En un giro digno de una historia kafkiana, el juez que debía conducir la audiencia cautelar del ahora ex ministro de Salud, detenido el miércoles acusado de presunta participación en la compra con sobreprecio de los 170 respiradores artificiales, fue a su vez detenido por policías de civil cuando ingresaba a su despacho; denunció que había sido encarcelado sin orden de aprehensión ni causa abierta en su contra.

Consultado al respecto, el Presidente del Consejo de la Magistratura de La Paz informó que “existe una denuncia de prevaricato en otro proceso”, lo cual explicaría la inoportuna actuación, que luego tuvo que ser revertida para dar curso el sábado, finalmente, a la audiencia en la que se decidió enviar al exministro al penal de San Pedro, en La Paz. Para incrementar la extrañeza, tanto la Fiscalía Departamental de La Paz como el Ministerio de Justicia negaron, en sendos comunicados, haber instruido la detención del juez. Hasta ahora es poco claro qué efecto se buscaba con esta actuación y, sobre todo, quién la había instruido.

Ya antes de la actuación contra el administrador de justicia, la abogada defensora del exministro, ella misma exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, había denunciado el incumplimiento del debido proceso para detener a su cliente, y reclamado por “vulneración y supresión de derechos y garantías” de la ahora exautoridad. Luego, al conocerse la decisión del juez, la abogada indicó que la decisión pone en riesgo la salud de su defendido quien, dijo, tiene una enfermedad crónica.

En los hechos, al denunciar la violación de derechos y garantías, así como lamentar que no se valore la edad o la salud de su cliente, la conocida abogada no hizo otra cosa que denunciar la situación de decenas de personas detenidas en diversas circunstancias desde noviembre de 2019 sin más razones que las dictadas por las sospechas del Ministerio de Gobierno.

Queda claro, pues, que el sistema de justicia en el país sigue muy lejos de merecer su nombre, ya que la cotidiana vulneración de derechos y garantías de quienes caen en manos de fiscales y jueces solo sirven para recordar que hay una utilización irresponsable y política de las normas y procedimientos originalmente concebidos para sancionar delitos. Es poco probable que este estado de cosas se revierta en el corto plazo, pues para introducir cambios se necesita una voluntad política que no existe desde hace muchos años, y una legitimidad desaparecida hace meses.