Gobierno. El Vicepresidente cuestiona a los operadores judiciales
Tras un día de la inauguración del Año Judicial 2016, el vicepresidente Álvaro García volvió a arremeter, ayer, en contra de la administración jurídica en el país y planteó tres acciones para transformar la Justicia durante esta gestión, debido a la crisis que atraviesa el sector.
Álvaro García Linera plantea que una comisión seleccione a fiscales y jueces. Pide a la población que ayude a encontrar soluciones.
El Presidente considera que el cambio en la justicia no pasa por normativas si no por un cambio de mentalidad, “algunos (abogados) tienen esa mentalidad de no hacer justicia si no hacer injusticia, lucrar en base a la ilegalidad, entonces es parte de una formación”, manifestó.
El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, informó ayer que este órgano no cerrará sus puertas durante las fiestas de fin de año y que sus actividades serán normales.
Los diputados y senadores buscan modificar la tipificación de los delitos.
Las reformas judiciales se postergan una vez más para la próxima legislatura, uno de los grandes retos que se propuso la Asamblea Legislativa, que se inicia el 22 de enero del año que viene.
En los últimos meses el número de adolescentes detenidos por vulnerar la ley se duplicó. Hay poca atención a los centros de rehabilitación y la prevención de la delincuencia juvenil es casi nula.
Un nuevo modelo de gestión en la administración de la justicia en Bolivia sería la solución a la crisis en la que se encuentra, a criterio del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Desde Demócratas califican como una farsa y un espejismo la investigación del Ministerio Público en contra de los responsables de la administración del ex Fondo Indígena por cuestiones políticas y según para demostrar que están haciendo algo, están deteniendo a los que no son los verdaderos culpables de este hecho.
Lenny Valdivia, ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, informó que como resultado del proceso de investigaciones por los hechos de corrupción en la administración del Fondo Indígena, se cuenta con 80 proceso penales, 19 detenidos (12 en la cárcel y siete con detención domiciliaria) y cinco personas con otro tipo de medidas cautelares.
El director regional de Régimen Penitenciario, Edwin Sandóval, informó el jueves que un presupuesto de más de 5,3 millones de bolivianos se ejecutará a partir de este mes para la ampliación de las cárceles San Sebastián-Mujeres y El Abra del departamento de Cochabamba, centro de Bolivia.
El Gobierno boliviano indultó entre 2013 y 2015 a 4.118 reos que cumplían sentencia por delitos leves o que esperaban juicio en régimen de prisión preventiva, con el objetivo de reducir el problema de hacinamiento de las prisiones del país.