El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que la comisión de fiscales emitió una resolución de imputación formal, la misma que en las últimas horas fue notificada a los imputados, al existir suficientes elementos para sostener que supuestamente cometieron hechos delictivos por incumplir una resolución administrativa.

El fiscal recordó que en 2015, dentro de un proceso de selección de jueces el pleno del Consejo de la Magistratura emitió un memorándum de designación como nuevo juez de Ixiamas a Eloy Felipe Toledo, le notificaron a través de la distrital del Consejo en La Paz y le solicitaron tramitar los requisitos para su posesión.

Días después, el día de la posesión no fue convocado, sorprendido acudió al Consejo y la respuesta fue que modificaron el acuerdo de designación pero no le dieron ninguna explicación.

“Emitieron un acuerdo contrario a la Ley, contrario a las normas internas, sin motivación y fundamentación y entonces fue afectado; estas conductas se acomodan a los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, señaló Nava Morales.

Los fiscales calificaron este hecho como “arbitrario” en contra de un acto administrativo definitivo como era el Acuerdo de Sala Plena que lo designó como juez y no podía ser modificado sin fundamento.

El Ministerio Público no solicitó ninguna medida cautelar porque considera que no existen riesgos procesales por parte de los exconsejeros.

El caso fue denunciado en la Asamblea Legislativa que en diciembre de 2016 procedió a la suspensión del cargo de los cuatro consejeros que renunciaron a sus funciones pero la Asamblea remitió la denuncia al Ministerio Público que recientemente emitió una resolución de imputación.

Sanciones

El delito de incumplimiento de deberes es sancionado con 1 a 4 años y el delito de resoluciones contrarias con 5 a 10 años, ambos delitos son vinculados a la corrupción.