Los jueces en La Paz se declararon en situación de emergencia ante lo que califican como una intromisión del gobierno en la independencia del Órgano Judicial. El viernes por la tarde se aprehendió  al juez Hugo Huacani, después   que el jurista concediera la detención domiciliaria a una procesada en el caso terrorismo que se sigue contra el exministro Juan Ramón Quintana.

“La Amalap siempre se va a declarar en emergencia cuando surjan este tipo de problemas. Ese es el fin de la Amalap, el de proteger a sus asociados, entre ellos vocales y jueces”, manifestó la presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz, Margot Pérez. 

Ni la Policía ni el Ministerio de Gobierno ofrecen una justificación clara  del porqué se aprehendió  al juez Huacani. Por otro lado, el Ministerio Público abrió un proceso contra el mencionado magistrado a petición del Ejecutivo, pero hasta donde se conoce no se investiga la detención irregular en su contra, pese al pedido del Consejo de la Magistratura y de la Defensoría del Pueblo. 

Huacani fue aprehendido por la Policía el viernes después de que dos abogados del Ministerio de Gobierno lo denunciaran por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Según ellos, el juez cometió esos delitos al disponer la detención domiciliaria para una mujer que guardaba detención preventiva por el caso terrorismo que se sigue contra Quintana.
 
La aprehensión fue hecha sin orden de la Fiscalía ni de un juez. La Policía actuó ante un delito “cometido en flagrancia”. 

El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Roberto Barbosa, dijo que la denuncia se hizo por dos razones: porque la procesada no desvirtuó los riesgos procesales  y porque en tiempos de cuarentena se instruyó no tratar peticiones de cesación a la detención preventiva.

En cuanto al primer motivo no se precisó qué riesgos procesales no fueron desvirtuados. En cuanto al segundo, contraria a las aseveraciones de Barbosa, el Tribunal Supremo de Justicia instruyó el 7 de abril tratar con preferencia las peticiones de cesación a la detención preventiva durante esta pandemia. Esta instrucción fue parte de la estrategia para descongestionar las cárceles ante la propagación de la pandemia del coronavirus.

Cuando se le mencionó sobre este instructivo a Barbosa, éste señaló: “Claro, pero no se olvide también que había ciertas restricciones. Si fuera así, todos hubieran pedido al mismo tiempo cesaciones. Para dar una nota completa hasta el miércoles puedo tener toda la información”.

Barbosa aseguró que el Ministerio de Gobierno no ordenó la aprehensión  y que de quién salió la orden debería consultarse a la fuerza anticrimen. 

El director nacional de la Felcc, Iván Rojas, indicó a este medio que sería difícil explicar por teléfono quién ordenó la aprehensión del juez. Podría hacerlo de forma presencial a partir de documentación. 

Mientras tanto Barbosa informó que el Ministerio Público ya abrió un proceso penal contra Huacani. Lo mismo indicó Pérez, quien añadió que se acompañará de cerca ese proceso para vigilar que se cumplan los derechos del ahora investigado.

 Pese a los intentos que se hizo, no se pudo confirmar que el Ministerio Público esté investigando también la aprehensión irregular contra el juez.

De acuerdo a ley

• Atribución  El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 227, señala que la Policía sólo podrá aprehender a una persona por una orden de un juez, de un tribunal, de un fiscal, cuando la persona haya sido sorprendida en flagrancia o si huye estando ya detenida. 
• Flagrancia  La  norma considera como flagrancia “cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo, o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o los testigos presenciales del hecho”.
• Reclamos   Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo cuestionaron la aprehensión del juez y pidieron una explicación a las autoridades.