El viceministro de Régimen Penitenciario, Javier Issa anunció este domingo que se trabaja en un proyecto para deshacinar las cárceles tomando otras medidas para las personas que se encuentran con detención preventiva, inicialmente con los adultos mayores que son más propensos a contraer el Covid-19 en esta emergencia sanitaria. 

El 31 de marzo, los delegados del penal de San Sebastián varones de Cochabamba, pidieron a la presidenta Jeanine Áñez, mediante una carta abierta, tomar medidas para asegurar su salud.

 "El hacinamiento hace de las cárceles un escenario idóneo para el rápido contagio del virus Covid- 19 y otras enfermedades, lo que se agrava tomando en cuenta las precarias condiciones de acceso a tratamiento hospitalario, medicamento y personal médico para atender nuestras necesidades”, se lee en la carta.

Por tanto, propusieron la liberación de al menos cinco tipos de reos: de la tercera edad, que tengan medias sustitutivas, pero no cuenten con el dinero para el pago de fianza garante; con detención preventiva con vencimiento de plazos; que cuenten con sentencia ejecutoriada que ya cumplieron 2/5 y 3/5 partes de su condena, y los que se acogieron al indulto pero que no fueron beneficiados.

El viceministro explicó que en Bolivia hay casi 11 mil personas con detención preventiva y “se tendría que hacer un análisis caso por caso”, pero por el tiempo, se está viendo la manera de “legalmente” deshacinar las cárceles, en primera instancia con las personas mayores que son las más proclives a contraer la enfermedad.

“Se está trabajando en eso y se prevé tener novedades para la siguiente semana” dijo. Acotó que después se va a ver la forma de deshacinar las cárceles con una ley que establezca que “no sea la regla entrar a la cárcel, si no la excepción”. 

En el caso del penal de San Sebastián varones, que es uno de los más hacinados del país, existen 214 celdas de unos 4 metros cuadrados y 750 privados de libertad, motivo por el que muchos viven a la intemperie en pasillos y otros ambientes al aire libre. Además, el 80 por ciento de los privados de libertad en el penal se encuentran con detención preventiva.