El Senado conforma Tribunal para juzgar a cuatro miembros de la Magistratura
Los cuatro miembros del Consejo de la Magistratura son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por vulnerar los derechos de una persona a la que le negaron ejercer el cargo de juez a pesar de haber sido elegido.
El pleno de la Cámara de Senadores se constituyó en Tribunal de Sentencia para el juicio de responsabilidades contra cuatro miembros del Consejo de la Magistratura acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El Senado dictó el auto de radicatoria del caso y determinó que el tribunal se conforme con los senadores titulares y suplentes, que estarán presididos por el oficialista Milton Barón.
Los magistrados Cristina Mamani, Gonzalo Triveño, Wilma Mamani y Freddy Sanabria son acusados por vulnerar los derechos de un ciudadano al que le negaron ejercer el cargo de juez a pesar de haber sido elegido.
En lo que resta de esta semana se procederá con la notificación a los acusados, quienes fueron suspendidos de sus cargos en una sesión legislativa de diciembre que dio paso al proceso.
Diputados suspende a 4 miembros de la Magistratura y da paso a juicio de responsabilidades
En un juicio de responsabilidades, de acuerdo a la ley 044, la Cámara de Diputados hace el papel de acusador o Fiscalía, y el Senado de Tribunal de Sentencia. Ahora el caso pasó al Senado, que deberá instalar el juicio de responsabilidades que podría liberar de culpa a los acusados o destituirlos del cargo enviando archivos a la justicia ordinaria.
Eloy Felipe Toledo Yana, es el denunciante y explicó en una anterior oportunidad que la consejera Mamani afirmó con insistencia que éste no fue posesionado en el cargo de juez porque había una denuncia en su contra, una premisa que quedó desvirtuada.
Carga procesal
La retardación de justicia en Bolivia no solo tiene el lamentable efecto de tener los centros de reclusión del país en condiciones de hacinamiento, sino también a los juzgados llenos de causas que, en las condiciones actuales, tardarán muchos años en resolverse. Tómese por ejemplo el caso de La Paz, donde hasta noviembre de 2016 había más de 270.000 juicios.
En efecto, de acuerdo con estimaciones del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en 2015 se contabilizó casi 300.000 juicios, lo que significó un incremento de casi 15.000 con relación a 2014 y 87.000 más que en 2013.
Para la Presidenta del TDJ paceño, estas cifras tienen como origen la falta de personal, recursos e infraestructura que padece el Órgano Judicial. Así, de acuerdo con la citada autoridad, la principal causa de la retardación de justicia en los tribunales paceños es la falta de equilibrio entre la cantidad de causas y trámites judiciales, y el número de administradores de justicia: los más de 270.000 procesos contabilizados debieron ser atendidos por apenas 240 jueces y 17 vocales.
Según los datos que aquí se citan, la mayor parte de los juicios en La Paz son de materia penal y atendidos por 90 jueces, lo que significa que cada magistrado debe resolver unos 1.125 procesos cada día; el resto de los juicios son de materia civil y familiar. Entre las causas para esta sobrecarga de trabajo para los jueces está, además de la acumulación de casos a lo largo de los años (derivada, entre otros aspectos, de las prácticas de jueces y litigantes, que incluyen diversos mecanismos de retardación comúnmente llamados “chicanas”), una marcada tendencia a la judicialización de los conflictos entre partes.
Coincide con esta idea el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien en una entrevista con La Razón reconoció que “existen malas prácticas forenses, eso es indudable y es un mal que aqueja al sistema de Justicia desde hace bastante tiempo”, agregando que “esa situación hace que la labor y el compromiso profesional y ético de la mayoría de los abogados se vea opacado e incluso absorbido por esas malas prácticas”.
Precisamente por ello, al inicio del año judicial el Presidente del Estado anunció nuevas leyes destinadas a sancionar a jueces y abogados que se dediquen a esas prácticas. Sin embargo, la máxima autoridad del Órgano Judicial opina que esas medidas “requieren de una mayor precisión para su aplicación”.
Finalmente, todas las autoridades judiciales coinciden en que la solución a la mora procesal pasa, además de nuevos y mejores códigos, por asignar más presupuesto al Órgano Judicial; el Presidente del TSJ pide al menos el 3% del Presupuesto General del Estado, tema que sin duda seguirá siendo el gran asunto pendiente en el debate público, lo cual permite suponer que la verdadera transformación de la Justicia boliviana está todavía lejana.
Consejo de la Magistratura reducirá 52 ítems
La reducción de 52 ítems en todo el país dependientes del Consejo de la Magistratura de manera inmediata y la puesta en marcha del Plan Sectorial de Justicia del Gobierno a mediano plazo, son las vías que podrían derivar en la creación de más juzgados.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, dijo que son las capitales de departamento donde se necesitan más jueces debido al crecimiento de la carga procesal a causa del mayor número de habitantes en comparación con el área rural.
Oficializó que el Consejo de la Magistratura se desprenderá de 52 ítems en el ámbito nacional para que con esos recursos se creen ítems para el área jurisdiccional, aunque por ahora no precisó cuántos. Sostuvo que se están trabajando los informes técnico-jurídicos.
Choque informó que espera que el Gobierno asigne más recursos para la creación de más ítems de jueces, una vez que entre en marcha el Plan Sectorial de Justicia, que se espera sea en el transcurso de este mes, según le informó la ministra de Justicia, Virginia Carrasco.
Multarán con hasta Bs 3.610 a los abogados que falten a audiencias
Mediante un proyecto de ley remitido a la Asamblea Legislativa, el presidente Evo Morales propone que la inasistencia injustificada de los abogados a un determinado acto procesal sea castigada con multa de hasta 3.610 bolivianos. Esa sanción será impuesta por la autoridad judicial que atienda la causa. Y, ante la inasistencia por dos veces consecutivas del representante, se establece que la autoridad designe de inmediato a un abogado de oficio.
La propuesta está en uno de los cuatro proyectos de ley que el Mandatario envió a la Asamblea para promover cambios en el sistema judicial del país, tras la Cumbre Nacional de Justicia, realizada el 10 y 11 de junio del año pasado en Sucre. El documento, en manos de la Cámara de Diputados, introduce un artículo a la Ley 025 del Órgano Judicial que dispone que “las autoridades judiciales, durante las actuaciones procesales podrán imponer sanciones a las y los abogados y a las partes para el correcto desarrollo del proceso” en casos determinados.
El anteproyecto especifica que la inasistencia injustificada a un acto procesal será sancionada con multas pecuniarias de hasta dos salarios mínimos nacionales, lo que equivale a 3.610 bolivianos tomando en cuenta que el salario mínimo vigente es de 1.805 bolivianos. “En caso de inasistencia injustificada por dos veces consecutivas de la abogada o abogado a algún actuado procesal, la autoridad judicial de forma inmediata designará abogada o abogado de oficio”, se lee en el texto.
Según la propuesta, la sanción también se aplicará a quienes agredan verbalmente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las partes o presentes en un acto procesal; que usen expresiones agraviantes o difamatorias en un escrito o actuado procesal; que realicen citas doctrinales o jurisprudenciales falsas; y que obstaculicen el desarrollo del proceso “de forma maliciosa”. El artículo adicional propuesto para la Ley 025 establece que se castigue con hasta ocho horas de arresto a los juristas y a las partes que agredan físicamente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las otras partes o personas presentes en el acto procesal; y que asistan a un actuado procesal en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias controladas.
SUSPENSIÓN Por otro lado, el proyecto plantea modificaciones a la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía, endureciendo las sanciones para los abogados en proporción a la gravedad de las infracciones tipificadas, incrementando las multas económicas y la suspensión en el ejercicio de la profesión “no solo con el fin punitivo, sino más bien con un propósito intimidatorio, que no permite la reincidencia de faltas a la ética profesional ni la deslealtad al patrocinado”.
En ese sentido, la propuesta fija para las faltas gravísimas una suspensión de dos a cinco años y multa de diez salarios mínimos (18.050 bolivianos). Introduce además la cesación temporal de funciones de seis a 10 años para la reincidencia de una infracción gravísima cometida dentro de los 365 días de cumplida la primera sanción.
Para las faltas graves, en el proyecto se mantiene la suspensión de uno a doce meses, pero se incrementa la sanción económica a un pago de siete a 12 salarios mínimos (hasta 21.660 bolivianos), cuando al momento el castigo es de dos a seis salarios mínimos (hasta 10.830 bolivianos).
Para las faltas leves, el proyecto dispone multas de dos a seis salarios mínimos, endureciendo la disposición vigente que establece una llamada de atención y la multa de un salario mínimo.
El 89 por ciento del presupuesto de justicia es para pagar sueldos
El 89 por ciento del presupuesto 2017 del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba esta destinado al pago de sueldos del personal.
De los 81 millones de bolivianos que se tienen previstos para está gestión, y que todavía deben ser aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al menos 72 millones serán invertidos en la planilla del personal, el restante es para el pago de servicios, alquileres de oficinas, compra de insumos como papel y tonner y adquisición de computadoras e impresoras.
El responsable de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial, Freddy Pinto, informó que un juez gana un promedio de 12 mil bolivianos al mes, mientras que un secretario unos 3.800 y un oficial de diligencias cerca de 2.000 bolivianos.
En total, el TDJ en Cochabamba tiene 900 funcionarios, de los cuales, 173 son jueces, 527 son secretarios, oficiales de diligencia y asistentes, pero también está el personal del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y de la DAF.
En 2016, el TDJ contaba con un presupuesto de 89 millones de bolivianos, que de manera similar fueron distribuidos aproximadamente en un 90 por ciento al pago de sueldos, dijo.
Según Pinto, los números demuestran que el Tribunal no cuenta con más recursos para contratar personal y que este año ya se tuvo que hacer una reducción en la adquisición de algunos activos reales como computadoras para evitar que haya un desfase.
El presidente del TDJ de Cochabamba, Rudy Siles, solicitó el pasado viernes que los recursos sean incrementados para aumentar el personal que es, según la autoridad el principal problema que se tiene para eliminar la mora procesal. Esta gestión Cochabamba inició con 71.375 casos pendientes del 2016.
Un juez en Cochabamba resuelve hasta dos casos por día.
ALQUILAN OFICINAS Ante las denuncias de la compra de inmuebles por parte de los tribunales departamentales que hizo la ministra de Justicia, Virginia Velasco, el representante de la DPA indicó que en Cochabamba no se adquirió ningún inmueble desde el 2014 y que de manera contraria hace falta presupuesto para este fin.
“En la ciudad Cochabamba deben ser unas 15 oficinas que estamos alquilando para algunos juzgados. No tenemos infraestructura”, dijo.
Aseguró que se ha pedido a la Alcaldía de Cochabamba la colaboración para un comodato o un terreno para que se puedan construir nuevas oficinas.
Lo mismo sucede en provincias donde tampoco hay edificios propios y muchos funcionan bajo la modalidad de comodato.
Un ejemplo es lo que sucede con las oficinas de los juzgados de Quillacollo que ya quedaron pequeñas y pese a que la Alcaldía ya les ofreció un terreno en comodato no hay recursos para iniciar una construcción.
Eligieron nuevo presidente del Tribunal Agroambiental
El magistrado Javier Peñafiel fue elegido como el nuevo presidente del Tribunal Agroambiental (TA) y reemplazará en este cargo a Lucio Fuentes, reportó radio Aclo de la Red ERBOL.
El decano del TA, Ricardo Soto, informó que en Sala Plena fuentes puso en consideración la elección de un nuevo presidente y se eligió a Peñafiel con cinco de siete votos.
Soto destacó que la elección se hizo de manera "caballerezca”, y no con los problemas que hubo en el pasado cuando las constantes pugnas al interior de esta entidad provocaron que incluso en algún momento tenga dos presidentes paralelos.
Peñafiel asumirá el próximo lunes 16 de enero.
Los actuales magistrados cumplen este 2017 con su última gestión en el cargo. Este año se prevé realizar nuevas elecciones para renovar a las autoridades judiciales.
Corte de personal y sueldos correría a partir de febrero
El Consejo de la Magistratura espera aplicar la reducción de personal y disminución de sueldos y salarios a partir del próximo mes, una vez que el proyecto de reestructuración esté listo esta semana y sea después aprobado por el Ministerio de Economía. En tanto, su Presidente confirmó el despido de al menos 40 funcionarios en cargos de confianza correspondiente a los cuatro nuevos consejeros.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, manifestó que la reducción de ítems y salarios en un 15% para favorecer al área jurisdiccional está en marcha y que se espera un informe técnico-jurídico a más tardar para mañana, miércoles.
En algunos casos explicó que la reducción de salarios se aplicará con la eliminación de cargos jerárquicos para convertirlos en técnicos, toda vez que hubo quejas del área jurisdiccional en el sentido de que un administrativo gana más que un juez.
Choque dijo que una vez que el informe esté aprobado por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, se pasará al Ministerio de Economía para su aprobación y ejecución. Se espera que los dos pasos se cumplan este mes y la aplicación de los cambios a partir de febrero
Con relación a los despidos, reafirmó que los mismos corren a partir de la asunción de funciones de los nuevos consejeros en cargos que habitualmente se conocen como de confianza. En ese sentido, precisó que cada uno de los consejeros tiene a diez funcionarios en el entorno de su confianza.
Alistan tribunal que juzgará a consejeros de la magistratura
Destituyen a responsable del Consejo de la Magistratura de La Paz
El TSE y la ALP incluyen en sus agendas las elecciones judiciales para el 2017
El Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional prevén en sus agendas de 2017 el proceso de selección de postulantes y la organización de las elecciones judiciales para renovar a todas las altas autoridades del Órgano Judicial.
De acuerdo a la Ley del Régimen Electoral se requiere de 150 días para la organización de todo el proceso. La Asamblea Legislativa tiene 60 días para la selección de aspirantes y el TSE se toma 90 días para organizar el acto electoral.
El vocal del TSE, José Luis Exeni, manifestó a ANF que es uno de los "procesos sustantivos" en la agenda del organismo electoral, porque les plantea desafíos para superar la "experiencia semifallida" de la anterior gestión de vocales del TSE.
Mientras que la presidenta del organismo electoral, Katia Uriona, en el acto de la rendición de cuentas aseguró que se darán todas las garantías en la administración de este proceso. "Para alcanzar este fin, la Sala Plena está trabajando en la conformación de una Dirección de Procesos Electorales, que estará encargada de gestionar, todos los sistemas que se están implementando, los cuales permitirán estandarizar y dar seguridad a la población sobre la administración de los diferentes procesos electorales y referendarios", afirmó.
Por su parte, el presidente del Senado calcula que entre febrero o marzo la Asamblea Legislativa iniciará su trabajo en torno a este tema, no quiso adelantarse a decir que se modificará el reglamento, pero anticipó que se tienen que priorizar los criterios meritocráticos.
"En febrero podríamos trabajar los criterios y procedimientos y protocolos para la elección, desde las convocatorias, las limitaciones (para los postulantes) todo eso que tiene que ver con la selección", informó Gonzales.
Exeni considera que esta es "la etapa central es la preselección de candidatos donde está pendiente una ajuste al reglamento privilegiando los méritos, la probidad, la experiencia aprobada en la Cumbre de Justica".
El 16 de octubre de 2011 fueron elegidas las altas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura, por voto popular, de listas que fueron preseleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en medio de denuncias de la oposición que el oficialismo eligió a sus candidatos.
Además, de las elecciones judiciales el TSE tiene previsto llevar adelante el tercer referéndum aprobatorio de Cartas Orgánicas que se realizará el 9 de julio. Hasta la fecha hay 22 alcaldías que hicieron su solicitud, pero Exeni considera que hasta el 31 de marzo cuando se lance la convocatoria se pueden registrar otras entidades autónomas.
Mientras que Uriona también dijo que para este año está previsto realizar consultas a diferentes sectores de la población para construir y presentar ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de partidos políticos.
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Tribunal de Justicia de La Paz resolvió 47% de la carga procesal
De acuerdo con el informe preliminar, hasta el 15 de noviembre de 2016 en juzgados de La Paz, El Alto y provincias del departamento, se atendieron un total de 267.000 causas y trámites judiciales. De esa cantidad, se han resuelto 124.887 causas y trámites judiciales, es decir, el 47 por ciento, informó la presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Carmen del Río Quisbert.
“El Año Judicial 2016 ha sido intenso para los 17 vocales, 240 jueces y los cerca de 1.000 funcionarios jurisdiccionales y administrativos que prestamos servicios en las 20 provincias del extenso departamento de La Paz”, afirmó Quisbert en su discurso.
La autoridad señaló que en la pasada gestión se tuvo varios desafíos en relación a la aplicación de un nuevo marco normativo en área civil y las propuestas que fueron llevadas a la Cumbre de Justicia.
En 2016, el TDJ gestionó cerca de 10.000 trámites entre solicitudes institucionales y particulares y otra gran variedad de trámites. Sala Plena, atendió cerca de 2.500 trámites entre Casos de Corte, Procesos Contenciosos Administrativos, Conflictos de Competencias positivos y negativos, diligenciamiento de provisiones citatorias, compulsorias y ejecutorias; posesión de jueces, designaciones, rotaciones y renuncias de personal subalterno.
“En total, la presidencia y Sala Plena del TDJ han atendido un movimiento general de 13.000 trámites en los 12 meses de la pasada gestión”, detalló Quisbert.
142.000 CAUSAS PENDIENTES
Sin embargo, expresó que resulta preocupante que, como ha ido ocurriendo en los últimos cuatro años, para este 2017 se tiene cerca de 142.000 causas pendientes de resolución en todos los juzgados.
INDEPENDENCIA
En este sentido, Quisbert afirmó que una de las razones de esta mora procesal tiene relación con el bajo presupuesto con el que cuenta el Poder Judicial, por lo que solicitó realizar y extremar esfuerzos para que las autoridades de la Dirección Nacional del Departamento Administrativo y Financiero del Órgano Judicial y la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, “garanticen nuestro presupuesto” con el cual por ejemplos se tiene proyectado concluir la construcción de una mejor infraestructura y la contratación de personal.
Remarcó que luego de un proceso de análisis, el TDJ concluyó que el cambio judicial será posible con el fortalecimiento de la “independencia institucional y la autonomía económica del Órgano Judicial”.
La presidenta del TDJ de La Paz, sostuvo que una mayor asignación presupuestaria para el Órgano Judicial definida por Ley del Estado, será la medida que viabilizará también el desarrollo de una carrera judicial que asegure la estabilidad de los jueces y resguarde su independencia interna y externa para una mejor administración de justicia.
PASTOR MAMANI
El informe de la autoridad se dio en el marco de su discurso en el acto de inauguración del año judicial en La Paz, acto que no contó con la presencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, quien fue criticado por las afirmaciones que hizo el pasado miércoles, donde se declaró “admirador” del presidente Evo Morales, y expresó su respaldo para abrir la Constitución Política del Estado en el marco del proceso de cambio, con el fin de mejorar la administración de justicia, dejando en entredicho la independencia de poderes.
Hay despido de personal por cambio de consejeros
El despido de funcionarios del Consejo de la Magistratura debido al cambio de cuatro consejeros está en marcha, aunque oficialmente no se conoció el número. Fuentes confiables sostuvieron que se trataría de unos 40 empleados.
De hecho, los primeros en ser despedidos están ligados a los cargos de confianza (asistentes y auxiliares) que cada consejero suele tener para desarrollar sus actividades. El viernes, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, dijo que esa es una situación "normal" y que la decisión estaba en cada uno de los consejeros.
La semana pasada, asumieron funciones en su calidad de consejeros suplentes Juan Orlando Ríos, Roxana Orellana, Oswaldo Patiño y Magdalena Alanoca en reemplazo de los titulares Cristina Mamani, Wilma Mamani, Roger Triveño y Freddy Sanabria, que fueron suspendidos por la Cámara de Diputados por supuesto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Choque recalcó que todos los ítems para personal de confianza serán restituidos con la contratación de nuevo personal a cargo de los nuevos consejeros.
El Presidente del Consejo de la Magistratura manifestó que al margen del cambio de personal, la institución trabaja en un plan de reducción de personal, que podría afectar del 10 al 15% de los ítems.
Explicó que este plan contempla elaborar una nueva estructura administrativa en el Consejo de la Magistratura y en el Tribunal Agroambiental para beneficiar al área jurisdiccional.
Sostuvo que el plan podría estar concluido en lo que va de la presente semana, para comenzar con su ejecución de manera inmediata. Una vez se tenga claro cuánto de dinero se logrará ahorrar, el Consejo creará nuevos ítems para juzgados en todo el país.
Aclaró que el plan no sólo implica la reducción de personal en todo el país sino también de salarios, pues hay jefes y técnicos que tienen salarios más altos que algunos jueces.
REESTRUCTURACIÓN
Con la llegada de los nuevos consejeros, la Sala Plena reestructura sus salas operativas de la siguiente manera: Sala Disciplinaria compuesta por Juan Orlando Ríos y Roxana Orellana; Sala de Control y Fiscalización conformada por Oswaldo Patiño y Magdalena Alanoca.
Un juez en La Paz debe atender 1.125 juicios al día
“Con esto cada juez tiene en promedio una carga de 1.125 causas, humanamente imposible de atender ni siquiera trabajando las 24 horas de los 365 días al año”, sostuvo la presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río Quisbert.
Hasta noviembre de 2016 se contabilizaron 270.000 juicios en La Paz, lo que según el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) significa que cada juez debe atender al menos 1.125 casos por día. Esta carga procesal es identificada como uno de los factores de la retardación en los estrados judiciales.
La presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río Quisbert, dijo a La Razón que la cifra es una muestra de la mora procesal que existen en los juzgados paceños, hecho que cada año -afirmó- va en crecimiento por la falta de personal, recursos e infraestructura.
Hasta el 15 de noviembre sobrepasaron las 270.000 procesos, que deben ser atendidos por 240 jueces y 17 vocales. Los datos restantes de parte de noviembre y diciembre se los dará a conocer hasta fin de este mes.
“ Con esto cada juez tiene en promedio una carga de 1.125 causas, humanamente imposible de atender ni siquiera trabajando las 24 horas de los 365 días al año”, sostuvo. Más datos sobre esta temática los encuentra en la edición impresa de este medio.
Piden renuncia a jueces que no les gusta el sueldo
La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maritza Suntura, dio un mensaje a los operadores de justicia: “si alguien no está de acuerdo con el sueldo, tiene las puertas grandes, pueden renunciar y dedicarse a otro tipo de actividades”.
Suntura hizo este llamado durante el acto de inauguración del año judicial en la ciudad de La Paz.
En la oportunidad, la magistrada pidió reflexionar a los “pocos” operadores de justicia que hacen quedar mal a este Órgano del Estado, incurriendo en actos de corrupción para acumular bienes materiales.
“Les pido que vayamos a nuestros casa todos los días con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, manifestó.
“Nadie puede hablar a nombre de un magistrado, especialmente de mí, y si es así denuncien, háganme conocer, porque no me va temblar la mano para meterlo ‘adentro’”, acotó.
Instó a los funcionarios judiciales que sí les gusta esa profesión deben amanecerse cumpliendo su labor, e incluso trabajar sábado y domingo para cumplir con la sociedad.
5 EJES
La Magistrada planteó cinco ejes temáticos para una reforma a la justicia.
El primero consiste en que se debe desarrollar una normativa adecuada a nuestra realidad, que no sea ambigua.
En segundo lugar, propuso destinar mayor presupuesto al Órgano Judicial para facilitar la aplicación de nuevas leyes y contratar a más operadores de justicia, aclarando que la intención no es subir los sueldos de los jueces.
El tercer punto consiste en formar a los bolivianos desde el hogar con principios ético-morales, para que no sean corruptibles en el futuro.
Como cuarto punto, planteó tomar en cuenta los méritos, la vocación de servicio y el desempeño ético para la elección de autoridades judiciales, y por último la Magistrada pidió hacer capacitaciones y evaluaciones periódicas a los operadores de justicia.