De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces, Martha Saavedra, en este departamento bordea el millón de habitantes, sin embargo, el número de jueces apenas llega a 175.

“El sentimiento que irradia nuestra Constitución es una cultura de paz, lo que es la conciliación y recién eso se ha empezado a fortalecer en este último año  pero la cultura de juicio, en la población boliviana, es generalizada”, señaló.

Si bien se han aprobado normativas como los códigos morales que priorizan la oralidad y evitan más trámites para los litigantes, los administradores de justicia se quejan porque no se ha previsto el incremento de recursos humanos y menos aún la ampliación de la infraestructura.   

“En la capital, la demanda sobrepasa los 10 mil procesos en las distintas áreas, es sumamente complicado atender. Y desde hace un año, en el área de familia hemos ingresado al proceso oral para hacer más expedito dos tipos de proceso: divorcios y asistencia familiar.

El divorcio estaba rodeado de una serie de formalidades (…); ahora ha cambiado todo y hemos estado haciendo juicios orales rápidos, expeditos pero ha provocado una especie de saturación porque resolvemos más de 40 divorcios por mes, es más de una sentencia por día. Estamos colapsando en esa materia”, dijo Saavedra.

Un panorama similar se presentan con los casos de violencia por la Ley 348. Con el Código Procesal Civil se prioriza la conciliación pero quedan cientos de causas pendientes y no se ha pensado en jueces liquidadores.

En el caso del Ministerio Público, el fiscal departamental, Ever Veizaga, aseguró que los fiscales trabajan con las condiciones “mínimas” laborales considerando que las causas que ingresan también son masivas.

“El trabajo organizado ha permitido la redistribución de funciones, permite hacer un trabajo más eficiente. Me imagino que con 10 fiscales y 20 funcionarios subalternos (auxiliares y otros) estaremos muy bien”, señaló.