"La Comisionada @FlaviaPiovesan recordó mandato de @CIDH sobre protección y promoción de derechos humanos.  Relator @EdisonLanza subrayó importancia de  #LibertadExpresión para el funcionamiento de la #democracia", indicó la CIDH a través de su cuenta en Twitter.

La Comisionada de la CIDH, Flavia Piovesan durante su intervención mencionó que en Bolivia se produjeron "graves" violaciones a los derechos humanos y recordó el deber del Estado de investigar y procesar los hechos ocurridos en el marco de las elecciones de 2019.

Entonces manifestó dos preocupaciones; una, con relaciones al Decreto Supremo 4078 firmado por la presidenta Jeanine Áñez que autorizaba al personal de las Fuerzas Armadas de Bolivia a "restablecer" el orden público y quedar al margen de cualquier responsabilidad penal. Si bien posteriormente fue erogado, tras una vigencia de 14 días, se registraron personas muertas y heridas.

Además del decreto 4082, que autorizó la erogación de 34,7 millones de bolivianos para “equipamiento” de las Fuerzas  Armadas.

Piovesan también señaló su preocupación por el Decreto Supremo 4100 sobre otorgar a las familias de las víctimas mortales 50.000 bolivianos, pero que también establecía que los damnificados no puedan acudir a organismos internacionales con el objeto de emprender una investigación.

Asimismo preguntó si en Bolivia actualmente se siente la protección de los derechos humanos, a lo que la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz respondió que existe persecución a los defensores de los derechos humanos y que no se estaría cumpliendo las medidas cautelares impuestas a su favor.

Por su parte el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, manifestó su preocupación por la impunidad que existe en Bolivia a la violación de los derechos humanos, antes y en el actual gobierno. "Si hay un aporte que se le puede dar a la democracia en Bolivia, es poner los mecanismo para poner fin a la historia de hechos de impunidad que al aparecer se repiten", dijo. 

Respecto a la situación actual se refirió a los procesos que se siguen a líderes del MAS vinculados a figuras penales como la sedición. "Las opiniones contra el gobierno no deberían ser consideradas un delito de sedición, son parte del ambienten polarizado", dijo y abogó por la libertad de expresión.  

En la sesión, la Defensoría del Pueblo presentó información respecto a las violaciones de los derechos humanos registrada en el periodo poselectoral y solicitó que se investiguen los hechos y se repare integralmente a las víctimas.

Por su parte "los representantes del Estado boliviano reafirman su compromiso con las víctimas de Senkata y Sacaba y su apertura al escrutinio internacional", informó la CIDH a través de un tuit.