“Numerosas muertes en las cárceles de Bolivia ante la indiferencia total del Gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Sistema de Justicia. Noticias recientes establecen la existencia de 75 personas privadas de libertad infectadas por Covid-19, aproximadamente 15 decesos confirmados a causa de la enfermedad y otros tres fallecimientos sospechosos de coronavirus en el panóptico de San Pedro de la ciudad de La Paz”, denuncian las plataformas de derechos humanos, a través de un comunicado.

Ante esa situación las instancias mencionadas, buscan el apoyo de otras instituciones similares y de la ciudadanía, para que se eleve un documento de reclamos ante organismos internacionales a fin de lograr acciones inmediatas y efectivas en las cárceles del país.

Este viernes el director nacional de Régimen Penitenciario, Clemente Silva, confirmó que 34 privados de libertad murieron a causa del coronavirus: “En Santa Cruz han fallecido 17; en Sucre, cuatro; en Cochabamba, seis; en La Paz, siete, aunque tenemos que confirmar si fue por el virus en los dos últimos departamentos mencionados”, dijo.

De acuerdo con una nota de Página Siete con base a los reportes oficiales, en seis cárceles de Bolivia se confirmó que  91 privados de libertad dieron positivo al Covid-19 y 99 son sospechosos. Las cárceles de Pando, Tarija y Potosí no registran casos, informó la autoridad.

La situación en el penal de San Pedro de La Paz

Después de conocerse la situación en el recinto de San Pedro de La Paz, Régimen Penitenciario informó que se investiga si el virus fue propagado de forma intencional.

La autoridad penitenciaria indicó que hay dos hipótesis detrás del contagio en esa cárcel. La primera es que los reos asistieron a sus audiencias de manera presencial y sin protección. La segunda es que un familiar de uno de los reos introdujo un alimento con el virus de manera premeditada.

“Un privado estableció una comunicación con sus familiares para que el coronavirus ingrese en medio de los alimentos, (en específico) en una masita. El reo ya fue aislado”, apuntó Silva y detalló que ese dato fue obtenido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), cuando se revisó el celular del privado de libertad del sector de La Posta con mensajes de texto que indicarían: “Todo está charlado”.

Además de los siete reos fallecidos en San Pedro, se tiene a 20 reos aislados por ser sospechosos de estar contagiados, por lo que el Sedes anunció que organiza un rastrillaje dentro de ese recinto penitenciario con el objetivo de identificar a pacientes con la Covid-19.

Con relación a la cárcel de San Pedro, el instituto señaló que “hay un estado de preocupación muy alto y desolación por la situación de salud y los fallecimientos”.

De acuerdo con las denuncias de las plataformas, los reclusos fallecidos por Covid no recibieron atención médica oportuna, y posteriormente, sus cuerpos no fueron retirados con las medidas de bioseguridad necesarias.

“Se denunció que algunos de los fallecidos no fueron evacuados inmediatamente bajo protocolos de bioseguridad, aspecto que ha puesto a los mismos familiares desesperados e impotentes viendo la situación de sus seres queridos; como ejemplo se conoce que el 7 de julio fallece el señor Segundino Pari, por problemas respiratorios dejándolo en su celda que comparte con su hijo menor de edad por casi ocho horas. Este interno se encontraba en detención preventiva”, detalla el documento.

También cita el caso de Oscar Gumercindo Chambi, quien se encontraba en una sala común con fiebre alta, dolor intenso en la garganta y el cuerpo, pero no había sido atendido por el médico ni obtenido la medicación necesaria para su dolencia; otro caso es el del interno Franklin Sandi, de 79 años, quien fue evacuado del penal en estado grave el pasado 7 de julio, para morir al día siguiente.

Agrega que “la situación ha empeorado”, debido a que el Ministerio de Gobierno hace dos semanas dejó cesantes a 70 profesionales en salud, apoyo y psicólogos, muchos de ellos con larga experiencia y especialización en la atención de personas privadas de libertad”.

Medidas para evitar el hacinamiento de los presos en tiempos de pandemia

Las instancias hacen notar que si bien las organizaciones internacionales informaron a todos los países sobre los peligros del Covid-19 en las cárceles por el hacinamiento, “las acciones del Estado boliviano han sido deficientes”.

En ese sentido hacen mención al Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, modificado y aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, al señalar que no tuvo el efecto deseado “por sus amplias limitaciones y trámite burocrático, amplificado con un sistema de justicia con demasiadas carencias operativas y ralentizado por las medidas asumidas por la pandemia”.

Por ese motivo, desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Subcomité de las Naciones Unidas por la Prevención de la Tortura, la Comisión interamericana de Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional, hasta numerosas organizaciones de la sociedad civil boliviana interpelaron al Gobierno sobre el peligro del hacinamiento.

De acuerdo con los datos proporcionados en el documento, los penales del país tienen una sobrepoblación del 269% y la mayoría de los privados de libertad se encuentran detenidos preventivamente o condenados por delitos que no se encuentran en las previsiones del indulto y la amnistía decretados.

Al respecto, el viceministro de Régimen Interior y Policía  Javier Issa  informó que cerca de 300 reos se beneficiaron con el decreto presidencial de indulto. “Ya tenemos cerca de 300 personas que se beneficiaron con este decreto  de indulto y amnistía”.

Solicitudes y recomendaciones

El ITEI , la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos y la Fundación Construir, con 25 adhesiones de organizaciones nacionales e internacionales como la Comunidad de Derechos Humanos, el CDC, Progettomondo.mlal, la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, Adesproc Libertad, Cladem, Coordinadora de la Mujer, entre otras, y el apoyo de 35 defensores de los derechos humanos, solicitan:

1. Que se revise y modifique el Decreto de Indulto y Amnistía con el fin de que pueda beneficiar a una mayor cantidad de población carcelaria en el país, rebajando las condiciones y limitaciones que presenta, principalmente en temas de homicidio, robo y delitos de sustancias controladas.

2. Que se conforme una comisión de auditoría con la participación de expertos nacionales e internacionales que revise los casos con excesivo tiempo en detención preventiva.

3. Que se haga efectiva una visita in situ de organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, el Relator de Personas Privadas de Libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las distintas cárceles del país con el fin de que observen su real situación.

4. Que se garantice a las personas privadas de libertad atención preventiva de salud con el fin de que la pandemia de Covid-19 no se expanda entre la población carcelaria del país. Y se apliquen protocolos adecuados para el tratamiento de infectados.

5. Que se recontrate al personal médico, de apoyo y psicológico cesado, con el fin de que se refuerce las medidas de salud a ser adoptadas.