La actual Ley 1008 desaparecerá y los delitos por narcotráfico serán tipificados en el nuevo Código de Sistema Penal.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, confirmó que la nueva norma tendrá en su potestad las sanciones sobre estos casos.

Medidas. Antes se había indicado desde el oficialismo que de la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas iban a desprenderse dos normas: una de ellas la Ley General de la Coca, que la pasada semana ya fue aprobada y otra de sustancias controladas. "No habrá 1008 a partir de la promulgación del nuevo Código del Sistema Penal, las figuras jurídicas sí, la conformación de los tipos penales son distintos, precisamente porque esta (la Ley 1008) es una ley muy antigua, que no reflejaba la realidad boliviana", dijo Rivero.

A su turno, la senadora oficialista Adriana Salvatierra indicó que al unificarse estos puntos en el nuevo Código, este tendrá las diferentes clasificaciones como delitos, faltas o crímenes respecto al narcotráfico. "Se está unificando toda la estructura de delito en una sola norma. La hoja de coca ya no es considerada un estupefaciente, por eso hemos separado su clasificación y ahora los delitos van a estar en otra norma", señaló Salvatierra.

Rivero aseguró que ya no será necesaria una ley de sustancias controladas, porque "el Código establece todas las sanciones de tráfico, almacenaje, transporte" que se incluían en la 1008. "En el Código Penal se fijan penas durísimas pero con graduaciones", porque precisó que no pueden llenarse las cárceles de "mulas" y no así de los que financian el ilícito del tráfico de drogas.

Norma base. Rivero adelantó que en los próximos días se iniciará el tratamiento del Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, por lo que pidió a la oposición debatir sanamente y pensando en el pueblo que se beneficiará con la mejora de la justicia, dejando de lado la distorsión con fines políticos.

Según explicó, el proyecto de ley fue elaborado por profesionales bolivianos en el ámbito jurídico y también fue asesorado por expertos internacionales, "pero hemos construido este Código pensando en Bolivia, en las necesidades del pueblo y, sobre todo, en el mandato que nos dio el pueblo en la Cumbre de Justicia, así que exhortamos a que cuando iniciemos esta discusión sea una discusión técnica".

Salvatierra considera que no habrá mayores trabas dentro del tratamiento de este nuevo Código, dado que asegura estaría plasmando lo solicitado por los sectores en la Cumbre judicial.

A febrero de este año, los tres tribunales de Justicia Disciplinaria en Cochabamba tienen 510 casos contra magistrados, vocales y funcionarios subalternos, de los cuales 140 denuncias, equivalente al 27.4 por ciento , son contra jueces en Cochabamba.

Del 100 por ciento de las denuncias contra jueces en Cochabamba, el 70 por ciento es por retardación de justicia, según datos del Consejo de la Magistratura.

En los 47 municipios de Cochabamba existen 173 jueces, de los cuales el 81 por ciento , equivalente a 140, tiene una denuncia y un proceso pendiente en uno de los tres tribunales de justicia disciplinaria.

La encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Victoria Beatriz Negrete Lafuente, advirtió que todos los procesos llegarán hasta el final y que la misión “cero corrupción” devolverá en un corto tiempo la credibilidad en los administradores de justicia.

Sin embargo, la retardación judicial en Cochabamba, al igual que en gran parte de Bolivia, es uno de los problemas más visibles de la administración de justicia que hasta ahora no se ha podido resolver.

Aunque existen factores que explican la retardación, “también hay muchos casos en que el administrador de justicia dilata deliberadamente el proceso para favorecer a una de las partes”.

El Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 de Cochabamba, Rubén Coca Muñoz, confirmó el hecho y recordó que la mayoría de los 170 casos que hay en su despacho es por retardación de justicia, un problema que se intenta frenar.

En el marco de la transparencia en los procesos judiciales y la eliminación de la retardación de justicia, Coca Muñoz exhortó a la población a presentar las denuncias sin temor.

Insistió en que la gente está muy cansada con el problema, pero también admitió que es un mal estructural que se viene arrastrando desde hace muchos años.

En la mayoría de las demandas presentadas, los querellantes sostienen que el juez ha dilatado deliberadamente los plazos procesales para inclinar la balanza de la justicia para uno de los lados.

La segunda causa de las denuncias es por el mal trato que reciben los litigantes, durante el proceso ordinario.

Negrete explicó que existen funcionarios que no respetan, por ejemplo, la preferencia de las personas de la tercera edad o a las mujeres en periodo de gestación.

El Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 también explicó que muchas personas son víctimas de discriminación o mal trato por su condición social, origen o forma de vestir.

La tercera causa de las denuncias tiene que ver con una posible parcialización abierta del administrador de justicia. En estos casos, según Coca, los administradores de justicia ignoraron las evidencias de un hecho y emitieron fallos contrarios a Ley.

El cuarto tipo de denuncias está relacionado con la comisión del delito de soborno contra los administradores de justicia.

Aunque no son muchos casos, el Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 explicó que estas acusaciones son muy delicadas, pero aclaró que se actúa con rapidez.

“Cuando el proceso disciplinario sobre soborno encuentra indicios de responsabilidad del denunciado, formaliza inmediatamente el caso ante el Ministerio Público para que investigue el caso en el marco de una acción penal en la vía ordinaria.”.

GUÍA DE DENUNCIA El Consejo de la Magistratura presentó una guía para formalizar una denuncia contra un vocal, un juez o un funcionario subalterno.

El juez Coca recordó que los tribunales disciplinarios nacieron para transparentar los procesos judiciales e insistió que no le temblará la mano para hacer justicia.

PRIMER PASO Las personas que se sientan agraviadas o que consideren que el administrador de justicia no está cumpliendo con el rol de sus funciones, deben presentar una denuncia formal y entregarla en la ventanilla de trámites.

SEGUNDO PASO Después de presentar la denuncia formal, el caso será sorteado a uno de los tres juzgados disciplinarios.

Aclaró que las denuncias deben estar enmarcadas en hechos, actos, omisiones del juez o funcionario en el desarrollo de sus funciones porque la ley prohíbe, en razón del principio y de independencia, a analizar cuestiones de fondo del mismo proceso.

TERCER PASO El juez disciplinario analiza el caso y si encuentra indicios de responsabilidad del denunciado con los delitos que se le acusa, emitirá un fallo disciplinario.

En ese marco, el acusado tiene tres días para presentar sus descargos y cinco días para entregar un informe circunstancial en relación a los hechos que se le acusan.

En esta fase y en el marco de su competencia para llegar a la verdad el juez puede realizar las entrevistas en los mismos juzgados del acusado

CUARTO PASO El Tribunal Disciplinario emite una resolución, que es equivalente a un fallo o una sentencia disciplinaria contra el administrador de justicia en Cochabamba.

Apuntes

Retardación de justicia

La retardación de justicia en Cochabamba, al igual que en gran parte de Bolivia, es un tema que a diario el mundo litigante reclama con la finalidad de hacer respetar sus derechos y garantías constitucionales.

Causas

Entre las causas principales de la retardación de justicia están: la falta de recursos humanos, infraestructura, de valores, vocación de servicio, falta de interés en el trabajo, excesiva carga procesal, falta de requisitos para ocupar el cargo, equipamiento, remuneración justa, capacitación y evaluación permanente.

Chicanería

“En la retardación de justicia uno de los factores externos es el abuso del derecho de acceso a la justicia por parte de malos abogados que actúan sin ética y presentan demandas y peticiones sin sustento alguno acrecentando aún más la recargada labor judicial. Lo cual ha llevado que la sociedad pierda la confianza y credibilidad en la Justicia”.

Elsa Cabrera M. Defensa Pública

Tres tipos de sanciones

El Consejo de la Magistratura, a través de los tres juzgados disciplinarios, impone tres tipos de sentencia.

La sanción por un delito leve es cuando el juez disciplinario entrega una llamada de atención y determina un descuento de haberes contra el acusado. La sentencia por un delito grave es cuando el juez disciplinario suspende de sus funciones al acusado desde un mes hasta seis meses de sanción.

La sentencia por la comisión de un delito gravísimo es cuando el acusado (juez o vocal) es destituido del cargo y se remite los antecedentes al Ministerio Público para que inicie un proceso en la vía ordinaria.

El Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 Coca explicó que esto significa que terminó el proceso y comenzó una investigación penal en la justicia ordinaria.

Consejo detecta títulos falsificados de al menos tres funcionarios

Al menos tres funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Tribunal Departamental de Justicia falsificaron sus títulos en provisión nacional y mintieron sobre sus estudios superiores, según una investigación de la Dirección de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura.

Los casos de las tres personas serán enviados al Ministerio Público por Asesoría Legal, informó la encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Victoria Beatriz Negrete Lafuente.

Según el primer expediente, Marisol I.C.T, funcionaria de la DAF del Tribunal, presentó docu- mentación que no correspondía a la profesión que había indicado para acceder al cargo y además no cumplía con el perfil requerido.

Control y Fiscalización le solicitó en reiteradas oportunidades que presente sus títulos en provisión nacional y no lo hizo. Paralelamente, tras un requerimiento, la Universidad Simón y Patiño certificó que la funcionaria nunca cursó la carrera que había señalado y, por lo tanto, no le extendió ningún título.

En el segundo caso, también de otro funcionario de la DAF, Dayler C.A. presentó su currículum para el puesto indicando que era profesional, lo que probó con una certificación de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba.

Negrete dijo que después de verificar los documentos, los delegados de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura acudieron a oficinas de la UMSS, donde comprobaron que el empleado del Tribunal Departamental de Justicia nunca cursó una carrera en esa casa de estudios y tampoco se le extendió ninguna certificación o título, por lo que se estableció la falsificación de documentos.

El tercer funcionario observado, también de la DAF, Alberto E.O. presentó documentación acreditando que era ingeniero de sistemas; sin embargo, por las certificaciones emitidas por la misma universidad se halló que nunca fue alumno regular.

La encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba explicó que los tres casos fueron confirmados el mes de febrero después de una investigación que comenzó el año pasado. Tras conocer el expediente en su contra, los dos funcionarios varones renunciaron ya a sus cargos, mientras que Marisol I.C.T continúa trabajando en la DAF.

Los tres empleados fueron designados por instancias nacionales en Sucre.

Buscan mejorar la atención a los litigantes

El Consejo de la Magistratura se dio a la tarea, ante las reiteradas faltas contra jueces y funcionarios, de vigilar la labor en los diferentes juzgados, incluso de provincias, y en Derechos Reales, área de la que se recibe gran cantidad de denuncias por corrupción.

La encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Victoria Beatriz Negrete Lafuente, informó que se comenzó con recorridos la pasada semana en los juzgados de Quillacollo y Colcapirhua, donde algunos litigantes denunciaron que jueces y empleados subalternos se ausentan de sus oficinas. “Hemos constatado que no estaban los jueces ,y mediante Transparencia lo que estamos haciendo es verificar si evidentemente ellos tenían algún permiso legal para ausentarse de sus fuentes de trabajo. Hemos recorrido unos 25 juzgados”.

Durante la fiscalización se hizo recuerdo a los funcionarios que deben portar sus credenciales, tiquear el ingreso y salida de sus fuentes laborales y, sobre todo, dar atención de calidad a los usuarios y preferencial en caso de grupos específicos como las personas de la tercera edad.

La instrucción más importante, indicó Negrete, es “cero corrupción”. A la denuncia de algún litigante o de algún abogado, agregó, se procederá a iniciar un proceso y a la sanción inmediata si corresponde.

En cuanto a Derechos Reales, el Consejo de la Magistratura advirtió a los responsables y funcionarios que no pueden recibir coima para ningún trámites o dar prioridad a los documentos de determinadas personas por amistad o algún otro tipo de influencia. “Sabemos que hay tramitadores que se ocupan de vender inclusive los espacios. Hay gente que está haciendo cola desde muy tempranas horas, pero que se dan el lujo de vender esos espacios”, explicó la encargada distrital.

“Todos los trámites tienen que entrar por orden cronológico, hemos hablado eso con el encargado de Derechos Reales y con la subregistradora que es la que debe controlar los sellos, porque al ingresar un trámite tiene su sello y no se puede permitir agilizar algunos trámites”, advirtió.

El Centro de Rehabilitación “Palmasola” tiene un hacinamiento superior al 747 por ciento. Se construyó para 800 privados de libertad; y cuenta con 6.000, según la Dirección General de Régimen Penitenciario.

El hacinamiento junto a las precarias condiciones son el principal motivo para la aparición de conflictos y las pugnas de poder entre reos. Por otro lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió que hay “negociados” entre reos y policías.

El pasado miércoles, el penal fue escenario de una nueva pelea. El comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Dalence, informó que la reyerta terminó con la vida de un interno.

El delegado de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz, afirmó que Palmasola se ha convertido en un problema estructural por la sobrepoblación, que origina la retardación de justicia y la deficiente seguridad.

“Existe mucha gente enferma,  mucha pobreza, mucho abuso, muchas sorpresas dentro de Palmasola. Entonces debemos de una vez poner en la agenda regional el tema de Palmasola como una prioridad”, agregó Paz.

Recordó que estos hechos de sangre no son recientes, puesto que el año pasado falleció el productor musical del grupo Jake Mate, Mauricio Baldelomar, y en 2014 se registró la trágica muerte de 35 personas.

El delegado de la Defensoría del Pueblo aseguró que las distintas instituciones deben asumir sus funciones antes que “Palmasola se convierta en una bomba de tiempo”.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Enrique Bruno, recordó que hace casi un año se entregó un terreno de 34 hectáreas para la construcción de una cárcel, pero lamentó que hasta la fecha no se conozca ni el proyecto.

PLANTEAN CENTROS PRODUCTIVOS

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Efraín Chambi, recordó que el año pasado planteó la propuesta de construir centros penitenciarios productivos, y que Palmasola, en comparación con las demás cárceles del país, es el que cuenta con mayores condiciones para ese fin, sobre todo por su amplia superficie.

Chambi lamentó que hasta la fecha los distintos niveles de Gobierno no hayan brindado la atención necesaria a este tema, lo que da lugar a que se desaten conflictos. Palmasola no es la única cárcel con hacinamiento. Según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, los centros en el país tienen una capacidad para albergar a 5.013 privados de libertad, pero existen 15.831, lo que implica un hacinamiento de  216 por ciento.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé reunirse esta semana con las principales autoridades de la Asamblea Legislativa para pedir “reformas puntuales” de Ley 026 de Régimen Electoral, de cara a las elecciones judiciales previstas para octubre.

Los ajustes a la normativa electoral apuntan a mejorar el trabajo y la logística del proceso, respecto al diseño de las papeletas y la presentación de los postulantes para  hacerlos visibles ante la población, y así generar un voto informado.

El vocal José Luis Exeni sostuvo a La Razón que estas “reformas puntuales” de la actual ley electoral permitirán una “mejor administración” de los comicios de octubre.

En la primera elección judicial de 2011, por ejemplo, “la papeleta era gigante, inmanejable donde había que poner cinco votos y sabemos que hubo dificultades de una parte de la ciudadanía en emitir esos votos”, explicó Exeni, quien no descarta, incluso, dos papeletas.

En tanto, la presidenta del TSE, Katia Uriona, explicó a este rotativo que se solicitará al Legislativo hacer modificaciones “que faciliten tanto las características de la presentación de todos los postulantes y (…) el alcance de la visibilización de los perfiles de las candidaturas”. 

Elección. El proceso previo para las elecciones judiciales se extenderá por 150 días: en los primeros 60, la Asamblea realizará el proceso de preselección de postulantes y en los restantes 90 días el Órgano Electoral deberá difundir los perfiles, organizar y realizar la logística para la jornada electoral.

En criterio de Exeni, se trata de un proceso “complejo y difícil”, sobre todo por lo que representa la difusión de méritos, el acceso a la información y la generación de espacios para conocer a los postulantes, lo que no hubo en las primeras elecciones de octubre de 2011.

La nueva Constitución Política, en sus artículos 182, 188, 194 y 198, dispone la elección mediante sufragio universal de las principales autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.

Hace casi seis años, Bolivia asistió por primera vez para elegir a esos funcionarios, que durante su mandato fueron cuestionados por una serie de irregularidades, al punto que el Gobierno admitió que “se cometieron errores” durante el proceso de selección.