La normativa fue avalada anoche por la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados.
El diputado David Ramos, explicó que la iniciativa establece la nacionalización y el ejercicio de manera soberana del Estado en la lucha contra el tráfico de sustancias controladas, además de identificar al comercio de estupefacientes como una organización ilícita de carácter transnacional en el mundo.
Por tanto, también se debe organizar una regionalización de esta lucha, organizando tareas conjuntas con países vecinos con los cuales se comparte fronteras, respetando nuestras soberanías, analizó Ramos.
A su juicio, el proyecto se suma al trabajo integral que se desarrolla para sustituir la Ley 1008 con otras dos, la Ley General de la Hoja de Coca y la Ley del Código del Sistema Penal.
El consumo de la hoja es una práctica milenaria en Bolivia y es legal su siembra.
La creación del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral en 2006 ha permitido fiscalizar la producción, circulación y comercialización del producto por medio de reglamentaciones especiales y el establecimiento de un sistema de permisos y controles, tanto para productores, comerciantes y transportistas.
También se enfoca en mostrar a la planta milenaria como parte de la cultura nacional, tratando de desterrar los prejuicios de la sociedad que la consideran solo para beneficio del narcotráfico.
A fines de octubre, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) valoró los esfuerzos del gobierno del presidente Evo Morales en la lucha antidrogas, la erradicación de los cultivos ilegales de coca y el cumplimiento de los tratados internacionales.
En 2008, el presidente Morales expulsó del territorio nacional a la Agencia estadounidense para el Control de las Drogas, y a partir de ahí comenzó a aplicar su propio modelo antinarcóticos, basado en la prevención y la educación y no en la violencia.
De ahí que desde 2006 no se ha reportado ningún muerto en la eliminación de la hoja excedentaria, como sí ocurrieron en gobiernos anteriores.
Cámara de Diputados
Foto: Archivo
(Cambio Digital).- El pleno de la Cámara de Diputados suspendió temporalmente a cuatro consejeros de la Magistratura, quienes fueron acusados formalmente por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, ambos tipificados en el Código Penal.
La acusación fue realizada en contra de Cristina Mamani Aguilar, Roger Gonzalo Triveño Herbas, Wilma Mamani Cruz y Freddy Sanabria Taboada y fue aprobada por 71 votos la madrugada de hoy.
La decisión será remitida a la Cámara de Senadores donde se substanciará el juicio disciplinario en única instancia, como señala el procedimiento de la Ley 044.
Asimismo, la resolución camaral encarga a la Comisión de Justicia Plural sostener la acusación contra los cuatro consejeros ante el Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores
En la sesión que conoció y deliberó sobre la acusación en contra de los cuatro consejeros estuvieron presentes Wilma Mamani con su abogado y el defensor de Cristina Mamani, además de la víctima Eloy Felipe Toledo Yana, en su condición de denunciante. No asistieron los consejeros Freddy Sanabria y Roger Triveño.
Durante las más de nueve horas de debate, el pleno conoció los antecedentes de la acusación presentada por Eloy Toledo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la misma que fue tramitada desde el año 2013 en cumplimiento estricto de la Ley 044 que establece el procedimiento para el juzgamiento de altas autoridades, en este caso del Consejo de la Magistratura.
