Solo una de 10 instituciones está a la cabeza de una mujer en la Llajta
Solo uno de diez cargos de poder en diez instituciones públicas de Cochabamba está ocupado por una mujer. Se trata del Consejo de la Magistratura que se encuentra a la cabeza de Victoria Negrete Lafuente, quien fue designada hace dos semanas en reemplazo de Silvano Arancibia.
Las demás entidades como la Gobernación, Alcaldía, presidencia del Concejo Municipal, Asamblea Legislativa Departamental, Tribunal Departamental de Justicia, el Comando de la Policia y de las Fuerzas Armadas, Brigada Parlamentaria, Tribunal Electoral Departamental y Rectorado de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), están bajo la dirección de hombres.
El Día Internacional de la Mujer se celebra hoy y las expertas en temas de género Cecilia Estrada e Irma Campos consideran que uno de los principales factores que frena el acceso de mujeres a la cabeza de las instituciones es la falta de políticas públicas concretas que promuevan la equidad de género en los ascensos laborales.
Las especialistas consideran fundamental la aplicación de normativa que “obligue” a las instituciones a dar espacios a las mujeres en todos los cargos jerárquicos, de manera equitativa.
Para Campos, la decisión pasa por los criterios que rigen en la cada entidad. “Sin una reglamentación clara acerca de la participación femenina equitativa en la institución, los puestos siempre estarán ocupados por hombres”.
Un segundo factor mencionado por Estrada y Campos es la visión machista y patriarcal que persiste en algunos hombres. Esto impide la implementación de políticas de igualdad al interior de las empresas o entidades públicas.
Campos dice que “los hombres consideran que tienen más capacidad que las mujeres”.
PARTICIPACIÓN No existe una normativa específica que garantice igualdad de oportunidad en el ámbito laboral.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jimmi Ruddy Siles, explica que para la nominación de autoridades no hay ninguna instrucción acerca de paridad.
Menciona que los presidentes son elegidos por los vocales de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley del Órgano Judicial (025) que señala que es la sala plena del Tribunal Departamental de Justicia la que elegirá a su presidente o presidenta, mediante voto de los vocales.
En las últimas tres gestiones fueron elegidos dos hombres y una mujer.
Lo mismo sucede en el ámbito policial. Según una fuente oficial, no hay leyes ni disposiciones nacionales sobre el tema de género en la designación o ascenso de los policías.
La misma fuente señala que la institución se basa en una ley orgánica y en la Constitución Política del Estado (CPE). La Policía fue la precursora en tener generales mujeres y tuvo la primera promoción de oficiales mujeres entre las instituciones uniformadas.
Actualmente, el comandante designado para Cochabamba es el coronel Ronald Sánchez. En el departamento no se registró ningún caso de una comandante departamental que sea mujer.
En el caso de la designación de los representantes distritales de los Consejos de la Magistratura, se trata de nominaciones desde el ámbito central. Campos dice que las mujeres pueden respaldarse en la Constitución y en la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación (045).
La Ley 045 tiene el fin de eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación.
Campos y Estrada coinciden en que existe avance, debido a la presión de colectivos sociales que trabajan a favor de los derechos de las mujeres. “Esto no es suficiente”, insiste Campos.
NORMATIVA Para la expresidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, María Isabel Caero, es necesaria la promulgación de leyes y normas específicas. De esta manera se podría garantizar la inclusión de las mujeres en espacios de decisión y no solo en mandos medios, tanto en el sector público como en el privado y en el empresarial.
La exautoridad mencionó, por ejemplo, que la Ley de Régimen Electoral establece la paridad y la alternancia en las listas de los candidatos.
De esta manera, se garantiza la participación de las mujeres en los concejos municipales, en las asambleas legislativas departamentales y en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En el caso del rectorado de la UMSS, Juan Ríos del Prado, fue elegido por voto docente estudiantil entre cinco candidatos varones. Si bien en la UMSS fueron designadas dos rectoras el último año, fue por sucesión y en elecciones directas.
Organización
Las expertas
sugieren la conformación de plataformas para elaborar propuestas de políticas públicas de inclusión.
8 Marzo
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, se celebra el 8 de marzo. Se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad.
Protocolo busca evitar que jueces estereotipen a la mujer
El Comité de Género del Órgano Judicial presentó este martes el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que tiene el objetivo de que se eviten estereotipos contra la mujer en las resoluciones de los jueces.
“Los principal es que las juezas y jueces en sus argumentaciones y resoluciones eviten todo tipo de discriminación en razón de sexo, sesgo de género”, indicó la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Maritza Suntura.
La magistrada explicó que con este protocolo se pretenden evitar en las resoluciones judiciales criterios discriminatorias, como por ejemplo vincular una violación a la vestimenta de la mujer.
El acto central de presentación se realizó en La Paz. En el mismo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, señaló que este Protocolo trata de acabar con los estereotipos que provoquen discriminación de género.
La Presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial, Cinthia Armijo, resaltó que el documento incorpora la perspectiva de género para ayudar a las autoridades judiciales a visibilizar las relaciones de poder existentes, fundadas en el sexo, género o preferencia u orientación sexual distinta.
Asimismo, se destaca que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género busca dejar de lado el “sesgo de género” negativo al momento de emitir fallos.
El Comité de Género del Órgano Judicial es impulsado por magistradas y consejeras del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Comienzan las renuncias de cara a elección judicial
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca se quedó con nueve de diez vocales tras la renuncia irrevocable de José Antonio Revilla quien retornó a la docencia en la Universidad y estaría con la intención de postularse a la magistratura en las próximas elecciones judiciales. Se conoce extraoficialmente que al menos dos de los magistrados en ejercicio sólo esperan la reglamentación para habilitarse en las elecciones.
Después de más de seis años y medio como vocal, haber asumido la Presidencia en dos periodos seguidos, y ocho años como juez, Revilla decidió marcharse del TDJ, presentó su renuncia irrevocable al cargo de vocal el pasado 3 de marzo, aunque su carta lleva la fecha de 15 de febrero.
En su nota de renuncia, Revilla no especifica las razones, sólo indica que es de “carácter irrevocable dada la voluntariedad del ejercicio de la función jurisdiccional”. Sin embargo, se conoce que retornó a la docencia después de casi cinco años de estar declarado en comisión sin goce de haberes.
Este diario intentó comunicarse con Revilla pero sin éxito. En el TDJ se conoció que el ahora ex vocal expresó su intención de postularse a la magistratura en las próximas elecciones, al igual que algunos magistrados que trabajan en ese sentido.
El TDJ, por Ley, tenía diez vocales, con la modificación de la norma se incrementaron a 12, pero los últimos dos aún no fueron designados. De momento, el Tribunal Departamental de Justicia se queda con nueve vocales pero esperan que con la convocatoria en curso la vacancia sea cubierta, según la decana en ejercicio de la presidencia, Lilian Paredes.
POSTULACIONES
Al menos dos magistrados del TCP y del Órgano Judicial no descartaron la posibilidad de postularse una vez que se conozca la reglamentación de la convocatoria a magistrados.
Según la interpretación del presidente del TCP, Oswaldo Valencia, la Ley establece que no pueden postularse al mismo Tribunal en el que están ejerciendo el cargo, pero sí pueden hacerlo para otro Tribunal o el Consejo de la Magistratura.
El Magistrado, en una entrevista, dijo que era prematuro hablar de las nuevas postulaciones pero tampoco descartó esta posibilidad después que se publique el reglamento de la elección. El presidente del TSJ, Pastor Mamani, también estaría entre los postulantes para el TCP.
Su colega, Zenón Bacarreza, del TCP, dijo que particularmente no tiene interés, pero habría que esperar el reglamento de la convocatoria emitido por la Asamblea Legislativa sobre el plebiscito judicial entre abril y mayo. “Entretanto, nadie está pensando en la postulación, sino en terminar su gestión”, aseguró.
En esa misma línea, respondió el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, quien prefiere esperar la reglamentación con la modificación a la Ley 025 para asumir una determinación. “Si habría la posibilidad, por qué no, de todas maneras está la responsabilidad primero de terminar una gestión”, dijo Choque.
Magistratura examina hoy a los postulantes a vocales
Hoy se procederá a tomar examen a los postulantes para vocales en todo el país con la intención de cubrir al menos 25 acefalías, informó el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque.
La autoridad dijo que se reactivó la comisión de consejeros de la Magistratura y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además se invitará a los colegios de abogados y la Escuela de Jueces para la elaboración de los exámenes.
Garantizó la transparencia del proceso; los postulantes estarán incomunicados con el exterior, una vez ingresen a los ambientes recién recibirán los exámenes y se prevé que hasta el jueves o viernes la comisión proceda a la revisión de las pruebas en Sucre. La lista de aprobados pasará a Sala Plena del TSJ. “Serán los magistrados del TSJ quienes designen a los nuevos vocales una vez que tengan las listas”, remarcó.
Bolivia presentará nuevas leyes antidroga ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentará los contenidos de la nuevas leyes de la coca y de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas en el 61 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se desarrollará entre el 13 y el 15 de marzo en Viena, Austria, informó el lunes el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
"Con las dos leyes, Bolivia, a la cabeza del ministro de Gobierno, Carlos Romero, y posiblemente el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni, vamos a asistir el día lunes al 61 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas", informó en conferencia de prensa.
Recordó que ambas leyes reemplazarán a la Ley 1008, de régimen de la coca y sustancias controladas.
Según Cáceres, las dos leyes serán promulgadas por el presidente Evo Morales hasta el fin de semana, para ratificar "con mucha solvencia y precisión", ante la comunidad internacional, que la lucha contra el narcotráfico para Bolivia es una política de Estado.
Anunció que en ese encuentro internacional explicarán, particularmente, por qué la nueva Ley General de la Coca permitirá que la cantidad de cultivos de esa hoja milenaria se extienda de 20.300 hectáreas a 22.000 hectáreas.
"Pusimos esta meta de las 22.000 hectáreas para que el Estado nacional tenga control sobre ellas mismas y lleve adelante nuestra política de lucha contra las drogas en todo el territorio nacional, en este caso evitando que no haya coca excedentaria que alimente la actividad del narcotráfico", explicó.
Adelantó que Bolivia explicará que la nueva cifra de cultivos en el país fue pensada para que unas 14.000 hectáreas sean destinadas al acullico (masticado tradicional) y unas 7.000 se usen en la industrialización, "con fines estrictamente para uso médico y farmacéutico".
El Viceministro de Defensa Social dijo que en el caso de la Ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, Bolivia explicará que esa nueva norma incorporará una lista de productos químicos que tendrán un comercio controlado en el país, entre ellos, cemento y una diferenciación de penas entre grandes transportadores de droga y pequeños traficantes.
"En la nueva ley estamos hablando también de la discriminalización de la pobreza. Definitivamente el problema de la adicción de drogas no debe ser criminalizado (...) Tiene que ser un problema de salud pública", agregó.
Cáceres dijo que con esos argumentos del Gobierno demostrarán que la nueva norma para el caso de sustancias controladas estará acorde a los principios y los estándares internacionales de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. (06/03/2017)
Una guía apuesta a eliminar el machismo en causas judiciales
Este martes el documento será presentado en La Paz. El objetivo es que las autoridades y funcionarios no caigan en los prejuicios contra la mujer.
El Alto, encima del promedio de Latinoamérica en homicidios
De acuerdo con datos del Ministerio de Gobierno, en la urbe alteña hay 28,6 delitos contra la vida por cada 100 mil habitantes. En la región la cifra es de 27.
Habrá ley de sustancias controladas: Montaño
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que sí habrá una ley de sustancias controladas, que en parte reemplazará a la Ley 1008, contrariamente a las declaraciones de su colega Susana Rivero.
Montaño explicó que la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, más conocida como 1008, será reemplazada por la Ley General de la Coca; la ley de sustancias controladas y el Código del Sistema Penal.
"La Ley 1008 va ser definitivamente sepultada con tres cuerpos legales", indicó al manifestar que en la presente legislatura avanzará con el proyecto de Ley de Sustancias Controladas, toda vez que la Ley General de la Coca sólo aguarda su promulgación.
El miércoles, Rivero aseguró que ya no era necesaria una ley de sustancias controladas.
Más de 170 postulantes dan examen para jueces
Más de 170 postulantes a 21 cargos de jueces en siete de los nueve departamentos del país rindieron la prueba escrita ayer. El miércoles de la próxima semana será el examen para los postulantes a vocales.
Ayer, en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, ocho postulantes se presentaron a rendir la prueba para el cargo de juez en el municipio de Huacareta.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó que el examen se dio en los tribunales departamentales de justicia de Santa Cruz, La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba, Beni y Chuquisaca. Una Notaria de Fe Pública acompañó el acto en cada uno de los departamentos, apuntó.
Choque explicó que la elaboración del examen estuvo a cargo de una comisión que durante la mañana de ayer, trabajó a puerta cerrada y en presencia de una Notaria de Fe Pública en el Consejo de la Magistratura.
Antes de las 16:00, hora prevista para el examen, se envió la prueba a todos los distritos. Una vez que los postulantes rindieron el examen, el mismo fue reenviado a Sucre en un sobre cerrado para su calificación.
EXAMEN PARA VOCALES
El Presidente del Consejo de la Magistratura confirmó que el examen para postulantes a vocales a diferentes distritos judiciales del país que debió rendirse hoy, viernes, fue postergado para este miércoles.
En el caso de Chuquisaca, hay 17 postulantes para copar dos cargos de vocales de nueva creación en el Tribunal Departamental de Justicia.
Choque informó que en una sesión de Sala Plena del Consejo de la Magistratura se decidió modificar una parte de la convocatoria y se dejó sin efecto el examen oral debido a la falta de recursos económicos.
El examen del miércoles no será oral y una comisión conformada por los presidentes y decanos del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de Magistratura se encargará de la revisión de las pruebas.
Senado iniciará juicio de responsabilidades contra miembros de la Magistratura en abril
El Tribunal de Sentencia (Senado) aprobó este jueves el Auto de apertura del juicio de responsabilidades en contra de cuatro miembros del Consejo de la Magistratura y la audiencia del proceso para el 4 de abril.
Los consejeros que serán procesados son Cristina Mamani, Wilma Mamani, Freddy Sanabria y Gonzalo Triveño, quienes fueron acusados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes.
Según la investigación, los procesados cometieron irregularidades al dejar sin efecto el nombramiento de un juez que ganó ese lugar en una convocatoria en la ciudad de La Paz, sin ningún argumento.
El pasado mes de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la suspensión temporal de sus cargos y la acusación contra las cuatro autoridades, el caso se remitió al Senado para que en su calidad de Tribunal de Sentencia abra el juicio de responsabilidades.
Este jueves, la audiencia de apertura del juicio se realizó donde los legisladores definieron para el 4 de abril a las 15:00 el inicio del juicio de responsabilidades.
Esperan que el código penal absorba la ley antidrogas
El Gobierno debate para cambiar de planes y propone cerrar la posibilidad de tener una ley general de la coca y otra de sustancias controladas para liquidar la Ley 1008, vigente desde 1988. Ahora, el oficialismo analiza si el nuevo código del sistema penal absorberá las sanciones y no será necesaria otra norma, además de la aprobada la semana pasada y que legaliza la posibilidad de ampliar la producción de coca a 22.000 hectáreas.
La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, informó de que no habrá una ley de sustancias controladas, sino que todo el tema punitivo vinculado a los ilícitos del narcotráfico estará incluido en el código del sistema penal. Consultada sobre si ya no será necesaria una ley de sustancias controladas, Rivero respondió: “No. Todas las infracciones estarán en el sistema penal”, reiteró la legisladora, y manifestó que se terminará con el método que en todas las leyes se incluían sanciones con diferentes tipos penales.
Sin embargo, hay contradicciones. El jefe de bancada del MAS, David Ramos, dijo a ANF que se aceleraría la aprobación de la ley de sustancias controladas para sancionar a los narcotraficantes. “Se viene trabajando en otra ley de tráfico de sustancias controladas, que no solo tiene que ver con el desvío de coca para el narcotráfico, sino de otras sustancias ilícitas”, sostuvo.
Este medio accedió al anteproyecto de ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Desde el artículo 38 fija las atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), que tendrá todos los bienes incautados a su nombre y será administrado por Dircabi. Desde el artículo 67 hasta el 122 se hace referencia a todo el trabajo que se hará bajo el régimen de la pérdida de dominio de bienes que en 2012 provocó una agria disputa entre el ministro Carlos Romero y la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado.
Los artículos 13, 14, 15 y 16 permiten la acción de los informantes, la cooperación eficaz, la interceptación de comunicaciones y la exención de la confidencialidad, que es rechazada por los especialistas
Sin embargo, la ley de la coca y este proyecto no eliminan por completo la Ley 1008, porque 74 de los 132 artículos quedan vigentes. Los aspectos punitivos, de todas formas, deben ser discutidos en una tercera ley: el código del sistema penal.
La sancionada ley general de la coca abroga los artículos del 1 al 31 de la norma, todos referidos al arbusto. Mientras que el proyecto de ley de sustancias controladas elimina otros 27 artículos, referidos al transporte de las sustancias controladas.
Permanecen vigentes 74 artículos que hacen referencia a las penas y a los tipos de delitos relacionados con el transporte de la coca y la droga fabricada; además, conserva también una extensa lista de fármacos que son considerados drogas y que
no pueden ser comercializados libremente
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Delito de narcotráfico pasará al Código del Sistema Penal
La actual Ley 1008 desaparecerá y los delitos por narcotráfico serán tipificados en el nuevo Código de Sistema Penal.
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, confirmó que la nueva norma tendrá en su potestad las sanciones sobre estos casos.
Medidas. Antes se había indicado desde el oficialismo que de la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas iban a desprenderse dos normas: una de ellas la Ley General de la Coca, que la pasada semana ya fue aprobada y otra de sustancias controladas. "No habrá 1008 a partir de la promulgación del nuevo Código del Sistema Penal, las figuras jurídicas sí, la conformación de los tipos penales son distintos, precisamente porque esta (la Ley 1008) es una ley muy antigua, que no reflejaba la realidad boliviana", dijo Rivero.
A su turno, la senadora oficialista Adriana Salvatierra indicó que al unificarse estos puntos en el nuevo Código, este tendrá las diferentes clasificaciones como delitos, faltas o crímenes respecto al narcotráfico. "Se está unificando toda la estructura de delito en una sola norma. La hoja de coca ya no es considerada un estupefaciente, por eso hemos separado su clasificación y ahora los delitos van a estar en otra norma", señaló Salvatierra.
Rivero aseguró que ya no será necesaria una ley de sustancias controladas, porque "el Código establece todas las sanciones de tráfico, almacenaje, transporte" que se incluían en la 1008. "En el Código Penal se fijan penas durísimas pero con graduaciones", porque precisó que no pueden llenarse las cárceles de "mulas" y no así de los que financian el ilícito del tráfico de drogas.
Norma base. Rivero adelantó que en los próximos días se iniciará el tratamiento del Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, por lo que pidió a la oposición debatir sanamente y pensando en el pueblo que se beneficiará con la mejora de la justicia, dejando de lado la distorsión con fines políticos.
Según explicó, el proyecto de ley fue elaborado por profesionales bolivianos en el ámbito jurídico y también fue asesorado por expertos internacionales, "pero hemos construido este Código pensando en Bolivia, en las necesidades del pueblo y, sobre todo, en el mandato que nos dio el pueblo en la Cumbre de Justicia, así que exhortamos a que cuando iniciemos esta discusión sea una discusión técnica".
Salvatierra considera que no habrá mayores trabas dentro del tratamiento de este nuevo Código, dado que asegura estaría plasmando lo solicitado por los sectores en la Cumbre judicial.
Tribunales disciplinarios procesan a 140 jueces por retardación de justicia
A febrero de este año, los tres tribunales de Justicia Disciplinaria en Cochabamba tienen 510 casos contra magistrados, vocales y funcionarios subalternos, de los cuales 140 denuncias, equivalente al 27.4 por ciento , son contra jueces en Cochabamba.
Del 100 por ciento de las denuncias contra jueces en Cochabamba, el 70 por ciento es por retardación de justicia, según datos del Consejo de la Magistratura.
En los 47 municipios de Cochabamba existen 173 jueces, de los cuales el 81 por ciento , equivalente a 140, tiene una denuncia y un proceso pendiente en uno de los tres tribunales de justicia disciplinaria.
La encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Victoria Beatriz Negrete Lafuente, advirtió que todos los procesos llegarán hasta el final y que la misión “cero corrupción” devolverá en un corto tiempo la credibilidad en los administradores de justicia.
Sin embargo, la retardación judicial en Cochabamba, al igual que en gran parte de Bolivia, es uno de los problemas más visibles de la administración de justicia que hasta ahora no se ha podido resolver.
Aunque existen factores que explican la retardación, “también hay muchos casos en que el administrador de justicia dilata deliberadamente el proceso para favorecer a una de las partes”.
El Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 de Cochabamba, Rubén Coca Muñoz, confirmó el hecho y recordó que la mayoría de los 170 casos que hay en su despacho es por retardación de justicia, un problema que se intenta frenar.
En el marco de la transparencia en los procesos judiciales y la eliminación de la retardación de justicia, Coca Muñoz exhortó a la población a presentar las denuncias sin temor.
Insistió en que la gente está muy cansada con el problema, pero también admitió que es un mal estructural que se viene arrastrando desde hace muchos años.
En la mayoría de las demandas presentadas, los querellantes sostienen que el juez ha dilatado deliberadamente los plazos procesales para inclinar la balanza de la justicia para uno de los lados.
La segunda causa de las denuncias es por el mal trato que reciben los litigantes, durante el proceso ordinario.
Negrete explicó que existen funcionarios que no respetan, por ejemplo, la preferencia de las personas de la tercera edad o a las mujeres en periodo de gestación.
El Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 también explicó que muchas personas son víctimas de discriminación o mal trato por su condición social, origen o forma de vestir.
La tercera causa de las denuncias tiene que ver con una posible parcialización abierta del administrador de justicia. En estos casos, según Coca, los administradores de justicia ignoraron las evidencias de un hecho y emitieron fallos contrarios a Ley.
El cuarto tipo de denuncias está relacionado con la comisión del delito de soborno contra los administradores de justicia.
Aunque no son muchos casos, el Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 explicó que estas acusaciones son muy delicadas, pero aclaró que se actúa con rapidez.
“Cuando el proceso disciplinario sobre soborno encuentra indicios de responsabilidad del denunciado, formaliza inmediatamente el caso ante el Ministerio Público para que investigue el caso en el marco de una acción penal en la vía ordinaria.”.
GUÍA DE DENUNCIA El Consejo de la Magistratura presentó una guía para formalizar una denuncia contra un vocal, un juez o un funcionario subalterno.
El juez Coca recordó que los tribunales disciplinarios nacieron para transparentar los procesos judiciales e insistió que no le temblará la mano para hacer justicia.
PRIMER PASO Las personas que se sientan agraviadas o que consideren que el administrador de justicia no está cumpliendo con el rol de sus funciones, deben presentar una denuncia formal y entregarla en la ventanilla de trámites.
SEGUNDO PASO Después de presentar la denuncia formal, el caso será sorteado a uno de los tres juzgados disciplinarios.
Aclaró que las denuncias deben estar enmarcadas en hechos, actos, omisiones del juez o funcionario en el desarrollo de sus funciones porque la ley prohíbe, en razón del principio y de independencia, a analizar cuestiones de fondo del mismo proceso.
TERCER PASO El juez disciplinario analiza el caso y si encuentra indicios de responsabilidad del denunciado con los delitos que se le acusa, emitirá un fallo disciplinario.
En ese marco, el acusado tiene tres días para presentar sus descargos y cinco días para entregar un informe circunstancial en relación a los hechos que se le acusan.
En esta fase y en el marco de su competencia para llegar a la verdad el juez puede realizar las entrevistas en los mismos juzgados del acusado
CUARTO PASO El Tribunal Disciplinario emite una resolución, que es equivalente a un fallo o una sentencia disciplinaria contra el administrador de justicia en Cochabamba.
Apuntes
Retardación de justicia
La retardación de justicia en Cochabamba, al igual que en gran parte de Bolivia, es un tema que a diario el mundo litigante reclama con la finalidad de hacer respetar sus derechos y garantías constitucionales.
Causas
Entre las causas principales de la retardación de justicia están: la falta de recursos humanos, infraestructura, de valores, vocación de servicio, falta de interés en el trabajo, excesiva carga procesal, falta de requisitos para ocupar el cargo, equipamiento, remuneración justa, capacitación y evaluación permanente.
Chicanería
“En la retardación de justicia uno de los factores externos es el abuso del derecho de acceso a la justicia por parte de malos abogados que actúan sin ética y presentan demandas y peticiones sin sustento alguno acrecentando aún más la recargada labor judicial. Lo cual ha llevado que la sociedad pierda la confianza y credibilidad en la Justicia”.
Elsa Cabrera M. Defensa Pública
Tres tipos de sanciones
El Consejo de la Magistratura, a través de los tres juzgados disciplinarios, impone tres tipos de sentencia.
La sanción por un delito leve es cuando el juez disciplinario entrega una llamada de atención y determina un descuento de haberes contra el acusado. La sentencia por un delito grave es cuando el juez disciplinario suspende de sus funciones al acusado desde un mes hasta seis meses de sanción.
La sentencia por la comisión de un delito gravísimo es cuando el acusado (juez o vocal) es destituido del cargo y se remite los antecedentes al Ministerio Público para que inicie un proceso en la vía ordinaria.
El Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 Coca explicó que esto significa que terminó el proceso y comenzó una investigación penal en la justicia ordinaria.
Consejo detecta títulos falsificados de al menos tres funcionarios
Al menos tres funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Tribunal Departamental de Justicia falsificaron sus títulos en provisión nacional y mintieron sobre sus estudios superiores, según una investigación de la Dirección de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura.
Los casos de las tres personas serán enviados al Ministerio Público por Asesoría Legal, informó la encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Victoria Beatriz Negrete Lafuente.
Según el primer expediente, Marisol I.C.T, funcionaria de la DAF del Tribunal, presentó docu- mentación que no correspondía a la profesión que había indicado para acceder al cargo y además no cumplía con el perfil requerido.
Control y Fiscalización le solicitó en reiteradas oportunidades que presente sus títulos en provisión nacional y no lo hizo. Paralelamente, tras un requerimiento, la Universidad Simón y Patiño certificó que la funcionaria nunca cursó la carrera que había señalado y, por lo tanto, no le extendió ningún título.
En el segundo caso, también de otro funcionario de la DAF, Dayler C.A. presentó su currículum para el puesto indicando que era profesional, lo que probó con una certificación de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba.
Negrete dijo que después de verificar los documentos, los delegados de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura acudieron a oficinas de la UMSS, donde comprobaron que el empleado del Tribunal Departamental de Justicia nunca cursó una carrera en esa casa de estudios y tampoco se le extendió ninguna certificación o título, por lo que se estableció la falsificación de documentos.
El tercer funcionario observado, también de la DAF, Alberto E.O. presentó documentación acreditando que era ingeniero de sistemas; sin embargo, por las certificaciones emitidas por la misma universidad se halló que nunca fue alumno regular.
La encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba explicó que los tres casos fueron confirmados el mes de febrero después de una investigación que comenzó el año pasado. Tras conocer el expediente en su contra, los dos funcionarios varones renunciaron ya a sus cargos, mientras que Marisol I.C.T continúa trabajando en la DAF.
Los tres empleados fueron designados por instancias nacionales en Sucre.
Buscan mejorar la atención a los litigantes
El Consejo de la Magistratura se dio a la tarea, ante las reiteradas faltas contra jueces y funcionarios, de vigilar la labor en los diferentes juzgados, incluso de provincias, y en Derechos Reales, área de la que se recibe gran cantidad de denuncias por corrupción.
La encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Victoria Beatriz Negrete Lafuente, informó que se comenzó con recorridos la pasada semana en los juzgados de Quillacollo y Colcapirhua, donde algunos litigantes denunciaron que jueces y empleados subalternos se ausentan de sus oficinas. “Hemos constatado que no estaban los jueces ,y mediante Transparencia lo que estamos haciendo es verificar si evidentemente ellos tenían algún permiso legal para ausentarse de sus fuentes de trabajo. Hemos recorrido unos 25 juzgados”.
Durante la fiscalización se hizo recuerdo a los funcionarios que deben portar sus credenciales, tiquear el ingreso y salida de sus fuentes laborales y, sobre todo, dar atención de calidad a los usuarios y preferencial en caso de grupos específicos como las personas de la tercera edad.
La instrucción más importante, indicó Negrete, es “cero corrupción”. A la denuncia de algún litigante o de algún abogado, agregó, se procederá a iniciar un proceso y a la sanción inmediata si corresponde.
En cuanto a Derechos Reales, el Consejo de la Magistratura advirtió a los responsables y funcionarios que no pueden recibir coima para ningún trámites o dar prioridad a los documentos de determinadas personas por amistad o algún otro tipo de influencia. “Sabemos que hay tramitadores que se ocupan de vender inclusive los espacios. Hay gente que está haciendo cola desde muy tempranas horas, pero que se dan el lujo de vender esos espacios”, explicó la encargada distrital.
“Todos los trámites tienen que entrar por orden cronológico, hemos hablado eso con el encargado de Derechos Reales y con la subregistradora que es la que debe controlar los sellos, porque al ingresar un trámite tiene su sello y no se puede permitir agilizar algunos trámites”, advirtió.
El hacinamiento en la cárcel de Palmasola supera el 700 por ciento
El Centro de Rehabilitación “Palmasola” tiene un hacinamiento superior al 747 por ciento. Se construyó para 800 privados de libertad; y cuenta con 6.000, según la Dirección General de Régimen Penitenciario.
El hacinamiento junto a las precarias condiciones son el principal motivo para la aparición de conflictos y las pugnas de poder entre reos. Por otro lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió que hay “negociados” entre reos y policías.
El pasado miércoles, el penal fue escenario de una nueva pelea. El comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Dalence, informó que la reyerta terminó con la vida de un interno.
El delegado de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz, afirmó que Palmasola se ha convertido en un problema estructural por la sobrepoblación, que origina la retardación de justicia y la deficiente seguridad.
“Existe mucha gente enferma, mucha pobreza, mucho abuso, muchas sorpresas dentro de Palmasola. Entonces debemos de una vez poner en la agenda regional el tema de Palmasola como una prioridad”, agregó Paz.
Recordó que estos hechos de sangre no son recientes, puesto que el año pasado falleció el productor musical del grupo Jake Mate, Mauricio Baldelomar, y en 2014 se registró la trágica muerte de 35 personas.
El delegado de la Defensoría del Pueblo aseguró que las distintas instituciones deben asumir sus funciones antes que “Palmasola se convierta en una bomba de tiempo”.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Enrique Bruno, recordó que hace casi un año se entregó un terreno de 34 hectáreas para la construcción de una cárcel, pero lamentó que hasta la fecha no se conozca ni el proyecto.
PLANTEAN CENTROS PRODUCTIVOS
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Efraín Chambi, recordó que el año pasado planteó la propuesta de construir centros penitenciarios productivos, y que Palmasola, en comparación con las demás cárceles del país, es el que cuenta con mayores condiciones para ese fin, sobre todo por su amplia superficie.
Chambi lamentó que hasta la fecha los distintos niveles de Gobierno no hayan brindado la atención necesaria a este tema, lo que da lugar a que se desaten conflictos. Palmasola no es la única cárcel con hacinamiento. Según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, los centros en el país tienen una capacidad para albergar a 5.013 privados de libertad, pero existen 15.831, lo que implica un hacinamiento de 216 por ciento.
TSE pedirá a la Asamblea ajustar norma para elecciones judiciales
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé reunirse esta semana con las principales autoridades de la Asamblea Legislativa para pedir “reformas puntuales” de Ley 026 de Régimen Electoral, de cara a las elecciones judiciales previstas para octubre.
Los ajustes a la normativa electoral apuntan a mejorar el trabajo y la logística del proceso, respecto al diseño de las papeletas y la presentación de los postulantes para hacerlos visibles ante la población, y así generar un voto informado.
El vocal José Luis Exeni sostuvo a La Razón que estas “reformas puntuales” de la actual ley electoral permitirán una “mejor administración” de los comicios de octubre.
En la primera elección judicial de 2011, por ejemplo, “la papeleta era gigante, inmanejable donde había que poner cinco votos y sabemos que hubo dificultades de una parte de la ciudadanía en emitir esos votos”, explicó Exeni, quien no descarta, incluso, dos papeletas.
En tanto, la presidenta del TSE, Katia Uriona, explicó a este rotativo que se solicitará al Legislativo hacer modificaciones “que faciliten tanto las características de la presentación de todos los postulantes y (…) el alcance de la visibilización de los perfiles de las candidaturas”.
Elección. El proceso previo para las elecciones judiciales se extenderá por 150 días: en los primeros 60, la Asamblea realizará el proceso de preselección de postulantes y en los restantes 90 días el Órgano Electoral deberá difundir los perfiles, organizar y realizar la logística para la jornada electoral.
En criterio de Exeni, se trata de un proceso “complejo y difícil”, sobre todo por lo que representa la difusión de méritos, el acceso a la información y la generación de espacios para conocer a los postulantes, lo que no hubo en las primeras elecciones de octubre de 2011.
La nueva Constitución Política, en sus artículos 182, 188, 194 y 198, dispone la elección mediante sufragio universal de las principales autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.
Hace casi seis años, Bolivia asistió por primera vez para elegir a esos funcionarios, que durante su mandato fueron cuestionados por una serie de irregularidades, al punto que el Gobierno admitió que “se cometieron errores” durante el proceso de selección.