El defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, afirmó que termina su mandato de seis años preocupado porque considera que acciones del Gobierno causan una incertidumbre sobre el futuro de los derechos humanos y las libertades. Villena se pronunció en ese sentido al presentar el informe de sus seis años en el cargo que se cumplen este viernes, mientras la Asamblea Legislativa evalúa a los 24 aspirantes para reemplazarlo.

"Culmino mi gestión con la gratitud por el deber cumplido pero también con una profunda incertidumbre por el futuro", dijo Villena.

Las acciones del Gobierno de Evo Morales parecen mostrar "una tendencia a la afectación de los derechos humanos y a la incertidumbre sobre las libertades ciudadanas", según el informe final.

En ese contexto, expresó su temor de que esta institución que dirigió durante seis años sea cooptada por un partido político, en referencia a la mayoría oficialista que designará a la nueva autoridad en la Asamblea Legislativa.

"Es fundamental que se garantice la independencia institucional de toda injerencia política partidista o de cualquier interés ajeno a los derechos humanos. Conocemos de cerca la delicada relación entre la eficiencia institucional, el cumplimiento del mandato y la independencia y autonomía, y ciertamente que la cooptación por un partido político significaría no solo el debilitamiento institucional sino incluso la pérdida de su naturaleza y de su esencia", manifestó. "Los principios de justicia, igualdad, libertad, interculturalidad y dignidad, así como la situación de los derechos humanos en Bolivia, se ven afectados por una serie de factores como la desinstitucionalización del Estado, la corrupción y la violencia", sostuvo.

Debido al carácter crítico de sus informes, el Defensor del Pueblo ha sido siempre cuestionado por el presidente Morales que lo ha acusado de estar alineado con la oposición, aunque él siempre ha defendido la independencia de sus denuncias y de sus propuestas. Villena es el tercer defensor del Pueblo que ha tenido Bolivia, tras Ana Romero de Campero y Waldo Albarracín, y llegó al cargo en 2010 con una trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Dijo haber mantenido su independencia frente a "las innumerables presiones y ataques" desde el poder, ante el que "sucumbieron líderes, personas de bien, intelectuales y autoridades llamadas a defender al pueblo, y que frente a las amenazas, el temor o la prebenda, optaron por el silencio, la tibieza o la complicidad". Entre los problemas que atraviesa el país en materia de derechos, subrayó que la falta de institucionalidad en el Estado agrava la crisis judicial, causa del aumento de la corrupción y la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones claves. También alertó sobre la afectación a los derechos de las etnias y la política del Gobierno que vulnera los territorios indígenas.

Resultados

El 60.68 por ciento de los 57.925 casos admitidos y/o gestionados se subsanaron. Se crearon 30 Centros de Orientación para Adultos Mayores.