El Ministro respondió al reclamo de las autoridades judiciales que, durante la inauguración del Año Judicial, expresaron su preocupación por el cercenamiento de su presupuesto, de Bs 1.034 millones a un poco más de 900 millones, lo que supondría la reducción de personal en lo jurisdiccional y el incremento de la mora procesal.

“SER EFICIENTES”

Ayer, Lima fue enfático en señalar que mientras el Órgano Judicial no haga un uso adecuado de su presupuesto y acabe con la burocracia institucional administrativa, no tendrá un mayor presupuesto. En ese sentido, pidió a los magistrados ser más “creativos” en la distribución presupuestaria y el mejoramiento del sistema de recaudaciones en Derechos Reales.

“Hay que ser más eficientes, no es posible que pensemos siquiera en reducir un solo ítem de jueces, es parte de la independencia judicial, pero la parte de la estructura administrativa burocrática, que vamos a tener que ajustar: ser más eficientes para generar recursos que permitan dar un servicio de calidad al ciudadano”, dijo al agregar que “eso debería ser la meta de este año”.

Según Lima, la realidad económica del país con la pandemia del covid-19 obliga a todos los sectores del país a afrontar esta crisis planteando soluciones y alternativas, reduciendo la escala salarial y los gastos, y de esto no va a estar exento el Órgano Judicial.

“La Ley Financial y el presupuesto ya están aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir que el techo presupuestario y las disposiciones están en una ley. El único que vino a La Paz para negociar su presupuesto y pedir que no se reduzca fue el Fiscal General del Estado. Recién ayer (11 de enero) vinieron el Presidente del TSJ, el Director de la DGAF y la Presidenta del Tribunal Agroambiental”, señaló.

ALGUNAS PRECISIONES

El ministro Lima dijo que desde que era magistrado pedía una información a los presidentes del TSJ: que aclaren por qué se tiene tanta burocracia en la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF), en todo el país, y qué hacen tantos abogados asistentes en cada despacho.

“Cuando se aclaren todas esas situaciones, se diga cómo se están designando esos abogados asistentes, qué hacen, cómo se está utilizando los recursos del Órgano Judicial para el bien de la justicia, creo que se puede discutir sobre un incremento o mantenimiento del presupuesto. En tanto no queden clara las finanzas del Órgano Judicial, no se puede plantear cambios”, advirtió.

Sostuvo que el viceministro de Política Tributaria, Zenón Mamani, pidió a las autoridades judiciales demostrar eficiencia en el nivel de ejecución de sus recursos, no solo en la ejecución del presupuesto salarial. Y les lanzó el reto de incrementar los ingresos propios como el funcionamiento de los juzgados de extinción de dominio que ya están en vigencia desde hace tres años y de donde se puede lograr un presupuesto para el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

"Empiezo a cuestionarme por qué se sigue con este nivel de turismo judicial que no le encuentro ningún sentido en estos momentos de crisis, creo que hay mucho por empezar a hacer para volvernos a ser eficientes en el gasto y hay que hacerlo, no hay una alternativa en este momento", sentenció.

El desafío es mejorar el presupuesto

El ministro Iván Lima lamentó que la burocracia en los servicios del Notariado y en Derechos Reales haya generado un déficit en los ingresos del Órgano Judicial y del propio Ministerio de Justicia.

Reveló que el Notariado redujo las recaudaciones de Bs 60 millones al año a menos de 22 millones “por esta pesada burocracia que se construyó alrededor del Dirnoplu (Dirección Del Notariado Plurinacional)”.

A esto se suma Derechos Reales (DDRR), que en 2020 no cumplió con las metas de recaudación. Si bien la pandemia afectó, “pesa más el sistema anquilosado que genera problemas y el usuario no quiere acudir a DDRR porque es más gasto y si se ofrece al ciudadano un servicio eficiente y accesible y rápido, se va a subir las recaudaciones”, puntualizó.

Dijo que tiene el compromiso de los presidentes del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, y del TSJ, Olvis Egüez, de reactivar los juzgados de extinción de dominio para la monetización de muchos bienes de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), de bienes decomisados al narcotráfico y otras actividades delictivas que pueden servir. Con esto se pretende mejorar el presupuesto del Órgano Judicial.