La Asamblea Legislativa prevé "mecanismos de seguridad" y "codificación" del proceso de evaluación en la preselección de aspirantes al Órgano Judicial, para garantizar transparencia y evitar la filtración de exámenes o el favorecimiento a los candidatos.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, declaró este martes, que no será posible la filtración de exámenes ni el favorecimiento hacia algunos aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.

"Se están implementando todos los mecanismos (de seguridad). A través del sistema informático se está elaborando un código de seguridad para evitar que se filtren preguntas o se intente favorecer a un ciudadano", declaró, según ANF.

La Asamblea Legislativa prevé “mecanismos de seguridad” y “codificación” del proceso de evaluación en la preselección de aspirantes al Órgano Judicial, para garantizar transparencia y evitar la filtración de exámenes o el favorecimiento a los candidatos.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, declaró este martes, que no será posible la filtración de exámenes ni el favorecimiento hacia algunos aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.

“Se están implementando todos los mecanismos (de seguridad). A través del sistema informático se está elaborando un código de seguridad para evitar que se filtren preguntas o se intente favorecer a un ciudadano”, declaró Gonzales.

Sin embargo, el jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, declaró que en la mesa multipartidaria donde buscan acuerdos para aprobar un reglamento en consenso, expresarán sus observaciones a los riesgos en el examen o a la distribución del puntaje.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, explicó que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB)  se  encargará de elaborar 720 preguntas para el examen  escrito de los postulantes a altos cargos  del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. Esto  de cara a las  elecciones judiciales de octubre.
 
"Son preguntas elaboradas por el sistema universitario. Van a ser 720 preguntas que se van a elaborar para el día del examen”, dijo Gonzales, quien añadió que las interrogantes serán impresas "en el momento” de la prueba, para así evitar que se filtren. 
 
  "En el momento en el que la persona aparezca para dar el examen, en ese momento prácticamente se van a imprimir las preguntas, y por primera vez, el postulante se va a enterar de  las preguntas que tiene”, agregó la autoridad. 
 
 Las interrogantes  estarán divididas de acuerdo con  las cuatro instituciones para las cuales se elegirán autoridades: Consejo de la Magistratura, Tribunal  Agroambiental, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia. 
 
"No todos van a tener los mismos contenidos de preguntas. No es lo mismo un Consejo de la Magistratura donde puede haber un abogado o un economista, que el Tribunal de Justicia, que la condición es que sea un abogado”, manifestó Gonzales.
 
Las comisiones mixtas y el CEUB sortearán 60 preguntas para la conformación de cada examen, las cuales se repartirán a los postulantes en sobres cerrados, con un código asignado para "resguardar su identidad y precautelar la objetividad al momento de la calificación”, para que  haya seguridad y transparencia.
 
 Un sistema de control 
 
Gonzales adelantó que el  Legislativo, junto  con el sistema universitario  trabaja en un "sistema de control informático” para evitar que se  filtren  exámenes y se favorezca  a los postulantes. 
 
Con este sistema se busca, por ejemplo, que a cada candidato se le asigne un código, el cual permitirá que se  mantenga  el anonimato;  de esa forma se quiere rehuir preferencias al  momento de la calificación. "El examen no va a tener el nombre del candidato.  Se está haciendo una codificación especial que cuando alguien esté revisando ese examen no se sepa de quién es”, indicó la autoridad. 
 
Según un  proyecto de reglamento de preselección al que accedió este medio, la fecha y hora de la prueba escrita se publicarán dos días antes de la evaluación en los sitios web y redes sociales de la Vicepresidencia, del  Senado y de la Cámara de Diputados.  
 
El lunes, la presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Montaño, reiteró que ocho delegados de las universidades públicas y privadas acompañarán el proceso.  No obstante, la oposición insiste en que  una junta de académicos  se encargue  de calificar los méritos. "Todavía queremos saber por qué serán ocho los delegados, y cómo los escogerán. Nosotros insistimos en un consejo académico”, dijo el   diputado Wilson Santamaría,  de Unidad Demócrata.
 
Se prevé que hasta el viernes se pueda llegar a un acuerdo.

La bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Ilustre Colegio de Abogado de Chuquisaca (ICACH) piden que los actores políticos se mantengan al margen del proceso de evaluación y calificación en la preselección de candidatos al Órgano Judicial. "En eso no tendrían que meterse los políticos, ahí tendrían que entrar las universidades, los colegios de abogados y los pueblos indígenas, y ellos tendrían que, con alta calidad académica y meritocrática, hacer su evaluación y calificación", dijo el senador opositor Edwin Rodríguez.

Ayer tuvo lugar la cuarta reunión entre los jefes de bancadas y los presidentes de Diputados y Senadores para intentar consensuar criterios para la convocatoria. Ante la falta de acuerdos se dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes.

El lunes, los titulares del Legislativo, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales, informaron que ocho delegados de las universidades públicas y privadas estarán a cargo de la valoración de los candidatos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Al respecto, la presidenta del ICACH, Silvia Salame advirtió que la intervención de políticos en la comisión de preselección de postulantes a autoridades judiciales la llevará al fracaso y expresó su desacuerdo con la propuesta de que ocho universidades sean parte de la evaluación, porque muchas de ellas también fueron "tomadas" y responden al Gobierno. 

La bancada del MAS en la Asamblea Legislativa plantea que las organizaciones sociales, en su condición de control social,  participen y supervisen el proceso de postulación, preselección y selección de candidatos a cargos en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
 
Víctor Borda, presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, explicó ayer que las organizaciones sociales, "el pueblo organizado”,  "participarán de manera activa del proceso de selección” de candidatos a cargos judiciales.    
 
En el artículo 3, del proyecto de ley que presentó el MAS, se indica  que: "en el proceso de postulación, preselección y selección participará efectivamente el Control Social de acuerdo con la  ley”. También agrega que: "en el proceso de postulación y preselección se garantizará la participación ciudadana”. 
 
     El diputado Borda explicó que esto significa que los sectores sociales   podrán impugnar las candidaturas, cuando éstas no cumplan con  los requisitos de la convocatoria, entre ellos no tener una sentencia condenatoria.
 
"El ciudadano común también puede impugnar al candidato observado”, agregó Borda en declaraciones a este medio.
 
Los sectores sociales también participarán en los exámenes y en la calificación de meritocracia que establecerá el reglamento.
 
Recientemente el vicepresidente Álvaro García Linera admitió que el "cuoteo” de las organizaciones sociales en el Órgano Judicial no sirvió para reformar la justicia en Bolivia.
 
El senador Arturo Murillo (UD) planteó que  la preselección de candidatos esté a  cargo de un grupo de profesionales notables o "un consejo académico de calificación y evaluación meritocrática que evalúe y haga seguimiento a la preselección”.
 
Unidad Demócrata plantea que este consejo esté conformado por 11 integrantes: cuatro representantes de universidades públicas, dos delegados de universidades privadas, cuatro representantes del Colegio Nacional de Abogados y un representante de la justicia indígena.
 
En octubre de  2017 se elegirá mediante voto popular a autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia.
 
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, anunció que la elección judicial se realizará el domingo 22 de octubre de este año.  
 
El 29 de abril, la Asamblea  lanzará la convocatoria para la preselección de postulantes.
 
Pacto con la oposición para elección  judicial
 
En busca de consensos, con miras a las elecciones judiciales, que se realizarán en octubre de este  año, el Movimiento Al Socialismo y las bancadas de oposición tienen previsto reunirse esta semana.
 
El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, informó que el MAS debe presentar su propuesta de reglamento de evaluación  a candidatos a altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
 
El diputado Víctor Borda (MAS) dijo que existe toda la predisposición para trabajar un reglamento con el fin de contar con los "mejores” profesionales.
 
El 16 de octubre de 2011, por primera vez en la historia de Bolivia,  se realizaron las elecciones para altos cargos judiciales.

A diferencia de la primera preselección de candidatos en 2011, la meritocracia de los aspirantes a ocupar altos cargos en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional tendrá una ponderación de 40 sobre 100 de puntos. La calificación se hará a través de un sistema transparente y “ciego” para no favorecer a ningún profesional.

La información la dio a conocer el ministro de Justicia, Héctor Arce, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia de Bolivia que la componen autoridades del Ejecutivo, Legislativo y del Sistema Universitario.

Los 100 puntos de calificación estarán divididos en 40 puntos para la evaluación curricular, 30 para la prueba escrita y un similar puntaje para la entrevista personal.

De los 40 puntos con los que se calificará los méritos académicos, la formación académica se evaluará con 14 puntos; la experiencia profesional con 19 y la producción intelectual con 5.

Solo con el restante par de puntos se evaluará la participación del postulante como autoridad en nación y pueblos indígenas, explicó Emilio Barea, director de la Carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana (UCB), quien es parte de la comisión.

“(La preselección) va a ser llevada adelante con las mayores garantías de independencia y transparencia de un sistema aleatorio de preguntas del que va a ser actor directo la universidad boliviana”, anunció Arce.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, añadió que los académicos participarán “absolutamente en todo el proceso” de evaluación.

La ponderación de la meritocracia es una demanda que diferentes sectores consideraron vital para revertir la afectada imagen del sistema judicial con denuncias de burocracia y corrupción. En la primera elección de magistrados de 2011, el criterio de la meritocracia fue marginal.

Los bolivianos volverán a las urnas este año para elegir a los titulares del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La primera elección de este tipo fue el 16 de octubre de 2011

La Escuela de Jueces del Estado (EJE) promocionará a los primeros jueces este 21 de abril, después de casi cinco años y medio de las nuevas autoridades judiciales. La demora fue cuestionada porque la falta de jueces formados permitió a las autoridades judiciales realizar nombramientos discrecionales a “dedo” dejando de lado la capacitación y los méritos.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fidel Tordoya lamentó que en cinco años y medio sólo se haya logrado una sola promoción de jueces, no siempre por culpa del Director de la EJE, sino también del Directorio que dejó relegada la formación.

“En cinco años y medio la EJE no ha producido jueces preparados y el Consejo de la Magistratura decidió seguir emitiendo convocatorias para cubrir las acefalías a las que los egresados tendrán que someterse y no serán designados directamente”, señaló Tordoya.

El Magistrado sostuvo que la formación virtual fue un “fracaso” y se tendría que retomar los cursos presenciales para los futuros postulantes a jueces.

El ex director de la EJE y director General de Administración Pública del Ministerio de Culturas y Turismo, Marvin Molina, no observa cambios en la nueva Escuela judicial que en su criterio es una continuación del extinto Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB), con la excepción de que este último tenía personal académico especializado en procesos de formación.

En estos años no hubo institucionalización, todos los cargos de la EJE tienen ciertos requisitos pero que no se cumplen, con algunas excepciones.

“La EJE en ciertos momentos llegó a capacitar hasta juntas de vecinos en lugar de capacitar jueces y funcionarios judiciales”, remarcó Molina.

Según el jurista, la EJE no acompañó la intención de revolucionar la justicia que pasa por los procesos de formación y capacitación, que debería ser el núcleo de la revolución y del cambio en la justicia.

Si no hay servidores judiciales técnica y humanamente formados, no se puede pensar en un cambio estructural de la justicia y por eso la mayoría de los “flagelos y miserias” que se ventilan en los estratos judiciales devienen de la mala o la ausencia de capacitación, según sus palabras.

La EJE se quedó sin director titular tras la renuncia de Franz Ochoa para asumir la Fiscalía Departamental en Oruro.

El nuevo Código de Sistema Penal perfila un nuevo escalafón que agrupará a policías que se dedican a la investigación, quienes dependerán del Ministerio Público. Este cambio causó molestia en las filas de la institución verde olivo, cuyas autoridades piden modificaciones sobre el tema.
 
"Todos los organismos de la Policía Boliviana que ejerzan funciones de investigación penal actuarán bajo la estricta dirección y control del Ministerio Público”, señala una parte del artículo 390 del proyecto.
 
El acápite explica que las y los miembros   de la Policía que ejerzan funciones de investigación serán "funcionarios especializados integrantes del escalafón de investigaciones”.
 
Autoridades policiales observan este nuevo elemento en el proyecto del nuevo código, ya que al margen de quitarle competencia a la institución, desvirtúa un principio elemental: el mando único.
 
"Nosotros nos debemos a un mando único, somos especialistas en investigación; sí, hay gente completamente capacitada, pero eso no debe influir para que pertenezcan a otro escalafón.
 
Pedimos respetuosamente a los asambleístas que tomen en cuenta los argumentos y hagan las modificaciones correspondientes”, dijo el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Johnny Aguilera.
 
Pero eso no es todo. El nuevo código señala que "quienes  pertenezcan a este escalafón no podrán pasar a integrar los escalafones de policía de seguridad o logística”. 
 
De esta manera se pretende que la organización policial garantice a las y los miembros de investigación "el desarrollo completo de su carrera policial dentro del escalafón de investigaciones”.
 
La Policía Boliviana propone que haya la especialización de sus efectivos en diferentes áreas, pero que todas se mantengan dentro del mismo escalafón y así se garantice el desarrollo de la carrera policial.
 
"Queremos ser propósitos en las sugerencias que damos sobre los cambios que se puede hacer en el nuevo código, pero los proyectistas deben entender algunos aspectos fundamentales de la institución policial”, acotó Aguilera.
 
Una comisión, de la cual forma parte el jefe policial, visita   diferentes comisiones de asambleístas y se propuso explicar las sugerencias y observaciones a todos quienes estén a cargo de la elaboración de la nueva norma que aún está en debate.
 
El proyecto  le quita atribuciones
  • Observaciones El nuevo Código de Sistema Penal le quita a la Policía Boliviana al menos cinco competencias en el peritaje  e investigación criminal. Por ejemplo, el proyecto contempla que la Unidad de Análisis Criminal sea "organizada” en cada Fiscalía Departamental. Asimismo, el instituto de investigaciones IITCUP de la Policía no es tomado en cuenta en el nuevo Código.
  •    Sugerencias La Policía Boliviana sugiere ser parte de las autoridades que presenten el plan anual de prioridades y estrategias de persecución penal para su distrito. Por otro lado, pide que la institución del orden pueda requisar el lugar del hecho criminal en caso de extrema urgencia sin el aval del fiscal, y, finalmente, que el comandante general sea parte de  la implementación del código.
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Sam Mills Jersey