Un experto en régimen penitenciario señala que el nivel de transmisión de la Covid-19 se triplica en los centros penitenciarios. Para el Gobierno, todo está controlado.

Una serie de errores, entre ellos la demora en la detección, carencia de medidas de seguridad tanto para internos como para policías, salida de reclusos, fue el detonante para que en el penal más grande de Santa Cruz se den los primeros contagios y el posterior deceso de internos.

El exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos explicó que organismos internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, piden tomar medidas para proteger la salud y la seguridad de las personas que están recluidas en centros penales, pero no se toman en cuenta, por lo que estos lugares se constituyen en una bomba de tiempo para el área en que se ubican, que podría tener un resultado catastrófico.

Acotó que las autoridades encargadas del área no tomaron las medidas de protocolo externo e interno de manera oportuna y, a causa de ello, se registraron decesos en el penal de Palmasola.

“Cómo es posible permitir que un interno con enfermedades de base salga a trabajar o se realicen controles médicos y no se hagan las pruebas establecidas por protocolo”, cuestionó Llanos.

“El contagio es geométrico. El estudio dice que, en la comunidad, el contagio es uno a cuatro. Es decir, si una persona tiene el virus, va a contagiar a cuatro; en la cárcel, es uno a 18, es decir, si una persona va a tener el virus en la cárcel, va a contagiar a 18, esos 18 a otros y va a correr como pólvora”, dijo.

Agregó que se tendría que prever que los turnos de guardia de los policías en los penales no sólo sean de 24 horas; por lo menos deberían ser de una semana, para la contención del virus.

“Se tiene que realizar un cordón externo fuerte, vigilar las visitas, la salida de los internos, el régimen abierto, revisar los alimentos. El riesgo son las personas asintomáticas que han empezado a contagiar, el problema está ahí, el virus es súper contagioso”, dijo.

Datos estadísticos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, hasta noviembre de 2019, dan cuenta de que hay 18.845 personas privadas de libertad, de las cuales 6.596 tienen sentencia y 12.249 se encuentran con detención preventiva. Del total de personas privadas de libertad, 17.464 son hombres y 1.381 son mujeres. Santa Cruz alberga al 37,7 por ciento de la población penitenciaria del país, es decir 7.118 presos, 6.686, varones y 437 mujeres. El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, en su oportunidad, informó que se han desarrollado tareas de desinfección, implementación de medidas de bioseguridad, entre otros.

“No entran personas al interior de los recintos penitenciarios; solamente se quedan en la puerta. Se tienen protocolos antes del contagio y posterior al contagio. Tenemos lugares de aislamiento en todos los penales del país para tratar a las personas que hayan sido contagiadas con coronavirus”, explicó.

Agregó que tomaron los recaudos para aislar a posibles internos contagiados y, “en su caso, trasladarlos a centros de atención si presentaran complicaciones”.

Internos, a la espera de salir

El exdirector de Régimen Penitenciario menciona que el 70 por ciento de la población penal son detenidos preventivos, sin sentencia, y que hay otros internos que cumplieron con su pena, pero que esperan la consideración de la autoridad jurisdiccional. “Los jueces deberían empezar a liberar personas. Se dice que hay como mil sentenciados que han cumplido su pena, pero no salen porque están esperando la voluntad de los jueces”, indica Llanos.

Acotó que hay privados de libertad que pueden dejar los recintos penitenciarios debido a recompensas y redención de penas.

“Hay muchos que están con beneficios penitenciarios, porque el 50 por ciento salen cuando cumplen o muestran buen comportamiento y tienen el beneficio del dos por uno, incluso otros beneficios que les permite salir antes. Eso también es responsabilidad de los jueces de ejecución”, refiere.

Indulto

Al respecto, el Viceministro de Régimen Interior recordó que se encuentra en vigencia el indulto presidencial, por lo que se prevé que por lo menos un 10 por ciento de la población penal se beneficie.

“Va a beneficiar al 10 por ciento de la población que existe en Bolivia, se van a sacar mas o menos entre 3.000 a 3.200 personas que están con medidas sustitutivas, que hayan cometido delitos leves, su primer delito”, expuso Issa.

SIN UN NÚMERO REAL DE INFECTADOS

Desde que se conoció el primer caso de Covid-19 en el penal de Palmasola, se identificaron 25 casos positivos, además del aislamiento de decenas de personas.

Ante la falta de infraestructura sanitaria, en este centro penal se habilitaron diferentes espacios para albergar a los infectados, entre ellos la guardería de esta posta penitenciaria.

En Trinidad, Beni, el penal de Mocovi se encuentra en emergencia debido a problemas respiratorios de internos.

INDULTO PARA PRESOS QUE NO TENGAN DELITOS GRAVES

REDACCIÓN CENTRAL

Una de las medidas prioritarias que se debe tomar para evitar el riesgo de contagio en los penales es la aplicación de medidas preventivas, como la libertad condicional, el arresto domiciliario o la libertad anticipada.

Pero también medidas internas en los centros de reclusión.

Así expresa el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, al indicar que urge la necesidad de extremar los protocolos sanitarios, debido a que las cárceles son lugares propicios para la propagación del virus hasta niveles dramáticos.

“Debe buscarse la forma de ver por el distanciamiento social, se tiene que dividir las secciones, la población, pero esto no se lo toma en el país porque el privado de libertad pareciera de segunda clase”, mencionó.

Expresó la necesidad de clasificación de los internos, pero no como hasta ahora, que todos están mezclados: preventivos, sentenciados, con enfermedades de base y otros.

En pasados días, el Ejecutivo aprobó un decreto de indulto y amnistía por razones humanitarias para privados de libertad mayores de 58 años y mujeres que tengan uno o más hijos, para que puedan abandonar las cárceles desde los 55 años.

Este beneficio no llegará a personas que hayan cometido delitos graves, entre ellos violación, feminicidios u otros.