Se asomó a una ventana enrejada. Ahí colgó sus prendas de vestir para que secara con la intensidad del sol y su mirada quedó en la plazuela San Sebastián, desde donde se escuchaba el canto de las aves. Ese trino rompió el silencio de esa zona céntrica que, antes del 10 de marzo, concentraba gran cantidad de vehículos. Después comenzaron las restricciones parciales, en Bolivia, con el fin de evitar la expansión del coronavirus, COVID-19.

Él es un privado de libertad de San Sebastián, una de las cárceles que alcanzó el 200% de hacinamiento, al igual que la de San Antonio en Cochabamba. La pandemia provocó ansiedad y temor en los reos puesto que temen contagiarse y/o que sus familias contraigan el virus.

Adriana (nombre cambiado) ingresó con una bolsa hacia la cámara de desinfección instalada en puertas de la cárcel de San Sebastián. Contó que dejó unas verduras para su esposo que está recluido hace casi un año. “Llegar al penal cada vez es más complicado. Vine caminando desde la zona sur, pero dejé muchas cosas pendientes y solo hoy tengo el permiso para salir. No lo puedo ver (a mi pareja) porque las visitas fueron restringidas por el coronavirus, pero a través de su abogado me encomendó algunas cosas porque en el penal no hay los suficientes alimentos. Está un poco desesperado porque teme por él, estando con tantas personas. Si uno enferma, todos estarían en riesgo”.

Los privados de libertad del penal de San Pedro, en la ciudad de Oruro, se amotinaron hace una semana. Exigían medidas de bioseguridad frente al coronavirus y que algunos reos sean sometidos a pruebas para descartar el virus, además de que se agilice el beneficio del indulto y amnistía. Un reo de ese penal falleció y temían que se trate de COVID-19, pero el deceso fue por un problema de pancreatitis, de acuerdo con la información que brindaron las autoridades.

Sin embargo, pedidos y pronunciamientos similares se elevaron desde los penales del país. Los reos de San Sebastián, en Cochabamba, a través de una carta que tiene como referencia “Se implora medidas por la vida de los privados de libertad” hicieron conocer sus demandas, el 30 de marzo.

La nota indica que el penal tiene 214 celdas, de no más de cuatro metros cuadrados, para más de 740 privados de libertad, además que hay otros que duermen en los pasillos y otros ambientes descubiertos. Esa situación genera dificultades en la provisión de agua, servicios de salud y acceso a una alimentación adecuada.

También expresaron su preocupación debido a que el hacinamiento podría derivar en un rápido contagio de coronavirus u otras enfermedades, situación que se agravaría considerando las condiciones precarias del acceso hospitalario y personal médico disponible puesto que tienen un solo médico para la población carcelaria.

“El peligro cada día se amplifica, por el hecho de no recibir visitas y encomiendas que nos proporcionan alimentación debido a que nuestros familiares radican, en su mayoría, en logares distantes al recinto penitenciario y nos vemos más vulnerables al contagio”, dice la carta abierta dirigida a la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez.

Finalmente, exigen agilizar los trámites para que los privados de libertad se acojan al indulto y amnistía y descongestionar el recinto penal. Entre sus propuestas, está la salida de las personas de la tercera edad, al menos con detención domiciliaria.

Sobre esos posibles beneficios, varias instituciones que defienden los derechos de las mujeres y niños víctimas de violencia, exigieron que no se considere a los reos que haya cometido violencia, feminicidio, infanticidio y violaciones.