Un Tribunal de Garantías Constitucionales, en Santa Cruz, emitió una resolución en la que ordena a la Fiscalía y la Policía detener la persecución y hostigamiento hacia el juez Carlos Alberto Moreira, quien denunció que en una audiencia del caso YPFB fue amedrentado por 30 policías y personal del Ministerio Público.

“Los jueces Lucio Condori y Jesús Egüez, constituidos en Tribunal de Garantías Constitucionales, determinaron que el juez Moreira fue sometido a una persecución indebida, que ni autoridades policiales ni fiscales pueden irrumpir contra la labor del Órgano Judicial y ha condenado en costas y multa a esas autoridades”, afirmó el abogado del juez Moreira, Jorge Valda.

El fallo se dictó el sábado en Santa Cruz, luego de que Moreira presentó una acción de libertad, en la que denunció que el sábado 27 de junio  efectivos policiales y personal de la Fiscalía irrumpieron en su despacho para amedrentarlo mientras él realizaba una audiencia virtual, también de acción de libertad, interpuesta por el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Herland Soliz, procesado por presunta corrupción.

En esa fecha, Moreira rechazó el pedido de Soliz y al terminar la audiencia los policías se le acercaron a decir que si hubiera emitido otro fallo lo hubieran detenido junto a su secretario. “Me sentí perseguido, la independencia que tenía el juez fue vulnerada”, aseguró Moreira, cuya demanda fue firmada por más de 90 jueces de ese distrito.

El juez presentó la demanda contra el comandante departamental de la Policía, Enrique Terán; el jefe de la unidad anticorrupción policial, Eduardo Hurtado; el fiscal departamental, Roger Mariaca, la fiscal de materia, Mirtha Mejía, y su asistente Alfredo Flores.

En contraparte, el fiscal departamental de Santa Cruz  afirmó que la acción de libertad resultó favorable a Moreira “sólo en parte”, pero que el fallo solo fue emitido contra el oficial Hurtado, Mejía y su asistente Flores.

Aseguró no existe ningún tipo de persecución contra el magistrado y que la presencia de los policías y el asistente de la fiscal, en la audiencia del 27 de junio, se debió a que debían verificar si Soliz se encontraba de forma física en la audiencia, con el fin de ejecutar una orden de aprehensión que pesa en contra del expresidente de YPFB.

En ese caso, Soliz solicitaba declarar sobre una compra de seguros en Santa Cruz y no en La Paz, donde teme ser detenido. 

Sin embargo, si bien no hay procesos abiertos contra Moreira en su calidad de juez, señaló que sí hay denuncias que se investigan por supuestos hechos de corrupción cuando el magistrado era funcionario de la Alcaldía de Santa Cruz.

El fallo a favor del juez Moreira debe ser revisado por el Tribunal Constitucional en Sucre, para confirmar o anular el mismo. Mariaca afirmó que respetarían la resolución final.

Rechazan presiones contra el Órgano Judicial

El abogado Jorge Valda  afirmó que el fallo emitido el sábado en Santa Cruz  en favor de su cliente, el  juez Carlos Alberto Moreira, deja un  precedente constitucional  para que ninguna otra instancia del Estado cometa injerencia sobre el trabajo independiente que deben cumplir los jueces.

“El fallo es un precedente histórico para que nunca más se vulneren la independencia de poderes y se pretenda interferir en el trabajo de los jueces. Ningún otro policía o fiscal podrá actuar como se actuó contra el juez (Hugo) Huacani en La Paz o el juez Moreira y deja en claro que los actos de persecución indebida serán condenados de manera directa y con severidad por atentar contra la independencia de poderes”, manifestó Valda.

Señaló que la acción de libertad que se interpuso contra los fiscales y policías que irrumpieron en su despacho para intimidarlo el 27 de junio, fue respaldada y firmada por más de 90 jueces de Santa Cruz, que rechazaron esa acción.

En el caso de Hugo Huacani, fue procesado y detenido por horas acusado de prevaricato por haber concedido detención domiciliaria a una procesada del caso terrorismo que se sigue contra el exministro de la Presidencia  Juan Ramón Quintana. 

En su caso, también se dio en su favor una acción de libertad debido a que la aprehensión fue ilegal, aunque el proceso continua en la Fiscalía.