El presidente Evo Morales anunció el martes envió tres proyectos de ley para la reforma judicial a la Asamblea Legislativa en los que se incluye sanciones para jueces, fiscales y abogados que no asistan a las audiencias.

“Hermanas y hermanos son las conclusiones de la cumbre para implementar y para mejorar la justicia boliviana y para eso el Órgano Ejecutivo estamos enviando tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dijo el Jefe de Estado.

Los jueces que suspendan una audiencia serán destituidos y procesados de inmediato. En el caso de fiscales, aquellos que no asistan a sus audiencias serán reemplazados o conducidos por la fuerza pública o destituidos, explicó el Mandatario.

Los abogados serán suspendidos de su matrícula profesional por seis meses en caso de que no se presenten a la audiencia y por esta conducta se suspenda la audiencia.

Sobre los querellantes dijo que se los podrá obligar a presentarse mediante la fuerza pública.

El Presidente además anuncio la posibilidad de convocar un referendo para cambiar el Código Penal y permitir la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños.

Recordó que todas estas propuestas son las conclusiones de la Cumbre de Justicia realizada en junio del 2016 en Sucre.

El presidente Evo Morales informó que este año se convocará a elecciones judiciales para los magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Los actuales magistrados cumplen su gestión en diciembre de este año, luego de que fueran electos en los comicios de octubre de 2011, en unas inéditas elecciones realizadas en Bolivia.

"Los magistrados este año acaban su gestión, y vamos a cumplir con la Constitución y también con las recomendaciones de la Cumbre de Justicia. Este año se va a convocar a la elección de nuevos magistrados para el Estado Plurinacional cumpliendo con la Constitución”, informó Morales en Palacio de Gobierno, en la presentación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia.

El Gobierno, consultado en más de una oportunidad sobre la justicia, descalificó el accionar de ésta y reconoció errores en la elección popular de los magistrados, aunque para la próxima ocasión anticipó que se hará hincapié en la meritocracia para elegir a los mejores profesionales para esos cargos.

De acuerdo al reporte de la misma Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), más del 50% de las autoridades judiciales electas, fueron denunciadas por diversos motivos.

Juristas cuestionan a las autoridades del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la selección direccionada de los candidatos a magistrados en las pasadas elecciones judiciales del 2011.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM), conforman el Órgano Judicial.

Procesos instaurados. Por la vía ordinaria, alrededor de seis autoridades fueron demandadas por diversos delitos, sin embargo, algunos de ellos ya fueron cerrados, mientras que otros no implicaron mayores sanciones contra las autoridades vigentes.

A esto se suma el informe de la Comisión de Justicia Plural de la ALP, específicamente en el Comité del Ministerio Público de dicha comisión, en donde se investigan las denuncias contra las autoridades judiciales. Según se conoce que más del 50% de los magistrados se encuentran procesados. De las 28 autoridades en función, solo ocho estarían limpias de procesos presentados en su contra. 

Detalles. La diputada de oposición Norma Piérola, que forma parte del Comité del Ministerio Público que investiga las denuncias contra magistrados, indicó que de las 28 autoridades titulares electas y vigentes en el cargo, son 20 las que enfrentan acusaciones de diversos delitos. "Se han violentado los derechos de algunos ciudadanos", dijo. 

Indicó que una gran parte de las causas que aún siguen en investigación, son casos pendientes de la gestión legislativa pasada. Mencionó que en la anterior legislatura, el diputado a cargo de esta comisión de investigación era Juan Carlos Cejas, quien ahora ocupa el cargo de gobernador de Potosí y quien a decir de ella misma, actuó de forma irregular en varias denuncias que se presentaban. "Arrastramos muchos procesos de la anterior legislatura, lamentablemente el diputado a cargo en ese entonces solo impulsó el proceso a los magistrados que se distanciaron del partido de Gobierno", apuntó.

Observación. Para el analista político, Jimmy Frías, las denuncias contra las máximas autoridades en la justicia del país, es la muestra de los errores que se cometieron dentro de la ALP al momento de seleccionar a los candidatos.

Cuestionó que no se haya valorado la meritocracia y la experiencia de muchos candidatos, por dar lugar a postulantes cercanos al MAS. "No tenemos magistrados que tengan buena calidad de fundamentación jurídica, por eso la mayoría tiene procesos. Es resultado de la improvisación al admitirlos", dijo. 

Problemas identificados. A esta posición se suma el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, quien englobó el conflicto en dos problemas: la innecesaria legitimación de personas que no ejercen funciones judiciales, sino más pegadas a la política y el permitir que lleguen a este cargo personas que tuvieron participación directa con el partido de Gobierno, que las idóneas.  Indicó que esta situación es la muestra de los magistrados que en un principio quisieron mostrar su imparcialidad al emitir sus opiniones y fallos, pero que finalmente fueron apartados de sus funciones con procesos o sanciones. "Es un descalabro total en el Órgano Judicial, en algunos momentos hubo gente que no mostró parcialidad al Gobierno y se generó un escenario de denuncias en su contra. Por eso hoy seguimos profundizando la crisis en el sistema judicial del país", manifestó Cabrera.

Algunos casos que marcaron...

Suspensión de magistrados del TCP. Las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, Ligia Mónica Velásquez y Rosario Chánez, fueron suspendidas de sus funciones tras observar la Ley de Notario años atrás.

Suspensión en Consejo de la Magistratura. De los cinco integrantes de esta instancia judicial, cuatro fueron suspendidos días atrás tras ser denunciados ante la ALP y esta dictar una resolución de inicio de juicio de responsabilidades.

Cristina Mamani. La consejera fue señalada de estar vinculada con un falso asesor del presidente Evo Morales, por supuesta extorsión. También el diputado opositor Rafael Quispe, dijo que tenía una denuncia por supuesto daño económico al Estado.

Ruddy Flores. El magistrado del TCP, estuvo involucrado en un hecho de tránsito en la carretera Sucre - Potosí. El motociclista afectado perdió la vida. El magistrado obtuvo medidas sustitutivas y generó
varias críticas, sin embargo, permanece libre.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), previo un informe de gestión, inicia sus actividades del año judicial 2017 este martes en la capital de Bolivia, Sucre.

En un boletín de prensa, al que tuvo acceso El Día, se da cuenta que el Presidente del máximo tribunal, Pastor Segundo Mamani Villa,  brindará un informe incluyendo las actividades de la Escuela de Jueces del Estado y la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, además del trabajo cumplido por los Tribunales Departamentales de Justicia.

Por su parte, Wilber Choque, Presidente del Consejo de la Magistratura (CM), señaló que para todo el sistema judicial, este año esperan cerrar una gestión de seis años con la implementación de todos los códigos procesales civiles, penal, entre otros.

“En lo que resta este año, esperamos sentar las bases para ver cambios significativos en la justicia boliviana. Para ello ya se viene implementando el Código Procesal Civil, el Código de la Niñez y ahora ya está en proceso el Código del Sistema Penal, con eso se darán cambios fuertes”, apuntó Choque.  

Acto central. La apertura del Año Judicial está prevista para las 15:30 y se asegura que estará presente la primera autoridad del Estado, Evo Morales Ayma, el vicepresidente Álvaro García Linera, además de sus ministros del área y las principales autoridades del país del Órgano Judicial.

Entre las principales preocupaciones de este poder del Estado está la demanda de un mayor presupuesto, cuyo componente según el Presupuesto General del Estado (PGE) no pasa del 0,32% con relación al total del gasto público del país, incluso menor al 2016 de 0,36%. 

El otro tema en cuestión, y es objeto de muchos cuestionamientos de la población y los expertos en el tema, es la alta carga procesal y un lento y tedioso avance en la resolución de causas pendientes. 

Además, la agravante a todo ello, son los recurrentes procesos en contra de los servidores públicos de justicia que se dieron el 2016, con jueces suspendidos, por casos de corrupción. “Así como hay buenos servidores de justicia, lamentablemente hay pésimos operadores. En ese contexto, están llamados a controlar al Consejo de Magistratura. Estamos haciendo seguimiento a todo ello”, precisó, Diego Jiménez, Viceministro de Justicia. 

Respuesta. Por su parte, Juan Oswaldo Valencia, Presidente del Tribunal Constitucional (TCP), señaló que, pese a un año electoral de magistrados, ellos llevarán adelante una gestión de transición para entregar un TCP eficiente.