La revolución judicial y la lucha contra la corrupción son las prioridades que pretende encarar el nuevo ministro de justicia, Héctor Arce Zaconeta, que desde las 11:15 aproximadamente se reúne con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados en su primer encuentro como Ministro.
"Empezar una lógica de coordinación y de trabajo conjunto con los órganos de la administración de justicia en los marcos de la coordinación que establece la ley", señaló Arce antes de ingresar a las oficinas de presidencia del Tribunal Supremo de justicia.
La autoridad de la cartera de justicia del gobierno de Evo Morales tiene previsto reunirse con los magistrados del Tribunal Constitucional y los consejeros de la Magistratura durante esta jornada.
Bolivia es el cuarto país de la región con más detenidos preventivos de América Latina y el Caribe, situación que ha provocado problemas de hacinamiento en las cárceles, según datos del Instituto para la Investigación de Política Criminal de la universidad de Londres.
La información está consignada en el reporte titulado “El dilema de las prisiones: incubadoras del crimen organizado en Latinoamérica”, publicado el 19 de enero por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insight Crime), una fundación que estudia esa temática..
Bolivia cuenta, según el reporte, con el 69% de recluidos preventivos y por encima están Paraguay con 77,9%; Haití, 70,9%; y Uruguay con 69,4%.
El estudio además desvela que la tasa de ocupación carcelaria es del 400% y la población carcelaria por cada 100.000 habitantes es de 130.
El Gobierno aprobó el indulto para mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 que hubieran cumplido la cuarta parte de sus condenas.
Los mayores de 75 también serán beneficiados sin necesidad de que hayan cumplido sus penas. No llegará el beneficio a aquellos que hayan cometido delitos graves o gravísimos como asesinatos, violaciones, parricidio, infanticidio, feminicidio y secuestros, entre otros.
Un estudio similar sobre cárceles fue publicado por Insight Crime en noviembre de 2016. Cita un informe de la Red Andina de Información (AIN) que da cuenta que los niveles de hacinamiento de los centros penitenciarios de Bolivia es “crítico”.
“Con su sistema de prisiones en más de un 250% de la capacidad total, Bolivia tiene la quinta peor situación de hacinamiento en América Latina después de Haití, El Salvador, Guatemala y Venezuela”, reseña la nota.
La población carcelaria boliviana casi se ha duplicado desde 2008, llegando a 14.169 recluidos en 2016, según cifras citadas por AIN. Un 20% de ese total corresponde a delitos de narcotráfico.
El reporte específica que los fiscales cruceños solicitan la detención preventiva en hasta el 96% de los casos y la mayoría de ellos tarda en resolverse entre dos y tres años.
El Gobierno de Bolivia impulsa, a la fecha, una reforma del Sistema Judicial que alcanza a priorizar la conciliación y otros mecanismos alternativos a la detención preventiva como el uso de las manillas electrónicas, el arraigo y el decomiso de los documentos de viaje al exterior
La Asamblea Legislativa Plurinacional perfila iniciar en junio el proceso de preselección de candidatos para las elecciones del Órgano Judicial, que están previstas para octubre, informó el presidente de la Cámara de Senadores, Alberto Gonzales.
“Tendríamos que estar arrancado a más tardar en mayo o en junio, con la etapa de preselección, lo que significa que obviamente antes de esas fechas ya tenemos que tener resuelto el tema de los criterios (de selección), el manual de procedimiento”, explicó.
El vicepresidente Álvaro García anunció “cambios sustanciales” en el procedimiento y mecanismos de preselección. “Se va a mantener la ruta constitucional solamente que va a haber un cambio sustancial en los criterios de selección de los precandidatos que luego serán sometidos al voto popular”, desveló el miércoles.
Gonzáles informó que con la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, elabora un cronograma de trabajo hacia la renovación de las máximas autoridades judiciales, que fueron cuestionadas por las denuncias de corrupción y retardación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió al Gobierno Bs 155.564.191 para la organización y realización de las elecciones de autoridades judiciales por voto ciudadano, previsto para octubre.
Como parte del proceso de transformación de la justicia que impulsa el Gobierno, el presidente Evo Morales pidió a los legisladores elegir a los hombres y mujeres con “compromiso” y “experiencia” para terciar en las próximas justas.
Será la segunda elección de este tipo. Las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional fueron electas en las urnas por vez primera el 16 de octubre de 2011 tras un proceso de preselección cuestionado por aspectos como minimización de los criterios de meritocracia.
El presidente de la Asociación de Magistrados de La Paz, Orlando Rojas, calificó de positiva la intención de mejorar el presupuesto que el Gobierno asigna al Órgano Judicial. El anuncio hizo el nuevo ministro de Justicia y Transparencia, a quien, en los próximos días, se le solicitará audiencia dirigida a hacerle conocer algunos requerimientos.
INCREMENTO DE PRESUPUESTO
En una de sus primeras declaraciones como titular del recién modificado Ministerio de Justicia y Transparencia, Héctor Arce anunció que iniciará gestiones ante el Ministerio de Economía para lograr un incremento en el presupuesto que se le asigna al Órgano Judicial, teniendo en cuenta la importante labor que debe cumplir este sector.
El martes, durante la entrega de despacho por parte de Virginia Velasco, su antecesora, Arce lanzó un llamado especial al Ministerio de Economía, haciendo referencia a la necesidad de un mayor presupuesto para este sector, con el fin de cumplir la tareas encomendadas por la Cumbre de Justicia, que apuntan a una profunda reforma en este Órgano del Estado.
“Desde aquí, quiero asumir este reto, convocar a todas las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia (…), a los otros ministerios, particularmente al Ministerio de Hacienda (Economía), porque todos sabemos que se requiere mayor inversión en el área de justicia; quiero convocarles a que nos ayuden en esta gran tarea pendiente”, expresó Arce durante su discurso.
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
En ese sentido, Rojas afirmó que considera positiva la postura asumida por la nueva autoridad, haciendo referencia a que también se hace un llamamiento a los jueces para ser parte del proceso de trasformación, anunciado por el presidente Evo Morales.
“Me parece que las opiniones vertidas por el señor ministro son acertadas; está pidiendo que nosotros seamos partícipes del proyecto de cambio que se proyecta en la justicia, desde el Gobierno”, declaró Rojas a EL DIARIO.
Sobre el condicionamiento que existe acerca de la presentación de resultados, exigidos por el Poder Ejecutivo, antes de hablar de un incremento en su presupuesto, Rojas cuestionó que en el caso de los jueces se generalice como malos o corruptos a todos los funcionarios judiciales. Sostuvo que, en la mayoría de los casos, ellos cumplen su labor muy por encima de los horarios de trabajo, por lo que considera que debe establecerse un estándar mínimo de trabajo.
“No todos los funcionarios son iguales (…) como dice el ministro, tenemos que establecer un estándar mínimo de trabajo, para determinar quiénes cumplen con sus funciones y quiénes no, y aquellos que no cumplen con ellas sean apartados del Órgano Judicial”, señaló Rojas.
ASAMBLEA LEGISLATIVA
En este sentido, el representante de los magistrados paceños puso, como ejemplo, el hecho de que en el ámbito de la Asamblea Legislativa se lleva adelante el juicio de responsabilidades contra el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, pese a que en este caso se tiene ya varias suspensiones.
Por todo esto, adelantó que en los próximos días se solicitará de manera formal una reunión para coordinar el trabajo y hacer conocer los requerimientos que tiene el sector.
La Cumbre de Justicia, llevada a efecto en junio de 2016, en la ciudad de Sucre, planteó varias directrices para mejorar el trabajo del Órgano Judicial. Una primera medida fue la presentación de tres anteproyectos para empezar la reforma.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) insiste en una reforma estructural partiendo de una delimitación de competencias en las instituciones del Órgano Judicial lo que en su criterio genera una constante pugna sobre todo con el Consejo de la Magistratura con el que definitivamente no lograron una coordinación en la implementación de muchos cambios que se estancaron.
El titular del TSJ, Pastor Mamani, sugiere que a partir de la comisión de seguimiento de las conclusiones de la Cumbre Judicial, creada por ley 388, se incluya en el debate este tema que ha dificultado la coordinación y por ende el proceso de reformas en la justicia.
Mamani recordó que en el anterior sistema, el Poder Judicial tenía una sola cabeza pero después se crearon el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, además del Tribunal Constitucional, lo cual generó un conflicto de competencias de quien tiene más poder y en lugar de hacer un trabajo conjunto se advirtió más diferencias.
Mamani no habló de la desaparición de instituciones, sino de una definición de competencias y este sería uno de los roles históricos de la comisión integrada por los presidentes de las cámaras de senadores, diputados, del TSJ y del Consejo, Fiscal General, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Procuraduría del Estado y el sistema de la Universidad boliviana.
“Lo importante es que las competencias estén definidas claramente porque en este momento están entremezcladas, hay competencias del TSJ que también los tiene el Consejo”, señaló Mamani.
Cuestionó que el Consejo hace de juez y parte en la designación, cualificación, evaluación, procesamiento, sanción y también resuelve la apelación. Con el anterior sistema había un equilibrio porque la designación estaba en manos de los tribunales departamentales de justicia.
En el Consejo de la Magistratura, su presidente, Wilber Choque, dijo que las competencias están delimitadas en la ley y se está haciendo cumplir y precisamente por eso se dejó sin efecto la comisión de designación de jueces y vocales en la que participaban los magistrados del TSJ.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará cambios en los criterios de preselección de postulantes a cargos dentro del Órgano Judicial. En octubre saldrá la convocatoria para el nuevo proceso electoral.
"Serán criterios de capacidad de las personas, de su profesionalidad, de su idoneidad, de su reconocimiento de la sociedad como personas de ley, personas transparentes. Vamos a modificar los criterios de selección", adelantó el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.
Explicó que pese a que algunas voces hablan de delegar a un grupo de "notables" para que se encargue del proceso previo a la votación, el Gobierno descarta esa posibilidad y reivindica las facultades de los senadores y disputados.
"La preselección se hace en la Asamblea, hay propuestas que eso se le arrebate a la Asamblea y quede en manos de notables. No va a ser así, pueden venir sugerencias o recomendaciones, pero nadie la va a quitar a la Asamblea la potestad de hacer la selección", enfatizó.
Admitió que se tiene que hacer un mejor trabajo, para no cometer los mismos errores que en 2011, cuando avales de organizaciones sociales, dirigentes o otras instancias determinaron elegir a los actuales magistrados.
Anunció además que "la gran reforma de la justicia comienza este año con la aprobación del nuevo Código de procedimiento penal", proyecto que se encuentra en la Asamblea Legislativa y que espera ser debatido en las próximas semanas.
No habrá exámenes escritos sino orales en el proceso de preselección de vocales y jueces para darle mayor transparencia y publicidad a la designación de juzgadores, dijo ayer el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, al anunciar que la Sala Plena aprobará esta semana los reglamentos para las convocatorias.
La autoridad dijo que a propuesta de los nuevos consejeros analizan otros mecanismos de evaluación en el proceso de preselección y selección de vocales y jueces y uno de ellos es el examen oral que sería aplicado a partir de las próximas convocatorias.
“No habrá exámenes escritos sino orales, por sugerencia de los nuevos consejeros, de cara al pueblo para conocer al postulante si tiene la destreza de conducir una audiencia”, sostuvo Choque.
Agregó que la selección de vocales y jueces es responsabilidad exclusiva del Consejo por lo que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no tendrían que participar en la comisión.
El procurador del Estado, Héctor Arce, informó ayer que en la actualidad Bolivia afronta 37 casos en materia de derechos humanos ante organismos internacionales, entre ellas, figura la denuncia de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y el exsenador Eduardo Maldonado por vulneración de sus derechos políticos al inhabilitar su candidatura para las elecciones subnacionales de 2015.
Arce dio esa información ayer en Cochabamba, durante su rendición de cuentas de la gestión 2016. “Ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) Bolivia afronta un total de 37 casos de esos: 28 se encuentran en la etapa de admisibilidad, cinco casos se encuentran en la etapa de fondo y cuatro casos para conseguir una solución amistosa”, dijo la autoridad.
Señaló que Bolivia cumple y respeta los fallos de tribunales internacionales y recordó que por mandato del artículo 256 de la Constitución Política del Estado (CPE), “los tratados suscritos por el Estado y acordados por el Estado en materia de Derechos Humanos tienen aplicación preferente, incluso, por sobre la CPE”.
Explicó que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en Costa Rica) —cuando pasa a la fase jurisdiccional— “Bolivia tiene cinco casos en supervisión de sentencia, ninguna sentencia dictada en su contra en condiciones negativas para los intereses del Estado”.
Ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, existen un total de tres casos activos. “Tenemos casos desde la época de la dictadura de diferentes situaciones de responsabilidad del Estado hasta casos recientes, por ejemplo, de don Mario Cossio Cortes un exgobernador (de Tarija) que ha presentado una denuncia internacional contra el Estado boliviano”, dijo.
El Procurador agregó que existe cinco casos “en etapa de fondo”, casos que vienen de gestiones pasadas, ninguno de la presente gestión. Mientras que en el Sistema Universal de Derechos Humanos existen tres procesos de los cuales dos que han sido iniciados por exparlamentarios. “Doña Rebeca Elvira Delgado, expresidenta de la Cámara de Diputados, tiene una denuncia muy similar a la de don Eduardo Alberto Maldonado por supuesta inhabilitación en las elecciones municipales. Una decisión que asumió en su momento el Órgano Electoral”, dijo Arce.
A ellos se suma la denuncia de Jorge Quiroga Mendoza y Luis Alberto Alanda Granados, oficiales de las Fuerzas Armadas que fueron sentenciados por los hechos de octubre de 2003.
RÉPLICA DE BOLIVIA
Bolivia presentará el documento de la réplica en el proceso de la demanda marítima hasta el 21 de marzo, plazo que fue fijado por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. El procurador Héctor Arce señaló que la institución que dirige coadyuva al equipo nacional e internacional de Bolivia.
Calificó la respuesta de Chile a la demanda boliviana como “forzada”, sin embargo, dijo que merece la atención y respeto de Bolivia. “Jurídicamente, hemos coadyuvado desde julio del año pasado hasta días recientes, en la última reunión que se llevó en La Haya en Holanda a la cabeza de canciller David Choquehuanca en la construcción de la última intervención escrita que tendrá el Estado boliviano, el memorial de réplica, que será presentado hasta el 21 de marzo, dos días antes del Día del Mar”.
SOBRE REPOSTULACIÓN DE MORALES
Procurador pide a juristas respetar su opinión
El procurador general del Estado, Héctor Arce, pidió ayer a los juristas que respeten su opinión respecto a la viabilidad de la respostulación del presidente Evo Morales y reiteró que la Constitución Política del Estado no limita la cantidad de reformas.
Arce escribió dos artículos de opinión en pasados días, uno sobre la reforma constitucional y el otra sobre el acortamiento de mandato por renuncia. Sin embargo, a opinión de constitucionalistas, las dos propuestas planteadas por el Procurador serían inviables.
Al respecto, el Procurador dijo que escribe decenas de artículos no sólo en un periódico sino en varios y “hemos dado criterios jurídicos constitucionales, siempre apegados al derecho y a la Constitución”.
Agregó que es “medio incompresible” que haya una reacción “tan virulenta” en función a un artículo que él escribió, por lo tanto, dijo que “respetamos todos los criterios y exigimos el mismo respeto a nuestros criterios”.
Los Tiempos le consultó si el resultado de un referendo es vinculante y de cumplimiento obligatorio a lo que Arce respondió: “Yo no voy a hacer mayores declaraciones en temas que son conocidos y que se han debatido jurídicamente”. Reiteró que la Constitución no limita la cantidad de reformas constitucionales que puedan haber en un mismo periodo constitucional y tampoco el contenido de la reformas constitucionales “esa es una situación que está ampliamente demostrada”.
Respeto
El procurador general del Estado, Héctor Arce, remarcó ayer las acciones legales internacionales que realiza ese despacho con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y Diremar para la defensa de la Demanda Marítima y afirmó que Bolivia reconoce los tribunales internacionales y es respetuosa de sus fallos. En la Rendición Pública de Cuentas de la gestión 2016, que se realizó en Cochabamba, Arce dijo que se conocieron los débiles argumentos que Chile presentó en la contramemoria y que serán respondidos en marzo de 2017.
Los reclusos con VIH y los miembros de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) sufren discriminación y una vulneración de sus derechos en las cárceles de Bolivia, afirmaron hoy varias organizaciones.
Las asociaciones privadas Nuevo Camino (Asuncami) y Con Alas Propias (Ascap) realizaron una investigación cualitativa en las cárceles de la región andina boliviana, mediante la cual pudieron constatar que en esos recintos “se criminaliza la diferencia”, dijo a los medios un representante de la primera organización, Javier Palacios.
Además de sufrir los mismos problemas que el resto de la población de las cárceles, como el hacinamiento y demoras en los procesos judiciales, ambos grupos también son objeto de discriminación por su estado de salud o su preferencia sexual.
Según Palacios, aunque hay normas que reconocen los derechos de las personas con VIH y la comunidad LGBT, los reos que pertenecen a estos grupos están sometidos a “factores subjetivos como las creencias religiosas” o los prejuicios morales de operadores de justicia, administradores de las cárceles y de los otros internos.
Mencionó el caso de una reclusa transgénero que tuvo que seguir un “largo proceso” judicial para que el sistema penitenciario le reconozca su identidad como mujer y la puedan trasladar de la cárcel para varones en que se encontraba a una para féminas.
“Sin embargo, a pesar de ello no podía dormir en un dormitorio de mujeres. Como no había otro espacio, le han habilitado un baño para que pase las noches, un baño de 2 x 2 (metros)”, lamentó.
Palacios también citó el caso de una joven reclusa diagnosticada con VIH que, por ese motivo, debe permanecer en una habitación aislada del resto de la población de la cárcel por decisión de los administradores del penal.
A juicio de Palacios, esta situación demuestra “que los operadores de justicia aún tienen insuficiente información y sensibilización a estos temas de derechos humanos que están difundiéndose y ganando espacios en la sociedad”.
La salud de los reclusos con VIH tampoco está plenamente garantizada, ya que se les complica tramitar la salida del penal para someterse a los controles clínicos correspondientes y algunos no reciben la medicación diaria que es parte de su tratamiento.
También se han detectado casos de reos que mantienen en reserva su condición de salud u orientación sexual para no ser discriminados o evitar la posible violencia por parte de sus compañeros.
La información fue incluida en el informe “Situación de los Derechos Humanos y acceso a la Justicia de población vulnerable privada de libertad en Bolivia”, expuesto en diciembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una plataforma conformada por 40 organizaciones.
En declaraciones a Efe, Palacios indicó que Asuncami y Ascap amplían actualmente los resultados de su investigación con la recolección de datos en las cárceles de Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).
Con esa información, estas entidades promoverán encuentros entre operadores de justicia y los grupos interesados para elaborar protocolos de atención y procedimientos escritos para el manejo adecuado de estos casos en las cárceles y que se garantice el respeto de los derechos de esas poblaciones vulnerables. EFE
Adolescentes, jóvenes, indígenas y mujeres sufren con mayor rigor obstáculos en el acceso a la justicia y son víctimas de exclusión y discriminación en el sistema penitenciario del país, según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una coalición de instituciones de la sociedad civil.
El informe da cuenta de la situación de los derechos humanos y el acceso a la justicia de la población privada de libertad y asegura que las cárceles son la expresión de prácticas propias del derecho colonial signado por el formalismo, el expediente escriturado y la perspectiva de un sistema judicial ajeno a la población.
“Hay un uso irracional de la prisión preventiva y son las personas más vulnerables quienes tienen mayores obstáculos para esperar su juicio en libertad u obtener una justicia pronta”, aseguró Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir.
Dijo que en materia penal la mora procesal llega al 70%, los niveles de hacinamiento carcelario superan en 270% las capacidades instaladas, y la tasa de presos sin condena alcanza al 68%, constituyendo la segunda más alta de América Latina.
María Carmen Michel de la Pastoral Penitenciaria informó que un total de 61 recintos penitenciarios, 19 urbanos y 42 carceletas rurales, albergan a 15.500 personas en predios cuya capacidad alcanza para 5.400, “lo que implica una tasa de hacinamiento que va desde 140% en San Sebastián mujeres hasta 900% en Palmasola varones, y un promedio nacional de 290%”.
El informe destaca que el presupuesto destinado a justicia durante la gestión 2016 representó el 0,52% del presupuesto general del país, mientras que el Ministerio de Gobierno percibió más del 17% del presupuesto general, pero asignó sólo el 0,47% al sistema penitenciario que está bajo su dependencia, “lo que evidencia que invertir en justicia no es tema de prioridad para el Estado”.
Michel recordó que el Estado provee un prediario de Bs 8, por cada recluso, para alimentación y otros gastos, “pero en muchos casos el gobierno central que recibe los recursos de los gobierno departamentales no desembolsa oportunamente, dejando sin dinero por 3, 4 meses o más a los recintos carcelarios, y solo con el apoyo de voluntarias que recolectan víveres en los mercados. En recintos penitenciarios de Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Cobija se ha llegado al extremo de recolectar deshechos de la basura para alimentar a los presos”.
En ese contexto de vulneración de derechos humanos en el espacio judicial y penitenciario las mujeres constituyen el grupo más vulnerable frente a la justicia, porque al conjunto de brechas económicas, culturales, lingüística o de otra índole se suman los sesgos de género, propiciando escenarios de doble vulneración a sus derechos y en muchos casos revictimización, aseguró Jinky Irusta de la Oficina Jurídica de la Mujer.
Dijo que aunque los decretos de indulto carcelario y amnistía han permitido la reducción de más del 30% de la población femenina en cárceles, actualmente más de 1.150 mujeres guardan detención en recintos penitenciarios, la mayoría, por delitos del régimen de sustancias controladas (38,6%) y por delitos contra la propiedad (28%).
Explicó que la pobreza es uno de los factores que prolonga la permanencia de las mujeres en las cárceles y “es frecuente que no puedan beneficiarse de medidas cautelares porque no pueden demostrar trabajo estable pues un alto porcentaje subsistía del comercio informal, o acreditar domicilio porque vivían en situación de calle, ni siquiera demostrar lazos familiares porque son víctimas de violencia, el sistema impone fianzas económicas que no pueden cumplir”.
Aseguró que los costos de un proceso extendido dejan a las mujeres sin capacidad económica para obtener la cesación de detención, porque “cualquier abogado cobra entre 500 a 1.500 dólares por audiencia, un monto que muy pocas pueden cubrir”.
El informe concluye que el Estado boliviano “tiene un problema pendiente de urgente solución puesto que los diagnósticos que reflejan la situación de derechos humanos en contextos de encierro evidencian que la perdida de la libertad deriva en la vulneración de otros derechos”.
“El sistema carcelario es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento”, advirtió Susana Saavedra.