La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en grande y en detalle, el proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, que entre otras cosas plantea que los informantes antidroga se beneficien con hasta el 5% del valor de lo confiscado.

La aprobación se produjo esta madrugada, tras un prolongado debate que había comenzado ayer. La norma pasó al Senado para su tratamiento y podría ser sancionada hasta la próxima semana, según proyectó el presidente de esa cámara, José Alberto Gonzáles.

El proyecto, que forma parte de las tres normativas que reemplazarán a la polémica Ley 1008, vigente desde hace 29 años, también prevé la legalización de las escuchas telefónicas para el combate contra el narcotráfico.

Los otros dos instrumentos legales son la Ley de la Coca, sancionada el miércoles por el presidente Evo Morales, y el nuevo Código del Sistema Penal, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados.

El proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas contiene 124 artículos, divididos en 5 capítulos y 11 disposiciones transitorias e incluye pequeños cambios al primer documento, aunque mantiene innovaciones respecto a la Ley 1008, como el pago a informantes, escuchas telefónicas y la extinción de dominio de bienes, informa La Razón en su edición impresa de este viernes.

Detalla, por ejemplo, que en el artículo 9 del documento se plantea la entrega de una remuneración económica a las personas que entreguen información “oportuna y fidedigna” sobre una determinada actividad del narcotráfico.

El monto de pago se encuentra fijado en el parágrafo III del artículo 63 del proyecto, que sugiere que “hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos destinados a la UELICN (Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico) podrán ser asignados al pago de informantes”.

Esta figura no se encuentra contemplada en la Ley 1008. (10-03-2017)

Con la propuesta de Chuquisaca de incluir a las organizaciones sociales en tareas de seguridad ciudadana, ayer, jueves, se inauguró la precumbre de la región de los Valles, que concluirá hoy, viernes, a mediodía.

Representantes del Ministerio de Gobierno, Comando General de la Policía, comandos departamentales, gobernaciones y municipios de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca se reúnen en el Salón de Convenciones de la Gobernación de Chuquisaca en la precumbre de seguridad ciudadana de cara a la cumbre nacional, que se realizará la próxima semana en Potosí.

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, durante el acto de inauguración, dijo que la labor de seguridad ciudadana no sólo es responsabilidad de la Policía, sino también de la sociedad civil; por ello propuso asignar roles a las organizaciones sociales empezando por la creación de carteras de seguridad ciudadana en las organizaciones vecinales y comunales.

La precumbre analiza y propone soluciones a los temas de infraestructura, equipamiento y personal, para brindar un mejor servicio de seguridad ciudadana.

La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle a primeras horas de este viernes el proyecto de Ley de Sustancias Controladas, que se constituirá en una de las normas que reemplazará la Ley 1008.

El proyecto de Ley contiene 124 artículos, 11 disposiciones transitorias, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones abrogatorias y derogatorias, además de cinco disposiciones finales, y anexos con cinco listas.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, dijo que desde las 16:00 del jueves hicieron el tratamiento del proyecto de esta "ley nacionalizada, porque fue elaborado por los bolivianos y no por Estados Unidos como la Ley 1008" que próximamente será abrogada.

"Después en este mes vamos a tratar el Código Penal y con eso estaría saliendo de circulación la Ley 1008, que era muy antipatriota, sólo nos trajo dolor y luto a Bolivia", remarcó Montaño en un contacto con Red  Uno. La primera norma que fue promulgada para reemplazar la Ley 1008 fue la Ley General de Coca.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, afirmó que en el tratamiento del proyecto de Ley de Sustancias Controladas expresó su decisión de no apoyar su aprobación.

"Nuestra posición es no aprobar porque lamentablemente los artículos 6 y 7 salen de las convenciones y tratados de control de estupefacientes, además establece que la cooperación internacional no es cooperación sino una responsabilidad internacional, por eso llaman soberanía de lucha contra el narcotráfico", remarcó.

Sin embargo, Montaño aseguró que la oposición en principio dijo que no se iba oponer al proyecto de Ley y que sólo tenían observaciones.

"Entonces el ministro de Gobierno (Carlos Romero, que expuso el proyecto ante los diputados) ya les absolvió sus observaciones, por lo tanto pensamos que hay un doble discurso de la oposición", lamentó.

Los diputados hicieron el tratamiento del proyecto de Ley durante toda la noche y ahora la propuesta de la norma pasa para su análisis a la Cámara de Senadores.

La Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) cumple hoy cuatro años de ser promulgada y en este tiempo la retardación de justicia, la falta de recursos y de prevención aún son obstáculos para su aplicación, observaron organizaciones.

La Razón entrevistó a representantes de dos organismos internacionales, ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidades (UNFPA) y tres instituciones bolivianas que defienden los derechos de las féminas: Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Rebeldía y Pan y Rosas.

La representante de UNFPA en Bolivia, Ana Angarita, identificó cuatro debilidades para la aplicación de la Ley 348: la falta de recursos financieros y humanos, y la ausencia de la declaratoria nacional por violencia pese a los altos índices de casos. También que la norma no llega a zonas rurales porque no existen servicios legales integrales municipales (SLIM), ni la atención de delitos sexuales; y la falta de capacitación de personas en la atención de violencia.

Pero resaltó que hay aspectos positivos, como la creación del Juzgado Séptimo especializado en materia de violencia, de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), y de manuales como el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sipasse).

La Ley 348 fue promulgada el 9 de marzo de 2013 y su reglamento fue aprobado un año y medio después. La norma tipifica el feminicidio en el Código Penal y lo sanciona con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, además de reconocer 16 formas de violencia.

El colectivo Pan y Rosas observó que el reglamento fue implementado tarde y calificó a la ley como insuficiente porque no resuelve los problemas estructurales.

“Se exigió declarar emergencia nacional en 2016 por los casos de feminicidios y el Gobierno se negó alegando que no hay presupuesto”, indicó su coordinadora, Violeta Tamayo.

Conmemoración

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, instituido por la Organización de Naciones Unidas en homenaje a las obreras que en 1857 salieron a las calles de Nueva York (Estados Unidos) a protestar por las míseras condiciones laborales.

Para Tania Sánchez, del Centro Gregoria Apaza, hay tres cuellos de botella  para aplicar la 348: la retardación de justicia, la falta de presupuesto incluso para asignar más ítems de fiscales en materia de violencia, y la falta de prevención.

La representante de ONU Mujeres, Carolina Taborga, observó que en lo que va del año hubo 26 feminicidios, cuando en 2016 se llegó a similar cifra hasta junio. “Es un tema que alarma y preocupa, y como sociedad y Estado debemos declarar la emergencia”.

Angarita señaló que la cantidad creciente de feminicidios refleja los problemas de la Ley 348.

Guadalupe Pérez, coordinadora del Colectivo Rebeldía (Santa Cruz), indicó que una de las falencias de la norma es que no hay compromiso de los administradores de justicia. “Faltan autoridades judiciales con mayor comprensión de la problemática de la violencia”. 

Reconoció que la 348 es integral y con un mejor contenido que la anterior y la de otros países.“Falta voluntad política, más recursos y una comprensión cabal de todo lo que se teje alrededor de la violencia y cómo prevenirla, cómo rechazarla y cómo no aceptarla y frenar la naturalización”, aseguró la coordinadora de Rebeldía. (08/03/2017)