A diferencia de la primera preselección de candidatos en 2011, la meritocracia de los aspirantes a ocupar altos cargos en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional tendrá una ponderación de 40 sobre 100 de puntos. La calificación se hará a través de un sistema transparente y “ciego” para no favorecer a ningún profesional.
La información la dio a conocer el ministro de Justicia, Héctor Arce, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia de Bolivia que la componen autoridades del Ejecutivo, Legislativo y del Sistema Universitario.
Los 100 puntos de calificación estarán divididos en 40 puntos para la evaluación curricular, 30 para la prueba escrita y un similar puntaje para la entrevista personal.
De los 40 puntos con los que se calificará los méritos académicos, la formación académica se evaluará con 14 puntos; la experiencia profesional con 19 y la producción intelectual con 5.
Solo con el restante par de puntos se evaluará la participación del postulante como autoridad en nación y pueblos indígenas, explicó Emilio Barea, director de la Carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana (UCB), quien es parte de la comisión.
“(La preselección) va a ser llevada adelante con las mayores garantías de independencia y transparencia de un sistema aleatorio de preguntas del que va a ser actor directo la universidad boliviana”, anunció Arce.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, añadió que los académicos participarán “absolutamente en todo el proceso” de evaluación.
La ponderación de la meritocracia es una demanda que diferentes sectores consideraron vital para revertir la afectada imagen del sistema judicial con denuncias de burocracia y corrupción. En la primera elección de magistrados de 2011, el criterio de la meritocracia fue marginal.
Los bolivianos volverán a las urnas este año para elegir a los titulares del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La primera elección de este tipo fue el 16 de octubre de 2011
La Escuela de Jueces del Estado (EJE) promocionará a los primeros jueces este 21 de abril, después de casi cinco años y medio de las nuevas autoridades judiciales. La demora fue cuestionada porque la falta de jueces formados permitió a las autoridades judiciales realizar nombramientos discrecionales a “dedo” dejando de lado la capacitación y los méritos.
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fidel Tordoya lamentó que en cinco años y medio sólo se haya logrado una sola promoción de jueces, no siempre por culpa del Director de la EJE, sino también del Directorio que dejó relegada la formación.
“En cinco años y medio la EJE no ha producido jueces preparados y el Consejo de la Magistratura decidió seguir emitiendo convocatorias para cubrir las acefalías a las que los egresados tendrán que someterse y no serán designados directamente”, señaló Tordoya.
El Magistrado sostuvo que la formación virtual fue un “fracaso” y se tendría que retomar los cursos presenciales para los futuros postulantes a jueces.
El ex director de la EJE y director General de Administración Pública del Ministerio de Culturas y Turismo, Marvin Molina, no observa cambios en la nueva Escuela judicial que en su criterio es una continuación del extinto Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB), con la excepción de que este último tenía personal académico especializado en procesos de formación.
En estos años no hubo institucionalización, todos los cargos de la EJE tienen ciertos requisitos pero que no se cumplen, con algunas excepciones.
“La EJE en ciertos momentos llegó a capacitar hasta juntas de vecinos en lugar de capacitar jueces y funcionarios judiciales”, remarcó Molina.
Según el jurista, la EJE no acompañó la intención de revolucionar la justicia que pasa por los procesos de formación y capacitación, que debería ser el núcleo de la revolución y del cambio en la justicia.
Si no hay servidores judiciales técnica y humanamente formados, no se puede pensar en un cambio estructural de la justicia y por eso la mayoría de los “flagelos y miserias” que se ventilan en los estratos judiciales devienen de la mala o la ausencia de capacitación, según sus palabras.
La EJE se quedó sin director titular tras la renuncia de Franz Ochoa para asumir la Fiscalía Departamental en Oruro.
El Consejo de la Magistratura procedió a cubrir al menos 22 acefalías de jueces en todo el país a raíz de renuncias. El mes pasado, dimitieron al cargo 11 jueces, además dejaron el cargo aquellos que postularon a vocales y fueron designados.
El consejero de la Magistratura y presidente de la Sala de Control y Fiscalización, Oswaldo Patiño, informó que la Sala Plena procederá a la designación de jueces para los juzgados en acefalía luego de que se tomó las entrevistas a los postulantes de una convocatoria.
“Las acefalías se cubren con la convocatoria que se hizo con exámenes de competencia, entrevistas y en la próxima Sala Plena del lunes se podría proceder a las designaciones”, aseguró Patiño.
En el caso de las acefalías en Sucre después de que dos jueces pasaron a ser vocales, el Consejo procedió a la rotación de dos juezas de provincia a la Capital, de Sopachuy y Azurduy; para una tercera acefalía fue trasladada una jueza de La Paz, decisión que fue cuestionada por la Asociación de Magistrados pero sin éxito.
CONVOCATORIA
Sigue pendiente el proceso de evaluación a los jueces y vocales en el país para una renovación, tal como determinó la Cumbre Nacional de Justicia; ayer, el consejero Patiño dijo que la reglamentación continúa en proceso de elaboración y una vez concluida se procederá a esa evaluación.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó sobre la conformación de un equipo internacional de juristas de alto nivel que acompañará el proceso de reforma de sistema de justicia en Bolivia. Entre quienes conforman este grupo está el exjuez español Baltasar Garzón Real.
Garzón es un jurista español reconocido a nivel mundial por una orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato y por crímenes contra la humanidad. Además, el jurista fue asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange, entre otros cargos de relevancia.
A Baltasar Garzón se suman en el equipo de juristas, el profesor, experto y exmagistrado argentino Eugenio Raul Zafaroni; el penalista también argentino Carlos Alberto Binder y el constitucionalista español Roberto Viciano Pastor, según un boletín de prensa del Ministerio de Justicia.
Este fin de semana, Arce se reunió con algunos integrantes del equipo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para intercambiar criterios y experiencias sobre las reformas judiciales en América Latina, fundamentalmente desde el ámbito penal.
En el caso de Binder, el Ministerio de Justicia precisó que éste participó en la redacción del proyecto de Código del Sistema Penal boliviano que actualmente se considera en la Cámara de Diputados.
El Ministerio de Justicia informó que se logró conformar un equipo internacional de juristas que acompañará el trabajo de la reforma del sistema judicial en Bolivia.
El equipo internacional de juristas estará conformado por el reconocido exjuez español Baltasar Garzón Real, el exmagistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, el penalista también argentino Carlos Alberto Binder y el constitucionalista español Roberto Viciano Pastor.
Para consolidar la conformación del equipo de juristas de "alto nivel", ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta encabezó el pasado fin de semana un viaje hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde sostuvo una serie de reuniones.
Inicialmente la autoridad tuvo un encuentro con Binder.
En esa reunión "se intercambiaron criterios y experiencias sobre las reformas judiciales en América Latina, fundamentalmente desde el ámbito penal considerando que el profesor Binder participó en la redacción del Proyecto de Código del Sistema Penal boliviano que actualmente se considera en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa", cita una nota oficial del Ministerio de Justicia.
Arce también se reunió con Zaffaroni, quien - al igual que Binder- confirmó su participación en el equipo internacional de juristas que buscará la anhelada reforma de la justicia boliviana, que enfrenta desde hace mucho tiempo críticas por la retardación y corrupción, principalmente.
El Gobierno busca acelerar el proceso de la denominada "revolución de la justicia" en base a los resultados de la Cumbre de Justicia, que se desarrolló en junio de 2016.