“El juicio de responsabilidades no es por el tema acefalías (la Magistratura tardó en designar autoridades judiciales) sino por haber incumplido la Ley 1173 de Reforma Penal, cuyo plazo terminó el 23 de febrero”, explicó Lima en conferencia de prensa.

El Ministro contó que cuando le preguntó a Gómez el porqué no habían tomado las acciones para la Reforma Penal “nos dijo que no lo hicieron por la pandemia, que como todos sabemos comenzó en marzo, cuando el plazo de ellos vencía el 23 de febrero”.

Más del 70% de los 18.000 privados de libertad no tienen sentencia y por ello Lima cree que es urgente la reforma penal.

“Ellos (los asambleístas) decidirán si los suspenden o no por dos tercios de votos. Si respetamos la ley hay 60 días hasta que ellos sean apartados si la Asamblea Legislativa Plurinacional los encuentra responsables, yo no puedo adelantar la sentencia, pero ellos incumplieron la ley 1173”, insistió Lima.

La autoridad había dado un plazo hasta el martes para que los tres magistrados dimitan. “Teníamos la obligación de presentar la demanda penal si no renunciaban los consejeros de la Magistratura y así lo hicimos”.

Desde el Consejo de la Magistratura, se confirmó que fueron elegidos 140 jueces que serán posesionados el 1 de diciembre.

“Esperemos que hayan elegido a personas idóneas, el Ejecutivo no va a intervenir en las designaciones y esperemos que no haya habido cuoteo ni actos irregulares”, opinó Lima.

Sentencias allanan procesos

Lima anunció este viernes que ya no existen restricciones para que se lleven a cabo los juicios en contra de los consejeros y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la crisis en el sistema penal.

“Había una medida cautelar que impedía que se desarrollen y concluyan los juicios contra consejeros y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero con la sentencia 34/2020, ese candado se ha levantado, ya no hay restricciones”, indicó el Ministro.ç

Lima adelantó también que se repuso un proyecto de ley en la ALP para que los juicios de responsabilidad sean “rápidos para garantizar justicia para los bolivianos, no más impunidad y no más normas que obstaculicen los juicios de responsabilidades”.

Desde el 3 de diciembre, Lima será asesorado por una comisión de expertos en la búsqueda de la reforma de la justicia en Bolivia.