«Se está vulnerando la integridad física de 2.467 privados de libertad de los siete centros penitenciarios del departamento que se declararon en emergencia», advirtió la autoridad carcelaria.

«La semana pasada estuvo el viceministro de régimen interior con el fin de hacer conocer estos momentos de emergencia porque se adeuda el pago que ellos reciben para alimentación», enfatizó Suárez.

La autoridad observó que la situación no podría mantenerse por más tiempo, «estamos hablando de la alimentación, transgrediendo sus derechos».

Suárez dijo que si el retraso en los pagos está vinculado a un tema político, las consecuencias podrían ser fatales.

«No podemos jugar con la salud de una población vulnerable. Le pido a la gobernadora que tome cartas en el asunto, de lo contrario vamos a tomar otras medidas», advirtió.

Los reos están reclamando la nivelación del pago de los dos meses de pre diario que la gobernación les adeuda y están en estado de emergencia, refirió Suárez.