Las protestas contra las autoridades judiciales fueron en aumento luego de conocerse que personas sentenciadas por feminicidio y asesinato salen de las cárceles con ayuda de Régimen Penitenciario, policías, fiscales y jueces a cambio de un elevado monto de dinero.
Las personas favorecidas fueron sentenciadas por los delitos de feminicidio, asesinato, violación y narcotráfico; tres de ellas ya fueron recapturadas.
“El día de mañana inicio mi visita oficial como Relator de la ONU”, tuiteó el peruano Diego García-Sayán, ratificando los anuncios del Gobierno nacional de su llegada al país.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, informó ayer de la intervención de 18 juzgados de Ejecución Penal del país y anunció la destitución de jueces que incurrieron en la liberación de feminicidas como el exjuez Rafael Alcón, detenido por permitir que esté libre el asesino serial Richard Choque.
Desde descuartizadores hasta feminicidas seriales son considerados criminales de alta peligrosidad por la violencia que ejercen. En al menos nueve casos tenían antecedentes pero permanecían libres para delinquir.
Las víctimas tienen que padecer y encontrar barreras desde el momento que intentan sentar su denuncia y peor aún durante el proceso judicial.
Otra de las medidas que se plantea es encontrar una salida a los diversos cuestionamientos a la elección de 26 magistrados del Órgano Judicial, a través del voto popular.
La Fiscalía Departamental de La Paz investiga un consorcio de jueces y abogados en la liberación de feminicidas, no obstante en sus informe no explica cuál fue el rol de los fiscales asignados en esos casos.
El jurista pidió al legislador Arce dejar el asunto de la justicia en manos de los abogados para “que solucionen el problema en el que nos han metido los políticos en los últimos 15 años”.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó este domingo que la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio se reunirá cada dos semanas y analizará primero aquellos casos que tienen sentencia.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Julieta Huancani, y la senadora Virginia Velasco anticipan el trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio.
Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz Israel Campero, Claudia Castro y Rubén Ramírez cuestionaron y calificaron de “ilegal” la instrucción emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por la cual se regula la participación —en determinados casos— de los vocales constitucionales. Los disidentes tienen antecedentes de favorecer con sus fallos a autoridades del MAS.