La presidenta de la cámara de Diputados cuestionó a los legisladores opositores por abandonar la mesa multipartidaria el viernes. No obstante, dijo que 'no por eso vamos a tratar de evitar buscar consenso'.

En las reuniones de alto nivel participaron el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto; los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Pastor Mamani y del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque; además del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó el jueves que esa instancia legislativa aprobó la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional, de la Ley del Órgano Judicial y de la Ley del Régimen Electoral para las elecciones judiciales de octubre próximo.

"Ya se tiene el informe de comisión, porque ya se ha aprobado las modificaciones a las leyes", dijo a los periodistas.

Según Borda, las modificaciones a la Ley del Tribunal Constitucional se refieren al aumento del número de magistrados, de siete a nueve, que serán elegidos en circunscripción departamental, al igual que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, velando por la equidad de género.

Agregó que las modificaciones establecen una disminución de los miembros del Tribunal Agrario, de siete a cinco, y para el Consejo de la Magistratura una reducción de cinco a tres magistrados.

Respecto a la Ley Electoral, Borda dijo que se realizan modificaciones al tema de difusión de los logros académicos y profesionales de los postulantes a magistrados.

Si algún postulante incurre en inducir el voto, Borda dijo que automáticamente quedará "inhabilitado" y habrá una sanción pecuniaria para el medio de comunicación que de igual forma induzca al voto por algún candidato.

"Para controlar todo esto, el órgano Electoral tiene que establecer un centro de monitoreo para ver estos aspectos", señaló.

Borda agregó que las modificaciones a la Ley del Órgano Judicial se enmarcan en el cambio de papeletas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, tomando en cuenta que erán elegidos por circunscripción nacional, mientras con la modificación será departamental.

El requisito de hablar algún  idioma nativo no será  un factor inhabilitante para la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, establece el reglamento que plantea la bancada del MAS  en la Asamblea Legislativa, aunque lo plantea como requisito.
 
  La propuesta del MAS dice: "Tener conocimiento de un idioma nativo del Estado Plurinacional de Bolivia”. Los postulantes, para respaldar que conocen un idioma nativo, deben presentar certificado o una declaración jurada.
 
La Constitución Política del Estado establece, en su disposición transitoria décima, el requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales para el desempeño de funciones públicas, determinado en el artículo 234, numeral siete,  referido a los requisitos para ser servidor público.
 
El diputado oficialista Víctor Borda, presidente de la Comisión de Justicia Plural, explicó  que  no puede ser un requisito que inhabilite porque se calificará   la meritocracia y trayectoria del postulante. 
 
No obstante, el legislador manifestó que una persona que se autoidentifica como indígena y está postulando al Tribunal Constitucional debe demostrar "por simple racionalidad  que habla un idioma oficial”. 
 
El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, dijo  que detectaron esa situación y que plantearon en reuniones de jefes de bancada para consensuar el reglamento de elección de autoridades judiciales.
 
"Se ha detectado ese detalle en la reunión de jefes de bancada. Los presidentes de las cámaras nos han dicho que mañana (hoy) en la reunión se va a absolver eso, pues puede obedecer a un error o a una explicación”, informó Santamaría. 
 
El legislador   explicó que la Constitución es una norma suprema del ordenamiento jurídico, la cual goza de primacía frente a cualquier disposición normativa, esto significa que su cumplimiento es imperativo por todas las personas naturales y jurídicas.
 
Para los requisitos de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, y de consejeros del Consejo de la Magistratura de 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional determinó que, de manera excepcional, no se aplique el requisito de hablar dos idiomas oficiales.
 
En aquella oportunidad ese factor fue considerado como mérito para los criterios de evaluación.
 
El hablar dos idiomas oficiales como establece la Constitución para acceder al desempeño de funciones públicas tampoco fue exigido a  los candidatos que postularon en las elecciones generales del 12 de octubre de 2014, puesto que la normativa vigente fija como plazo tope hasta el mes de agosto de 2015. 
 
Para la elección  de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral  la Asamblea Legislativa tampoco  exigió este requisito. Sin embargo, en la elección del nuevo Defensor del Pueblo fue causal de inhabilitación.  
 
La  elección
  • Elección  En octubre de  2017 se elegirá, mediante voto popular, a autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, anunció que la elección judicial se realizará el domingo 22 de octubre de este año.   El 29 de abril, la Asamblea  lanzará la convocatoria para la preselección de postulantes
  • Reunión  La comisión conformada por todas la bancadas políticas de la Asamblea Legislativa tiene previsto reunirse hoy para definir el reglamento para la preselección de los postulantes a altos cargos del Órgano Judicial, informó ayer el diputado Wilson Santamaría, de UD.

La Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia cuestiona el reglamento de preselección de candidatos a magistrados que impulsa el Gobierno de Evo Morales al considerar que pueden prevalecer los intereses políticos en este proceso. Así lo expresó David Rosales, presidente de esta entidad durante una entrevista con EL DEBER Radio.

Rosales indicó que se presentaron sugerencias a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para fortalecer la selección mediante la conformación de un comité integrado por miembros de organizaciones sociales, académicas y civiles en donde se identificaba a las universidad públicas y privadas y los colegios de abogados, pero que esta no fue tomada en cuenta.

"Lo ideal hubiese sido (que este comité) participe propiamente de la evaluación, del concurso de méritos, de la fase de evaluación de conocimiento y la entrevista (...) esto sigue de mano de la ALP", dijo Rosales a EL DEBER Radio en concordancia con miembros de la oposición que también cuestionan el proceso de preselección.

La ALP ha dado la posibilidad a estas instituciones de participar en la elaboración de las preguntas que se les formula a los candidatos a magistrados, pero que "ellos no tienen voto para la calificación".

Por su parte, la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa, ha respondido a las críticas y plantea que sean las organizaciones sociales las que supervisen el proceso de postulación, preselección y selección de los candidatos.

Habrá dos papeletas

A diferencia de la votación de 2011, que tuvo una sola boleta de sufragio para 125 aspirantes a magistrados, en este proceso habrá dos papeletas de votación.

La propuesta contempla una boleta para elegir en circunscripción nacional a los miembros del Tribual Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y en la otra papeleta se elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son electos en circunscripción departamental.

Los miembros del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europea llegaron a La Paz con el objetivo de interiorizarse sobre la problemática carcelaria en Bolivia. Visitaron, junto al defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, el penal de San Pedro y recibieron información sobre la situación de los sentenciados y detenidos preventivos.

“Recorrieron (los legisladores europeos) algunos espacios y recibieron información sobre la situación de quienes cumplen una condena y de los que se encuentran con detención preventiva, además de otras condiciones y características del modelo penitenciario”, informó la Defensoría del Pueblo en un boletín institucional.

La mayor cantidad de la población carcelaria no tiene una sentencia, por lo que tiene la condición de detenido preventivo mientras dure la investigación.

Tezanos Pinto sostuvo una reunión con los legisladores y luego visitaron el penal de San Pedro, en La Paz.

Un informe de la Defensoría del Pueblo titulado “Situación de los Centros Penitenciarios de Bolivia”, divulgado en septiembre de 2016, reveló que a pesar de los indultos decretados desde 2012 el número de privados de libertad se incrementó a 14.816, lo que ocasionó como un problema crítico el hacinamiento.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, descartó este jueves que el país, y la Asamblea Legislativa en específico, convoquen a veedores internacionales para el proceso de preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial, tal como plantearon bloques opositores.

“Consideramos que el proceso de preselección que va realizar la Asamblea no amerita que tengan que venir veedores para que puedan ver como se están haciendo las cosas. Hay mecanismos para garantizar que el proceso sea transparente”, remarcó el legislador oficialista en declaraciones a la televisora Cadena A.

La propuesta de convocar a misiones internacionales para vigilar el proceso de preselección que encarará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue planteada por legisladores de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos con representación en el pleno camaral, además de Soberanía y Libertad (Sol.bo), del alcalde de La Paz, Luis Revilla.

En criterio de Gonzales, en el país “no estamos atravesando una situación de crisis o de hecatombe como podría suponerse” para asumir esa medida.

Aseguró que la participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que acompañará el proceso con ocho delegados, es garantía de idoneidad y transparencia.

“Además de la presencia del sistema universitario, estarán los medios de comunicación, la opinión pública, cualquier ciudadano. Es un proceso limpio y transparente que no tiene nada que esconder”, sostuvo Gonzales.

El Legislativo además garantizó, a diferencia del proceso de 2011, la ponderación de la meritocracia y un sistema “ciego” de calificación que impedirá el favorecimiento a algún aspirante.

La oposición, no obstante, sostiene su desconfianza en el proceso que es liderado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que tiene mayoría en el Órgano Legislativo, pese a que se convocó a las fuerzas opositoras para elaborar el reglamento y ajustar las normas que rigen la preselección. (20/04/2017)

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, explicó que  en la etapa de la entrevista -en el proceso  de preselección de los  postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional- el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sólo  participará  en calidad de veedor.
 
Según el proyecto de reglamento al que accedió este medio, "la Comisión de Profesionales participará en esta fase en calidad de observadora”. Al respecto, el senador Gonzales dijo a Página Siete lo siguiente:  "En la etapa  escrita participa la universidad, en la entrevista también participa pero como veedor, como observador, no para calificar”.  
 
El sistema de  evaluación propuesto para la  preselección de postulantes   a  los altos cargos judiciales  otorga 40 puntos a la evaluación curricular, 30 puntos al examen escrito y 30 puntos a la entrevista.
 
La oposición cuestionó que el sistema universitario  participe   sólo como veedor en la fase de la entrevista, ya que temen que sin profesionales académicos  se dé margen a que reine la  "subjetividad” y así se favorezca a algunos candidatos.
 
"Nosotros creemos que el sistema universitario tiene que participar en las tres fases y en todas en la misma condición, y la última es muy importante porque es muy subjetiva. Como se va a hacer la calificación de la entrevista solamente entre políticos, que estén también los académicos, que pregunten lo adecuado”, dijo a Página Siete  el diputado  Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata.
 
No obstante, Gonzales expresó que este tema "no se negocia”, ya que la "Asamblea no puede renunciar a su competencia de hacer la preselección”, como dicta la Constitución Política del Estado.
 
El artículo 21 del reglamento indicado menciona que "como parte de la evaluación, las comisiones mixtas entrevistarán a cada postulante habilitado con el fin de evaluar de forma oral su desenvolvimiento, capacidad de argumentación y de comunicación”. 
 
Asimismo, se prevé  habilitar   para  la fase de entrevista al   postulante que haya obtenido una puntuación mínima acumulada -en las fases anteriores-   de 26 puntos.
 
En octubre se realizarán las elecciones para los cargos en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental  y Consejo de la Magistratura. La Asamblea  lanzará la convocatoria para la preselección de candidatos este 26 de abril.
 
La   calificación 
  • Metodología    El sistema del preselección otorga 40 puntos a la evaluación curricular, 30 puntos al examen escrito y 30 puntos a la entrevista. Se habilita a la tercera fase el candidato que haya obtenido un mínimo de 26 puntos. 
  • Proceso  Las comisiones mixtas del Senado y Diputados,  junto al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), se encargarán de la evaluación a los postulantes. Sin embargo, para la etapa de la entrevista, el  CEUB actuará  como veedor. 
  • Rechazo      La oposición pide que el CEUB participe también  como calificador  en la fase de la entrevista, ya que se teme que pueda existir "subjetividad” al momento de evaluar a los postulantes por parte de las comisiones mixtas.

Los 171 nuevos juzgadores que egresarán este viernes de la Escuela de Jueces del Estado (EJE) están formados para priorizar en sus fallos el respeto a los derechos fundamentales, dictar resoluciones fundamentadas, facilitar la conciliación, dirigir audiencias y agilizar los juicios; pero tendrán que esperar su designación para cubrir las acefalías y piden al Consejo de la Magistratura frenar las convocatorias públicas.

Después de más de dos años de formación, de los 200 postulantes habilitados en diciembre de 2014, egresarán 171 jueces. La EJE anunció que hoy remitirá listas al Consejo de la Magistratura para que los incorpore en la nueva carrera judicial, informó el director interino Carlos Ramos.

El funcionario señaló que los jueces tienen una preparación mucho más amplia para desempeñarse en los juzgados públicos, civiles, familia, niñez y adolescencia, laboral y penales.

Aclaró que la fase de formación teórica práctica de 12 meses no fue plenamente virtual sino semipresencial, a través de talleres; la práctica durante ocho meses se desarrolló en los juzgados.

De 165 días de trabajo, los postulantes tenían 147 actividades de evaluación y con tareas casi cada dos días, explicó Ramos, quien rechazó las opiniones que cuestionan la formación a distancia y a través de cursos virtuales en la EJE. En su opinión, volver a los cursos presenciales sería un retroceso.

Comentó que los materiales de aprendizaje fueron preparados por expertos en el tema; en el caso de los materiales del Código Civil estuvieron los mismos proyectistas de esa norma, lo propio en las otras especialidades.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Ramos dijo que hasta octubre de este año, la EJE tiene previsto lograr la certificación de calidad ISO 9001/2015 del proceso de formación, convirtiéndose en la primera institución judicial en obtenerla. Sobre esa base se tramitará la certificación de calidad de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Además de estas dos certificaciones pretenden que los nuevos jueces, al margen de tener su título de egreso, accedan a un diplomado y la maestría.

“Luego de un proceso exhaustivo de casi dos años, con la habilitación de 200 postulantes, 100 varones y 100 mujeres, estamos logrando la promoción de 171 personas, 88 mujeres y 83 varones”, señaló Ramos.

Recordó que la modalidad de estudio en el extinto Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB) establecía ocho meses de formación que eran solventados a través de becas a los funcionarios postulantes, a quienes se les cancelaba el total de su salario; hasta el octavo y último curso todavía persistían las becas de Bs 1.500 a 2.000.

Con el nuevo régimen se acabaron las subvenciones porque no había recursos económicos, peor para sostener a 200 personas por 20 meses y se adoptó por la educación a distancia como instrumento para mejorar el nivel cultural de la población y asumir la pluralidad de la sociedad boliviana.

Von Borries: No tendría que haber más convocatorias

El decano del TSJ, Jorge von Borries, aseguró que los nuevos jueces tienen que ir a cubrir las acefalías en los lugares donde estudiaron; no obstante, remarcó que no todos tienen el cargo asegurado porque para ello se tendría que doblar la cantidad de jueces en Bolivia. No tendría que haber más convocatorias externas del Consejo de la Magistratura, remarcó.

El artículo 217 de la Ley del Órgano Judicial establece dos mecanismos de ingreso a la carrera judicial, a través del concurso de méritos y exámenes de competencia o la promoción de jueces de la EJE.

Carlos Ramos, dijo que la Cumbre Nacional de Justicia estableció desechar los concursos de méritos y recomendó privilegiar el ingreso a la carrera judicial con los egresados de la EJE.

Además hizo referencia al artículo 224 parágrafo 3 de la misma Ley que señala que las calificaciones podrán determinar la priorización de destinos de los jueces y la ubicación en el escalafón.

El Gobierno no comparte la idea de que las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo sugieran a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sus asesores para las elecciones judiciales, según dijo ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce, mientras se profundizan las discrepancias entre oficialismo y oposición para acordar un reglamento de consenso para la preselección de postulantes a magistrados.

“Yo no comparto ese criterio, no debe ser un mecanismo para la preselección que sea asesor o que sea miembro o que tengan alguna filiación, ninguna otra circunstancia que no sea la meritocracia”, declaró la autoridad al salir de Palacio de Gobierno.

Su reacción fue ante la declaración del vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien dijo que en las organizaciones sociales existen profesionales que tienen un buen perfil para aspirar a los cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.

Los temas en discrepancia entre el oficialismo y la oposición, son la comisión responsable de la evaluación y calificación de méritos, quiénes conforman esa comisión, el número de miembros del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura y la distribución del puntaje para méritos, examen escrito y entrevista. Estos temas serán debatidos el viernes, anunció el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.

En Sucre, el diputado opositor Oscar Urquizu anunció que hay una posición unánime de cuatro partidos políticos que declaran irrenunciables al menos tres puntos para garantizar que prevalezca la independencia, transparencia y la meritocracia en el proceso de elección de autoridades judiciales.

Exigen que la comisión de preselección esté en manos de una entidad técnica independiente de la política y rechazan el planteamiento del oficialismo de invitar a ocho universidades que junto con los asambleístas realicen la preselección.

También piden poner un porcentaje de voto mínimo exigido por ley, de un 15 a 20% a favor para ser elegido. Un tercer punto es la elección por circunscripciones departamentales de nueve miembros en cada una de las cuatro instituciones judiciales.

Página 67 de 85
Sam Mills Jersey