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se requiere también no limitar su actuación y asistencia a personas afectadas o detenidas durante los conflictos.
Exigimos en esta vía, se adopten todas las medidas para garantizar la institucionalidad necesaria de atención a las denuncias, prestación de garantías, defensa legal y protección de las personas que estén en riesgo y sus familias. En especial, debe observarse el cumplimiento de todos los estándares internacionales de derechos humanos relativos al tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, en especial la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Repudiamos los ataques que se han producido a las viviendas de dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, organizaciones sociales y organizaciones políticas, así como el saqueo y destrucción de propiedad privada y los ataques a predios de instituciones públicas, y la destrucción de bienes del Estado producidos durante estas semanas de conflicto. La Policía debe continuar resguardando la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas evitando actos vandálicos por parte de grupos que protagonizan acciones delincuenciales, aprovechando la coyuntura.
Demandamos acelerar el proceso de Dialogo Nacional entre los actores políticos, sociales y cívicos para lograr la pacificación del país y restituir de forma inmediata las condiciones de convivencia pacífica y armónica entre bolivianos, tomando para ello las decisiones legales y políticas que sean necesarias para viabilizar la pronta realización de las nuevas elecciones generales
Bolivia, 18 de noviembre de 2019
Coordinadora de la Mujer-Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – ONG Realidades – Oficina Jurídica para la Mujer – Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE – Fundación Tribuna Constitucional - Observatorio de Derechos – Foro Político de Mujeres – Fundación Igualdad LGBT – Fundación IVI MARAEI – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia- Confraternidad Carcelaria Cochabamba – Fundación Paz y Esperanza – SALVAGINAS Colectivo Feminista – Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) – Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia (CNTPC) – Instituto de Formación Femenino Integral (IFFI) – Casa de la Mujer – Comité Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia (CNMTPCP) – Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) – Red de Mujeres y Minería – Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH Bolivia – Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar Bolivia (FENATRAHOB) – Comité Nacional de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia – Derechos en Acción – Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia del Estado (ITEI), Defensa de Niñas y Niños Internacional – Bolivia (DNI – Bolivia) – Libertades Laicas – Fundación TUTATOR Bolivia – Agencia de Noticias Fides (ANF) – Consorcio Boliviano de Juventudes (CONBOJUV) – Colectivo GLBTI del Sur – Federación de las Diversidades Sexuales y de Género de Tarija – Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Observatorio Infanto Juvenil de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) – Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba - Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social (IIPS) – Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación (RED-ADA) – Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) – Centro de Servicios Agropecuarios Técnicos de Chuquisaca (CESATCH) - Asociación Colmena Juvenil – Psinergia Bolivia – Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) – Movimiento de Educadores Populares – Bolivia (MEPB) – Marie Stopes – Asociación de Mujeres JUMAMPI LURATA – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) – Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia – ADESPROC Libertad – Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN Bolivia) – Asociación con Alas Propias (ASCAP) – ERBOL- Construyendo Redes para el Desarrollo.
Defensores de Derechos Humanos
Marco Mendoza- Verónica Sandi- Mario Mazzoleni- Vivian Schwartz – Roberto Simoncelli – Ana María de la Fuente – Sonia Soto – Kathia Saucedo – Janeth Torrez- Juan Carlos Balderas
[1] EFE, La CIDH eleva a 23 los muertos y 715 los heridos en la crisis de Bolivia, disponible en línea: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-eleva-a-23-los-muertos-y-715-heridos-en-crisis-de-bolivia/20000013-4112715?fbclid=IwAR2c2XczMynCJSFOqbA6xq5FYyav-89sKa1xXpsmLrQc1TFkprKOGU1Qmiw
Pronunciamiento Público de la Sociedad Civil Organizada
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
Pronunciamiento Público de la Sociedad Civil Organizada sobre Proyecto de Ley 415/219-2020 "Ley de Modificación a la Ley 1173 de 03 de mayo de 2019, Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres"
Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional - Separata
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia es una articulación de redes y plataformas de la sociedad civil organizada, comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos y el acceso a la justicia que desde mayo de 2017, han coordinado esfuerzos, conocimientos y acciones para monitorear el proceso de elección judicial.
Evaluación y Preselección de Candidatos/as al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos“Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia” - Informe Final - Evaluación y Preselección de Candidatos/as al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional
Antecedentes y contexto:Desde la aprobación del nuevo texto constitucional, Bolivia viene impulsando un proceso de reformas normativas, institucionales, estructurales, que no han logrado solucionar la crisis judicial signada por el formalismo, la sobrecarga procesal, la falta de institucionalidad y transparencia, poca credibilidad de la ciudadanía, falta de efectividad y capacidad para garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía.