El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Víctor Borda del Movimiento Al Socialismo (MAS), atribuyó la demora del proceso en la Cámara de Diputados a los denunciados (consejeros), que son personas versadas en derecho y que plantean acciones dilatorias; en lo que va del proceso, afirmaron que los consejeros plantearon más de 15 excepciones que debe resolver la Comisión de Constitución y pueden ser recurridas en apelación.

Un año después de los escándalos de supuesta corrupción, ninguna de las denuncias está con imputación formal o notificación, agregó Borda. Por la cuarentena todo quedó en suspenso, por lo tanto, tampoco se puede acusarlos para una posible suspensión de funciones y para que se defiendan sin privilegios.

Contrariamente, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, sostuvo que el proceso contra los consejeros Dolka Gómez (presidenta) y Gonzalo Alcón está en el Comité de Justicia Plural de Diputados, que aprobó por unanimidad un informe de imputación que demuestra que hubo el delito y la responsabilidad de los consejeros, pero esta resolución fue paralizada por la cuarentena. Pidió a esa instancia viabilizar la acusación formal con ese informe.

“Al ser aprobado ese informe, lo que correspondía es hacer la acusación formal por parte del Comité, pero con la pandemia se paralizó y los consejeros Gómez y Alcón se movilizaron para anular ese informe de responsabilidades”, remarcó.

El parlamentario dijo que la única que se opuso a ese informe fue la expresidenta de Diputados, Betty Yañiquez (MAS), que después fue favorecida con la designación de su sobrina en las oficinas de Derechos Reales en La Paz, “con el aval de Alcón y Gómez”, según sus palabras.

Barral reveló que Alcón fue a su oficina a pedirle que no impulse el proceso en su contra.

“Lo he encarado en un video en mis redes sociales, haciendo conocer cómo vino a mi oficina en señor Alcón a quererme convencer que no meta el proceso, y las cosas que me ofreció”, sostuvo.

El parlamentario dijo que las comisiones de Diputados están trabajando, por lo que pidió el 12 de mayo al Comité de Ministerio Público presentar la acusación correspondiente, pero dijo que los consejeros pretenden anular ese informe arguyendo que no fueron notificados en su domicilio.

La fase preliminar de investigación en estos casos debería durar 45 días y si existen indicios de responsabilidad debería presentarse una resolución conclusiva de imputación en un plazo de tres meses, pero el caso se extiende por más de un año.

El consejero Omar Michel fue excluido de este proceso porque no habría firmado las polémicas designaciones, pero sigue pendiente la investigación en su contra por los supuestos cuoteos, por la denuncia de las diputadas Lourdes Millares, Wendy Nina, Wilson Santamaría y otros.