La bancada del MAS en la Asamblea Legislativa plantea que las organizaciones sociales, en su condición de control social,  participen y supervisen el proceso de postulación, preselección y selección de candidatos a cargos en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
 
Víctor Borda, presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, explicó ayer que las organizaciones sociales, "el pueblo organizado”,  "participarán de manera activa del proceso de selección” de candidatos a cargos judiciales.    
 
En el artículo 3, del proyecto de ley que presentó el MAS, se indica  que: "en el proceso de postulación, preselección y selección participará efectivamente el Control Social de acuerdo con la  ley”. También agrega que: "en el proceso de postulación y preselección se garantizará la participación ciudadana”. 
 
     El diputado Borda explicó que esto significa que los sectores sociales   podrán impugnar las candidaturas, cuando éstas no cumplan con  los requisitos de la convocatoria, entre ellos no tener una sentencia condenatoria.
 
"El ciudadano común también puede impugnar al candidato observado”, agregó Borda en declaraciones a este medio.
 
Los sectores sociales también participarán en los exámenes y en la calificación de meritocracia que establecerá el reglamento.
 
Recientemente el vicepresidente Álvaro García Linera admitió que el "cuoteo” de las organizaciones sociales en el Órgano Judicial no sirvió para reformar la justicia en Bolivia.
 
El senador Arturo Murillo (UD) planteó que  la preselección de candidatos esté a  cargo de un grupo de profesionales notables o "un consejo académico de calificación y evaluación meritocrática que evalúe y haga seguimiento a la preselección”.
 
Unidad Demócrata plantea que este consejo esté conformado por 11 integrantes: cuatro representantes de universidades públicas, dos delegados de universidades privadas, cuatro representantes del Colegio Nacional de Abogados y un representante de la justicia indígena.
 
En octubre de  2017 se elegirá mediante voto popular a autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia.
 
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, anunció que la elección judicial se realizará el domingo 22 de octubre de este año.  
 
El 29 de abril, la Asamblea  lanzará la convocatoria para la preselección de postulantes.
 
Pacto con la oposición para elección  judicial
 
En busca de consensos, con miras a las elecciones judiciales, que se realizarán en octubre de este  año, el Movimiento Al Socialismo y las bancadas de oposición tienen previsto reunirse esta semana.
 
El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, informó que el MAS debe presentar su propuesta de reglamento de evaluación  a candidatos a altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
 
El diputado Víctor Borda (MAS) dijo que existe toda la predisposición para trabajar un reglamento con el fin de contar con los "mejores” profesionales.
 
El 16 de octubre de 2011, por primera vez en la historia de Bolivia,  se realizaron las elecciones para altos cargos judiciales.

A diferencia de la primera preselección de candidatos en 2011, la meritocracia de los aspirantes a ocupar altos cargos en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional tendrá una ponderación de 40 sobre 100 de puntos. La calificación se hará a través de un sistema transparente y “ciego” para no favorecer a ningún profesional.

La información la dio a conocer el ministro de Justicia, Héctor Arce, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia de Bolivia que la componen autoridades del Ejecutivo, Legislativo y del Sistema Universitario.

Los 100 puntos de calificación estarán divididos en 40 puntos para la evaluación curricular, 30 para la prueba escrita y un similar puntaje para la entrevista personal.

De los 40 puntos con los que se calificará los méritos académicos, la formación académica se evaluará con 14 puntos; la experiencia profesional con 19 y la producción intelectual con 5.

Solo con el restante par de puntos se evaluará la participación del postulante como autoridad en nación y pueblos indígenas, explicó Emilio Barea, director de la Carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana (UCB), quien es parte de la comisión.

“(La preselección) va a ser llevada adelante con las mayores garantías de independencia y transparencia de un sistema aleatorio de preguntas del que va a ser actor directo la universidad boliviana”, anunció Arce.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, añadió que los académicos participarán “absolutamente en todo el proceso” de evaluación.

La ponderación de la meritocracia es una demanda que diferentes sectores consideraron vital para revertir la afectada imagen del sistema judicial con denuncias de burocracia y corrupción. En la primera elección de magistrados de 2011, el criterio de la meritocracia fue marginal.

Los bolivianos volverán a las urnas este año para elegir a los titulares del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La primera elección de este tipo fue el 16 de octubre de 2011

La Escuela de Jueces del Estado (EJE) promocionará a los primeros jueces este 21 de abril, después de casi cinco años y medio de las nuevas autoridades judiciales. La demora fue cuestionada porque la falta de jueces formados permitió a las autoridades judiciales realizar nombramientos discrecionales a “dedo” dejando de lado la capacitación y los méritos.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fidel Tordoya lamentó que en cinco años y medio sólo se haya logrado una sola promoción de jueces, no siempre por culpa del Director de la EJE, sino también del Directorio que dejó relegada la formación.

“En cinco años y medio la EJE no ha producido jueces preparados y el Consejo de la Magistratura decidió seguir emitiendo convocatorias para cubrir las acefalías a las que los egresados tendrán que someterse y no serán designados directamente”, señaló Tordoya.

El Magistrado sostuvo que la formación virtual fue un “fracaso” y se tendría que retomar los cursos presenciales para los futuros postulantes a jueces.

El ex director de la EJE y director General de Administración Pública del Ministerio de Culturas y Turismo, Marvin Molina, no observa cambios en la nueva Escuela judicial que en su criterio es una continuación del extinto Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB), con la excepción de que este último tenía personal académico especializado en procesos de formación.

En estos años no hubo institucionalización, todos los cargos de la EJE tienen ciertos requisitos pero que no se cumplen, con algunas excepciones.

“La EJE en ciertos momentos llegó a capacitar hasta juntas de vecinos en lugar de capacitar jueces y funcionarios judiciales”, remarcó Molina.

Según el jurista, la EJE no acompañó la intención de revolucionar la justicia que pasa por los procesos de formación y capacitación, que debería ser el núcleo de la revolución y del cambio en la justicia.

Si no hay servidores judiciales técnica y humanamente formados, no se puede pensar en un cambio estructural de la justicia y por eso la mayoría de los “flagelos y miserias” que se ventilan en los estratos judiciales devienen de la mala o la ausencia de capacitación, según sus palabras.

La EJE se quedó sin director titular tras la renuncia de Franz Ochoa para asumir la Fiscalía Departamental en Oruro.

El nuevo Código de Sistema Penal perfila un nuevo escalafón que agrupará a policías que se dedican a la investigación, quienes dependerán del Ministerio Público. Este cambio causó molestia en las filas de la institución verde olivo, cuyas autoridades piden modificaciones sobre el tema.
 
"Todos los organismos de la Policía Boliviana que ejerzan funciones de investigación penal actuarán bajo la estricta dirección y control del Ministerio Público”, señala una parte del artículo 390 del proyecto.
 
El acápite explica que las y los miembros   de la Policía que ejerzan funciones de investigación serán "funcionarios especializados integrantes del escalafón de investigaciones”.
 
Autoridades policiales observan este nuevo elemento en el proyecto del nuevo código, ya que al margen de quitarle competencia a la institución, desvirtúa un principio elemental: el mando único.
 
"Nosotros nos debemos a un mando único, somos especialistas en investigación; sí, hay gente completamente capacitada, pero eso no debe influir para que pertenezcan a otro escalafón.
 
Pedimos respetuosamente a los asambleístas que tomen en cuenta los argumentos y hagan las modificaciones correspondientes”, dijo el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Johnny Aguilera.
 
Pero eso no es todo. El nuevo código señala que "quienes  pertenezcan a este escalafón no podrán pasar a integrar los escalafones de policía de seguridad o logística”. 
 
De esta manera se pretende que la organización policial garantice a las y los miembros de investigación "el desarrollo completo de su carrera policial dentro del escalafón de investigaciones”.
 
La Policía Boliviana propone que haya la especialización de sus efectivos en diferentes áreas, pero que todas se mantengan dentro del mismo escalafón y así se garantice el desarrollo de la carrera policial.
 
"Queremos ser propósitos en las sugerencias que damos sobre los cambios que se puede hacer en el nuevo código, pero los proyectistas deben entender algunos aspectos fundamentales de la institución policial”, acotó Aguilera.
 
Una comisión, de la cual forma parte el jefe policial, visita   diferentes comisiones de asambleístas y se propuso explicar las sugerencias y observaciones a todos quienes estén a cargo de la elaboración de la nueva norma que aún está en debate.
 
El proyecto  le quita atribuciones
  • Observaciones El nuevo Código de Sistema Penal le quita a la Policía Boliviana al menos cinco competencias en el peritaje  e investigación criminal. Por ejemplo, el proyecto contempla que la Unidad de Análisis Criminal sea "organizada” en cada Fiscalía Departamental. Asimismo, el instituto de investigaciones IITCUP de la Policía no es tomado en cuenta en el nuevo Código.
  •    Sugerencias La Policía Boliviana sugiere ser parte de las autoridades que presenten el plan anual de prioridades y estrategias de persecución penal para su distrito. Por otro lado, pide que la institución del orden pueda requisar el lugar del hecho criminal en caso de extrema urgencia sin el aval del fiscal, y, finalmente, que el comandante general sea parte de  la implementación del código.

El Consejo de la Magistratura procedió a cubrir al menos 22 acefalías de jueces en todo el país a raíz de renuncias. El mes pasado, dimitieron al cargo 11 jueces, además dejaron el cargo aquellos que postularon a vocales y fueron designados.

El consejero de la Magistratura y presidente de la Sala de Control y Fiscalización, Oswaldo Patiño, informó que la Sala Plena procederá a la designación de jueces para los juzgados en acefalía luego de que se tomó las entrevistas a los postulantes de una convocatoria.

“Las acefalías se cubren con la convocatoria que se hizo con exámenes de competencia, entrevistas y en la próxima Sala Plena del lunes se podría proceder a las designaciones”, aseguró Patiño.

En el caso de las acefalías en Sucre después de que dos jueces pasaron a ser vocales, el Consejo procedió a la rotación de dos juezas de provincia a la Capital, de Sopachuy y Azurduy; para una tercera acefalía fue trasladada una jueza de La Paz, decisión que fue cuestionada por la Asociación de Magistrados pero sin éxito.

CONVOCATORIA

Sigue pendiente el proceso de evaluación a los jueces y vocales en el país para una renovación, tal como determinó la Cumbre Nacional de Justicia; ayer, el consejero Patiño dijo que la reglamentación continúa en proceso de elaboración y una vez concluida se procederá a esa evaluación.

A diferencia de la "megapapeleta" de 77 postulantes del 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional afina un reglamento en el que se racionalizará en la papeleta la presencia de postulantes, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional(TCP) de 65 a solo nueve postulantes.

El mecanismo, para dicho efecto, será una papeleta diferenciada y con listas separadas por cada departamento.

Según, Víctor Borda, presidente de la Comisión de Justicia Plural, para la elección judicial prevista para el 22 de octubre de este año, la papeleta solo tendrá nueve candidatos, seis por el TSJ y tres por el TCP. 

Según el asambleísta, debido a la gran cantidad de nombres y fotos incluidos en la papeleta se generó una total confusión, no se conocían a los postulantes, lo que generó una inoperatividad del proceso de elección.

"Ahora se intenta que sea uno por cada departamento en el caso del Tribunal Constitucional, por lo tanto habrá tres postulantes en la papeleta. En cambio para el TSJ habrá seis postulantes en la papeleta de los cuales se elegirán un hombre y otro mujer, es decir dos por departamento", precisó. 

En el caso de otras instancias. En las únicas dos instituciones del Órgano Judicial, donde habrá una papeleta única a nivel nacional, será en el Tribunal Agroambiental con 15 postulantes y el Consejo de la Magistratura con nueve. Sumadas ambas harán un total de 24 postulantes en la boleta de sufragio.

Todos esos cambios estriban, argumentó Borda, en el hecho que a partir de la próxima gestión, vía la reforma de la Ley del Órgano Judicial se piensa incrementar el número de magistrado en el TSJ de nueve a 18, dando cumplimiento a la paridad de un varón y otro mujer por departamento. En tanto, en el TCP, los magistrados subirán de siete a nueve, cuya representación también recaerá en uno por cada departamento. 

En cambio, en el Tribunal Agroambiental, el número se reducirá de siete a cinco miembros y en el Consejo de la Magistratura de cinco a tres consejeros.

Al respecto, el decano del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Jorge Isaac von Borries, manifestó que hace dos años atrás se presentó un Proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa, para aumentar el número de Magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, de nueve a dieciocho autoridades judiciales con el propósito de paliar la carga procesal existente en algunas salas, como también brindar mayor celeridad en la atención de los casos llegados a esa instancia.

Von Borries manifestó que existen dos razones fundamentales para proponer esta modificación en la Ley. “Primero porque los magistrados trabajamos simultáneamente en cuatro salas especializadas del Tribunal Supremo; estas salas atienden áreas fundamentales, desde hace muchos años y sus labores fueron profundizadas de una manera especial con la Ley 620, que regula los procesos en lo Contencioso y lo Contencioso Administrativo”.

Otras voces. El Colegio de Abogados de Chuquisaca señaló que la modificación de la composición y número de magistrados, debe ser realizada de acuerdo a la carga procesal. A cuyo efecto, además de estar de acuerdo con el incremento del número de magistrado en el TSJ, plantea disminuir el número de personal de apoyo.

En cambio, sugiere que el Tribunal Constitucional debe tener al menos 10 para conformar tres salas de tres y el presidente solo sesiona en Sala Plena y proponer la creación de salas constitucionales, que ya están implementadas.

Requisitos
Abogados de Chuquisaca piden más rigidez

 

Propuesta. Una vez conocida la fecha de realización de la elección judicial para el 22 de octubre, el Colegio de Abogados de Chuquisaca sugiere que en el tema de la preselección de candidatos la norma o el reglamento a ser emitido deberá establecer también el perfil de los postulantes de acuerdo con el cargo al que postulen.

Entre ellas anota como vital la formación y desarrollo profesional del postulante (títulos, formación posgrado, especialización para el cargo, etc.)

Además del liderazgo, conducta, formación ética y moral.

ENTE. Además sugiere la composición de la Comisión, para ser más efectiva no debe ser ampulosa, a dicho efecto argumenta que dada la jerarquía de las autoridades a ser electas no se debe dar examen.

Además, a futuro menciona, dicha Comisión debería tener representación del Órgano Judicial para garantizar la carrera judicial.

La Policía Boliviana observa  21 artículos del proyecto del nuevo Código de Sistema Penal  que le quitan al menos cinco competencias que actualmente tiene. Una comisión de oficiales tiene encuentros con asambleístas y otras instancias para hacer conocer sus sugerencias.

"La constitución está siendo violentada. El hecho de emplear algunos términos pretenden disgregar algunas competencias desde el punto de vista institucional”, afirmó el director de la fuerza anticrimen, Johnny Aguilera, quien forma parte de la comisión policial destinada a hacer conocer las observaciones.

Los policías se reunieron ayer con los miembros de la comisión de  y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados en la Academia Nacional de Policías (Anapol). Ahí expusieron sus preocupaciones.  

Uno de los artículos observados del proyecto es el 389. En éste se establece que en cada Fiscalía Departamental "se organizará” la Unidad de Análisis Criminal.

El asesor legal de la entidad del orden, Alejandro Grandy, explicó que actualmente es la Policía la que tiene a su cargo esa unidad, por lo que se sugiere que ese artículo sea cambiado para que esta repartición siga organizada por la Policía Boliviana.

Asimismo, el artículo 391 señala que en caso de que el policía investigador cometa una falta, el fiscal a cargo le abrirá un proceso disciplinario. Sin embargo, la Policía se rige por la Ley 101.

 "El proyectista genera una nueva norma disciplinaria, pero nosotros nos sometemos a la 101.

Tiene que haber una corrección”, manifestó Grandy.

Por otro lado, la nueva norma le quita a la Policía el trabajo científico que hace actualmente el Instituto  de Investigaciones Técnico Científicos de la Universidad Policial (IITCUP).

El nuevo código indica que los exámenes de cualquier caso penal podrán realizarse en el Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) o "en otros organismos o entidades, policiales o civiles, públicos o privados”. El IITCUP no aparece acreditado en el artículo del código.

"Es una preocupación que no se tome en cuenta que del 100% de hechos, en el 1% acudió el IDIF y en el resto estuvo la Policía”, apuntó Grandy. 

En la misma línea, el artículo 426 establece que "serán designados peritos, quienes, según reglamentación aprobada por el IDIF, acrediten idoneidad en la materia”. 

"El IITCUP también debe certificar a los peritos. Tenemos más de 18 especialidades”, dijo Grandy, y sugirió que en el nuevo Código de Sistema Penal se incluya a esta institución científica para que certifique a los nuevos peritos, toda vez que hay policías que estudian en Argentina ciencias forenses, por ejemplo.

La Policía pretende hacer conocer las observaciones a la nueva norma en  las instancias hasta que se modifiquen los códigos.

Comisión señala que sigue el debate

El presidente de la comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, Franklin Flores, dijo que, tras la exposición de los policías sobre algunas limitaciones en sus funciones establecidas en el nuevo Código de Sistema Penal, se hará un seguimiento a lo que determine la Comisión de Constitución, instancia encargada de revisar la nueva norma.


"Está en debate. Nosotros, como parte que coordina con la Policía Boliviana, hemos escuchado todas las propuestas en relación con el  proyecto. Estaremos acompañando por lo que el debate está abierto”, dijo luego de terminar la intervención de la Policía.

El encuentro fue en la Anapol, donde funciona el IITCUP. Las autoridades policiales llevaron a los miembros de la Policía a conocer las diferentes unidades del instituto para que conozcan de cerca el trabajo de los profesionales uniformados y civiles.

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Sam Mills Jersey