La Defensoría del Pueblo pidió que el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, aprobado recientemente por Jeanine Áñez, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, asegure una diferenciación de género y considere que las oportunidades en el área laboral, social y familiar para las mujeres en las cárceles, son desiguales con relación a los varones.

También se solicita entender que muchas de ellas son madres que siguen al cuidado de sus hijos desde el encierro y son sustento de sus hogares que se encuentran fuera del penal.

La titular de esa instancia, Nadia Cruz, en dos notas formales remitidas a la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y a la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, solicitó que se amplíe el alcance de la medida, que beneficia a mayores de 58 años.

Se pide que la disposición incorpore a mujeres que se encuentran recluidas por microtráfico, mujeres indígenas originarias campesinas, mujeres sin pareja o que también sea privado de libertad, mujeres cabeza de hogar que tengan a su cargo uno o varios de sus hijos o hijas menores 12 años o que tengan a su cuidado hijas o hijos con discapacidad menores de dieciocho 18 años y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.