La posición surgió después que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz, anunciara en entrevista con Correo del Sur Radio que existe consenso entre los magistrados para autorizar el descuento del 30% de su salario para la campaña solidaria institucional de prevención contra el covid-19 y la compra de insumos de bioseguridad.

La Presidenta envió una nota a los presidentes de los tribunales departamentales de justicia del país, informando de la decisión de los magistrados de aportar el 30% de su salario del mes de abril y la propuesta de un cuadro de aportes porcentuales inversamente proporcional al salario de cada servidor judicial para que sea considerado en su distrito.

Algunas asociaciones de magistrados hicieron conocer su posición de rechazo a los descuentos salariales obligatorios a jueces y vocales y consideran que esta decisión contraviene a las leyes y a la Constitución, según la carta de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz (Amagisc), dirigida a la Presidencia de ese distrito.

“Sin oponernos a ninguna campaña de aportes voluntarios, es que les trasmitimos nuestra firme oposición a cualquier tipo de descuento obligatorio mensual de nuestros salarios”, señala parte de la nota.

Sugieren un descuento de acuerdo con las posibilidades de cada funcionario jurisdiccional.

Los vocales de Beni respondieron que no están en condiciones de asumir un descuento “tan alto”, que disminuye considerablemente sus ingresos mensuales porque tienen otras obligaciones, como el pago de créditos en la Mutualidad del Órgano Judicial y otros gastos que puede afectar en cubrir las necesidades básicas de sus familias.

Los juzgadores y  funcionarios de Beni consideran que muchos vocales, jueces y funcionarios están trabajando en esta emergencia sanitaria poniendo en grave riesgo su salud.

Están dispuestos a aportar conforme a la posibilidad de cada servidor público.

El mismo criterio tienen los jueces del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que no están de acuerdo con esos descuentos y promueven otras acciones solidarias como la que hicieron este jueves, la distribución de alimentos en zonas alejadas de la ciudad.

En el Ministerio Público en Chuquisaca, los funcionarios hicieron un aporte de más de Bs 40.000 y tienen previsto distribuir unos 120 canastones en los barrios periféricos.