El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, durante este descanso de fin de año, llevó adelante una serie de reuniones con movimientos sociales y otras organizaciones para planificar la agenda 2021.

“Tenemos muchos compromisos que quedaron pendientes, como encuentros con organizaciones sociales que tienen preocupaciones, y nosotros vamos a estar trabajando”, dijo.

Sin embargo, enfatizó que la instancia legislativa priorizará las propuestas relacionadas principalmente con la reactivación económica, salud, educación y seguridad, sectores que, según dijo, fueron afectados severamente por la administración del gobierno anterior.

Mamani no descartó sesiones urgentes en caso de presentarse temas de urgencia respecto a la coyuntura actual que atraviesa el país referente al rebrote y su impacto económico social, y aún se define si éstas reuniones serán por vía virtual.

Justicia

Un tema prioritario para la actual administración es la justicia, que durante mucho tiempo se encuentra en crisis, por lo que desde el Ministerio del área anunciaron una serie de cambios en el sistema judicial, para lo que se planteó incluso una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE).

El ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó la labor del Consejo de la Magistratura y demandó la renuncia de sus miembros o enfrentarse a un juicio de responsabilidades por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, debido a que “no efectivizaron las reformas al sistema penal que debían hacer en un plazo determinado en el marco de la Ley 1173 y sus modificaciones”.

En esta perspectiva, se promueve una reforma judicial que implicaría tres cambios principales: la modificación parcial a la CPE, eliminar la elección de autoridades judiciales por voto directo y aplicar una votación para ratificar a los jueces y magistrados designados por meritocracia.

“Hay dos variables posibles: incrementar el número de consejeros o suprimir el Consejo de la Magistratura. Es así de drástica la necesidad que tenemos de que funcione la justicia en el país. Y si esto implica reformas constitucionales, tendrán que hacerse”, afirmó en su momento Lima.

Asimismo, para ejecutar la transformación del sistema judicial, se conformó un consejo preconstituyente con nueve expertos en derecho constitucional, quienes, presumiblemente, se encargarían de diseñar el soporte técnico de la reforma de la justicia, que luego pasaría al nivel político para lograr consensos que, al final, pudieran ser avalados por la población.

“Éste es un tema de derecho constitucional y probablemente debamos ingresar a una reforma constitucional en el país para garantizar a los bolivianos una justicia de calidad e independiente”, afirmó.

Añadió que para ello es fundamental lograr consensos con las bancadas de oposición en el Legislativo: Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

En esta primera etapa, el grupo de asesores está conformado por el expresidente de Bolivia y expresidente de la ex Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé, el exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar José Luis Gutiérrez Sardán, el exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia y el exconjuez de la ex Corte Suprema Bernardo Wáyar.

La reforma, como estaba planteada, tenía el apoyo de CC, por lo que se hubiera aprobado sin más problemas en la ALP, donde se necesitan dos tercios de voto para el cambio.

Sin embargo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) frenó en seco con los argumentos de que diferentes sectores de la sociedad sean consultados y que no era algo urgente, refirió el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

“Para nosotros no es lo más urgente, como en algún momento indicó también nuestro ministro (Lima). Por supuesto que eso era una prioridad para él; sí, lo entendemos, pero tenemos que ser responsables con el pueblo boliviano y por eso es que hemos decidido avanzar de a poco, pero con pasos firmes”, dijo Mamani.

En el periodo gubernamental de Evo Morales se han hecho consultas y cumbres con movimientos sociales para reformar la justicia, pero no se llegó a ningún resultado.

Propuestas

Para llevar adelante un cambio en el sistema judicial, Lima planteó la aprobación o modificación de cinco leyes de emergencia, que deben realizarse en el Legislativo.

La primera medida que se prevé aplicar será la reforma constitucional a la justicia para garantizar la carrera judicial.

“Queremos transformar la justicia constitucional. En este momento, es una justicia que no está atendiendo debidamente al pueblo boliviano, tiene una serie de cuellos de botella y problemas que tienen que ser subsanados”, mencionó en su oportunidad.

La segunda está enfocada en quitar el veto, para encontrar justicia en la ALP, cuando se encuentren serios indicios de corrupción de magistrados y consejeros.

Asimismo, se prevé la reforma total de la Ley de Derechos Reales y tener una institución accesible al ciudadano, garantizando seguridad con las propiedades y trámites eficientes y expeditos.

La cuarta norma consiste en modificar la ley de adopción de niños, para evitar hechos de corrupción en ese trámite.

Por último, el Ministerio promueve la aprobación de una ley de carrera judicial para garantizar la independencia en el proceso de selección, evaluación del desempeño y capacitación de jueces.

“Estamos pidiendo un informe y en función a ese informe que nos van a presentar, vamos a dar la prioridad de cuál es importante”, mencionó Mamani.

Defensor del Pueblo

La defensora del pueblo, Nadia Cruz, ocupa interinamente el cargo alrededor de dos años, y en la ALP dejaron la designación del titular para 2021.

Legisladores de la diferentes bancadas de la Asamblea sostienen que la designación será tratada en esta gestión. Sin embargo, explicaron que no se tiene definida una fecha específica para ello.

El 30 de enero de 2019, en sesión de Asamblea, Cruz fue designada como defensora interina después de la renuncia de David Tezanos Pinto. 

“Es una de las tareas pendientes, junto con tantas otras que están quedando este año. Está en nuestro programa porque para nosotros es de suma importancia la elección por mérito de estos cargos clave. Vamos a defender que estos cargos sean meritocráticos y en consenso”, dijo la senadora de CC Cecilia Requena.

La CPE establece que el Legislativo es el encargado de designar en sesión de ambas cámaras al defensor del pueblo por al menos dos tercios de votos de los legisladores presentes, previa convocatoria y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de un concurso público. La persona designada en el cargo ejercerá sus funciones por un periodo de seis años cumplidos, sin posibilidad de nueva designación.

Servicio militar

El Legislativo tiene varios proyectos de ley que esperan su consideración por el pleno de Diputados o Senadores, dependiendo la cámara de origen. Entre estos proyectos se contempla la “Prestación del Servicio Militar Voluntario dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El documento fue presentado por la Brigada Parlamentaria de La Paz, que en sus fundamentos jurídicos internacionales y constitucionales, demanda que el Estado boliviano regularice de transición del servicio militar obligatorio por uno voluntario.

“La presente ley tiene por objeto disponer que el servicio militar es de carácter voluntario para los jóvenes de ambos sexos que se encuentren en edad de reclutamiento”, refiere el primer artículo del proyecto.

Hasta la fecha, la CPE y otras leyes mantienen el carácter obligatorio del servicio militar para varones de entre 18 y 22 años, y la libreta militar es un requisito para el ejercicio de cargos públicos. Para las mujeres, este servicio es voluntario.

Las objeciones de conciencia en los últimos años y el hecho de que en varios países este servicio haya pasado a ser voluntario ponen nuevamente el tema en debate.

Bolivia-110

Otro proyecto es del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana-Bol 110.

“Tiene por objeto regular el funcionamiento, administración, supervisión, estructura, niveles de coordinación institucional e interinstitucional del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana-Bol 110, bajo rectoría del Ministerio de Gobierno, para garantizar la atención de urgencias, incidentes, emergencias y/o desastres en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, salud y gestión de riesgos”.

Este proyecto incluye la implementación de un “servicio aéreo de seguridad ciudadana”.

Por otra parte, se plantea el proyecto de Ley de Construcción del nuevo complejo Penitenciario de Palmasola.

El objetivo es ampliar la capacidad del penal “de modo que facilite las condiciones para cumplir el papel resocializador (reintegración) de la pena privativa de libertad, mejorando las condiciones de habitabilidad, salubridad, seguridad y tratamiento de la población recluida”.

Asimismo, está en carpeta el proyecto de Ley Integral de Seguridad Especial para la Telefonía Móvil.

El objeto es “normar, regular, prevenir, controlar, la importación, la comercialización, el registro, la activación de equipos terminales móviles (celular), sim card (chip), realizar la investigación de delitos para impedir el uso de los servicios de telecomunicaciones móviles en la comisión de delitos”.

 

CELERIDAD A CASOS DE VIOLENCIA A MUJERES

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Renán Cabezas, afirmó que la comisión mixta elegida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) velará por la celeridad de justicia de los casos de violencia y otros que derivaron en feminicidios. “Las autoridades legislativas apuntan a una justicia que “sea rápida, con celeridad”, dijo.

“No queremos más hermanas, esposas, hijas pasando situaciones lamentables. No queremos una mujer muerta por un problema sentimental. La comisión tiene que investigar, acelerar y, si tenemos que modificar alguna norma para evitar más casos, lo vamos a hacer”, dijo.

 

CAMBIOS A LA JUSTICIA NO DEBEN SER APRESURADOS

REDACCIÓN CENTRAL

El abogado y exalcalde de La Paz Juan del Granado, en un artículo de análisis sobre el trabajo que comenzó el ministro Iván Lima para reformar la justicia, elogia esta posición, pero considera realizarla de manera pausada.

Critica primero el hecho de que se propongan más leyes y segundo “la precipitada” consulta popular para la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Sí, es muy probable que se requiera reforma parcial de la Constitución vía referendo, pero precipitarlo para el 7 de marzo puede ser un salto al vacío parecido a todas las piruetas ‘judiciales’ del Gobierno de Morales, alejado de un verdadero debate nacional que va mucho más allá de los ‘notables’, porque la decisión debe estar en manos de una sociedad informada y donde no se mezcle la elección quinquenal de miles de concejales, asambleístas, alcaldes y gobernadores con la modificación del texto constitucional para el largo plazo”, escribió Del Granado.

Si se decidiera “modificar la CPE, primero debe ser analizado en la Asamblea, luego debe ir a control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), posteriormente a un referéndum”.

Por el momento, se tiene clara la intención de modificar los artículos 182, 188, 194 y 198 para eliminar la elección por sufragio directo de magistrados, procesos calificados de fracaso.