En criterio del ministro de Justicia, Iván Lima, lo más importante es la salud del pueblo boliviano, de los jueces y funcionarios judiciales, por lo que el Órgano Judicial implementa un mecanismo de pruebas masivas de antígeno nasal que establecerá si hay casos positivos o no en esa entidad del Estado.
El jueves se entregó una dotación de 1.425 pruebas de antígeno nasal que fueron distribuidas de manera inmediata entre los jueces, vocales y demás funcionarios del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en tanto que el viernes se concretaron 1.250 pruebas similares para el Tribunal de Justicia de Santa Cruz.
Una cantidad similar será entregada en el transcurso de esta semana a cada tribunal del territorio nacional.
“De esta manera se está garantizando de manera inmediata el cuidado de la salud de los funcionarios para no interrumpir el servicio de la justicia”, indicó en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Iván Lima.
Dichas pruebas alertarán sobre posibles contagios de Covid-19 y el Órgano Judicial asumirá los protocolos de bioseguridad como el aislamiento y el inicio de los tratamientos para que el personal contagiado supere el virus.
Esta decisión fue asumida debido a que los funcionarios, jueces, vocales tienen permanente contacto con abogados y litigantes.
“De esta manera nos cuidamos y también a toda la ciudadanía”, manifestó el presidente del TDJ de La Paz, Jorge Quino.
Expediente digital
Respecto a la implementación del expediente digital, el Ministro señaló que es necesario contar con este mecanismo a la brevedad, ya que no se puede tener más filas en juzgados y oficinas, porque la congestión es un foco de contagio del corona virus.
“Hay un compromiso de implementar este expediente, es así que mediante la coordinación interinstitucional el Ministerio de Justicia en próximas horas aprobará una resolución ministerial que obligará a todos los abogados del país a tener la firma digital”, señaló.
Se prevé que hasta este 30 de junio no habrá abogado en el país que quiera ejercer la profesión sin tener la firma digital, incluyendo jueces y fiscales.
Con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura se estableció el compromiso de lograr la interoperabilidad de los sistemas, dijo.
De esta manera se dará un paso fundamental hacia la justicia moderna, que es parte de la reforma que demanda la ciudadanía en procura de lograr una justicia pronta y oportuna.
Otro de los objetivos es que en corto plazo los bolivianos tengan en sus teléfonos celulares el acceso a sus expedientes y control de sus procesos sin la necesidad de utilizar más el papel que inunda los juzgados.
Lima también señaló que los demás aspectos de la transformación avanzan, tal es el caso de la Ley de Adopciones, que ya fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
“A la par trabajamos para terminar la Ley de Derechos Reales y de la Carrera Judicial. Todos estos aspectos son parte de la reforma que necesitamos para nuestra justicia”, expresó.
Lima retira acción penal contra magistrados
Una vez que el Consejo de la Magistratura entregó títulos de designación como jueces de carrera a abogados que culminaron de forma satisfactoria el segundo curso de formación y especialización judicial, en área ordinaria de la Escuela de Jueces del Estado, el ministro Iván Lima decidió levantar una denuncia que había presentado contra los consejeros de la Magistratura ante la Asamblea Legislativa.
“Al llegar a un acuerdo sobre la interoperabilidad, el ministro de Justicia retirará la acción penal contra el Consejo de la Magistratura”, aseguró en conferencia de prensa.
A finales de noviembre de 2020, Lima presentó la denuncia para iniciar un juicio de responsabilidades contra los consejeros Gonzalo Alcón, Dolka Gómez y Omar Michel, electos por voto en las elecciones judiciales de 2017.
Lima les pidió más celeridad en sus funciones.