Si algo necesita el país es una reforma de la justicia. Pero ésta tiene que ser llevada con la mayor seriedad. No creo que realizando consultas con grupos de ciudadanos, entre ellos abogados, en cada uno de los departamentos, emerjan las soluciones. 

Se dice que la convocatoria a una "cumbre para reformar la justicia boliviana”, que se realizará los primeros días del mes de junio, en Sucre, es para: 1) garantizar el acceso de la población a la justicia; 2) acelerar los procesos, 3) eliminar o disminuir la corrupción de funcionarios judiciales, 4) perfeccionar la formación de los abogados y servidores, 5) mejorar la elección de las altas autoridades.

 

Seguramente la metodología será la formación de mesas de trabajo, cuyas conclusiones pasarán al plenario para su aprobación. De ahí en adelante lo que se resuelva será escrito en piedra y nadie podrá modificar. Lo cual está mal. Si bien ese método participativo es bueno, no creo que sea el más adecuado. Considero que, primero, se debe partir de un diagnóstico y propuestas de lo que está ocurriendo con nuestra justicia. Algunos jurisconsultos han presentado su dictamen de la situación. Entre ellos se destaca lo que ha publicado Juan Del Granado, otra que ha sido divulgada por  Rogelio Mayta conjuntamente con Pamela Delgadillo. También se ha referido al tema verbalmente  Carlos Alarcón. 

 

Rogelio y Pamela consideran, según lo publicado por La Razón,  que la crisis judicial está basada en cuatro ejes: el primero, la ineficiencia del sistema, la falta de una reflexión  sobre la administración de la justicia boliviana que tome en cuenta las características socioculturales del país. El segundo aspecto del diagnóstico de estos autores tiene que ver con las ineficiencias de los sistemas judiciales,  que se refleja en la sobrecarga de trabajo de los juzgados y tribunales. El tercero, la independencia del Órgano Judicial y el cuarto tiene que ver con la imparcialidad. 

 

La anterior visión es similar a la que tiene Juan Del Granado, pues él también admite que la crisis judicial tiene cinco aspectos: una es la carencia de independencia, ya que los jueces son nombrados por el poder político. La segunda es la carencia económica, dado que sólo el 0,4% del presupuesto del Estado es asignado al Órgano Judicial. La tercera fuente de la crisis judicial es el acceso a la justicia, porque es para pocos y no es gratuita. La cuarta carencia que detecta Del Granado es la carencia de idoneidad personal y profesional de la gran mayoría de los operadores. La quinta es la falta de una agenda nacional de reformas judiciales. 

 

También Mayta y Delgadillo intentan mostrar que hay diferencias entre las distintas especialidades. Una cosa es la administración de la justicia penal, civil o laboral. En la justicia civil o penal hay aproximadamente 200 mil casos y sólo son atendidos 800. La que se salva es la especialidad laboral que, sin incremento de jueces, dio una mayor atención y solución a los litigantes. Sin embargo, cuando uno conoce cómo funciona la justicia laboral, entonces deducimos que estamos muy mal. 

 

El tema, por lo menos en lo laboral, no se constriñe a una reforma de la legislación,  que es el esfuerzo que se realiza. Es necesaria, pero tan importante como ella es la forma de acceso a esta justicia por parte de los trabajadores y de los empleadores. En esta materia ampliaré más en la próxima entrega porque hay una confusión entre la protección que da la ley al trabajador. La normativa laboral no puede ser imparcial, pues el trabajador no podría acceder a la justicia, por ello tiene que ser protectiva. Pero los operadores de la justicia laboral, ya sean jueces, inspectores y/o conciliadores del Ministerio de Trabajo, deben ser imparciales, deben aplicar lo que diga la ley en el marco de la doctrina jurídica protectiva de la normativa laboral vigente en el país.

 

*Rodolfo Eróstegui T. es experto en temas laborales./Artículo de Opinión