La norma modificó las leyes del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Régimen Electoral. Los legisladores ahora deberán aprobar el reglamento de preselección de candidatos judiciales.

La presidenta de la cámara de Diputados cuestionó a los legisladores opositores por abandonar la mesa multipartidaria el viernes. No obstante, dijo que 'no por eso vamos a tratar de evitar buscar consenso'.

En las reuniones de alto nivel participaron el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto; los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Pastor Mamani y del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque; además del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó el jueves que esa instancia legislativa aprobó la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional, de la Ley del Órgano Judicial y de la Ley del Régimen Electoral para las elecciones judiciales de octubre próximo.

"Ya se tiene el informe de comisión, porque ya se ha aprobado las modificaciones a las leyes", dijo a los periodistas.

Según Borda, las modificaciones a la Ley del Tribunal Constitucional se refieren al aumento del número de magistrados, de siete a nueve, que serán elegidos en circunscripción departamental, al igual que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, velando por la equidad de género.

Agregó que las modificaciones establecen una disminución de los miembros del Tribunal Agrario, de siete a cinco, y para el Consejo de la Magistratura una reducción de cinco a tres magistrados.

Respecto a la Ley Electoral, Borda dijo que se realizan modificaciones al tema de difusión de los logros académicos y profesionales de los postulantes a magistrados.

Si algún postulante incurre en inducir el voto, Borda dijo que automáticamente quedará "inhabilitado" y habrá una sanción pecuniaria para el medio de comunicación que de igual forma induzca al voto por algún candidato.

"Para controlar todo esto, el órgano Electoral tiene que establecer un centro de monitoreo para ver estos aspectos", señaló.

Borda agregó que las modificaciones a la Ley del Órgano Judicial se enmarcan en el cambio de papeletas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, tomando en cuenta que erán elegidos por circunscripción nacional, mientras con la modificación será departamental.

El requisito de hablar algún  idioma nativo no será  un factor inhabilitante para la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, establece el reglamento que plantea la bancada del MAS  en la Asamblea Legislativa, aunque lo plantea como requisito.
 
  La propuesta del MAS dice: "Tener conocimiento de un idioma nativo del Estado Plurinacional de Bolivia”. Los postulantes, para respaldar que conocen un idioma nativo, deben presentar certificado o una declaración jurada.
 
La Constitución Política del Estado establece, en su disposición transitoria décima, el requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales para el desempeño de funciones públicas, determinado en el artículo 234, numeral siete,  referido a los requisitos para ser servidor público.
 
El diputado oficialista Víctor Borda, presidente de la Comisión de Justicia Plural, explicó  que  no puede ser un requisito que inhabilite porque se calificará   la meritocracia y trayectoria del postulante. 
 
No obstante, el legislador manifestó que una persona que se autoidentifica como indígena y está postulando al Tribunal Constitucional debe demostrar "por simple racionalidad  que habla un idioma oficial”. 
 
El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, dijo  que detectaron esa situación y que plantearon en reuniones de jefes de bancada para consensuar el reglamento de elección de autoridades judiciales.
 
"Se ha detectado ese detalle en la reunión de jefes de bancada. Los presidentes de las cámaras nos han dicho que mañana (hoy) en la reunión se va a absolver eso, pues puede obedecer a un error o a una explicación”, informó Santamaría. 
 
El legislador   explicó que la Constitución es una norma suprema del ordenamiento jurídico, la cual goza de primacía frente a cualquier disposición normativa, esto significa que su cumplimiento es imperativo por todas las personas naturales y jurídicas.
 
Para los requisitos de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, y de consejeros del Consejo de la Magistratura de 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional determinó que, de manera excepcional, no se aplique el requisito de hablar dos idiomas oficiales.
 
En aquella oportunidad ese factor fue considerado como mérito para los criterios de evaluación.
 
El hablar dos idiomas oficiales como establece la Constitución para acceder al desempeño de funciones públicas tampoco fue exigido a  los candidatos que postularon en las elecciones generales del 12 de octubre de 2014, puesto que la normativa vigente fija como plazo tope hasta el mes de agosto de 2015. 
 
Para la elección  de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral  la Asamblea Legislativa tampoco  exigió este requisito. Sin embargo, en la elección del nuevo Defensor del Pueblo fue causal de inhabilitación.  
 
La  elección
  • Elección  En octubre de  2017 se elegirá, mediante voto popular, a autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, anunció que la elección judicial se realizará el domingo 22 de octubre de este año.   El 29 de abril, la Asamblea  lanzará la convocatoria para la preselección de postulantes
  • Reunión  La comisión conformada por todas la bancadas políticas de la Asamblea Legislativa tiene previsto reunirse hoy para definir el reglamento para la preselección de los postulantes a altos cargos del Órgano Judicial, informó ayer el diputado Wilson Santamaría, de UD.

La Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia cuestiona el reglamento de preselección de candidatos a magistrados que impulsa el Gobierno de Evo Morales al considerar que pueden prevalecer los intereses políticos en este proceso. Así lo expresó David Rosales, presidente de esta entidad durante una entrevista con EL DEBER Radio.

Rosales indicó que se presentaron sugerencias a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para fortalecer la selección mediante la conformación de un comité integrado por miembros de organizaciones sociales, académicas y civiles en donde se identificaba a las universidad públicas y privadas y los colegios de abogados, pero que esta no fue tomada en cuenta.

"Lo ideal hubiese sido (que este comité) participe propiamente de la evaluación, del concurso de méritos, de la fase de evaluación de conocimiento y la entrevista (...) esto sigue de mano de la ALP", dijo Rosales a EL DEBER Radio en concordancia con miembros de la oposición que también cuestionan el proceso de preselección.

La ALP ha dado la posibilidad a estas instituciones de participar en la elaboración de las preguntas que se les formula a los candidatos a magistrados, pero que "ellos no tienen voto para la calificación".

Por su parte, la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa, ha respondido a las críticas y plantea que sean las organizaciones sociales las que supervisen el proceso de postulación, preselección y selección de los candidatos.

Habrá dos papeletas

A diferencia de la votación de 2011, que tuvo una sola boleta de sufragio para 125 aspirantes a magistrados, en este proceso habrá dos papeletas de votación.

La propuesta contempla una boleta para elegir en circunscripción nacional a los miembros del Tribual Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y en la otra papeleta se elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son electos en circunscripción departamental.

Los miembros del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europea llegaron a La Paz con el objetivo de interiorizarse sobre la problemática carcelaria en Bolivia. Visitaron, junto al defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, el penal de San Pedro y recibieron información sobre la situación de los sentenciados y detenidos preventivos.

“Recorrieron (los legisladores europeos) algunos espacios y recibieron información sobre la situación de quienes cumplen una condena y de los que se encuentran con detención preventiva, además de otras condiciones y características del modelo penitenciario”, informó la Defensoría del Pueblo en un boletín institucional.

La mayor cantidad de la población carcelaria no tiene una sentencia, por lo que tiene la condición de detenido preventivo mientras dure la investigación.

Tezanos Pinto sostuvo una reunión con los legisladores y luego visitaron el penal de San Pedro, en La Paz.

Un informe de la Defensoría del Pueblo titulado “Situación de los Centros Penitenciarios de Bolivia”, divulgado en septiembre de 2016, reveló que a pesar de los indultos decretados desde 2012 el número de privados de libertad se incrementó a 14.816, lo que ocasionó como un problema crítico el hacinamiento.

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Sam Mills Jersey