En Bolivia, las mujeres están privadas de libertad principalmente por delitos menores, no violentos y de baja relevancia social como el microtráfico de drogas, robos y hurtos. La mayoría de las mujeres que se encuentran en las cárceles de Bolivia no representa un peligro significativo para la sociedad y podrían cumplir su sentencia en libertad. Del total de mujeres recluidas, el 38% está por delitos relacionados con drogas, mientras que el 28% se encuentra en la cárcel por delitos contra la propiedad. La gran mayoría de estas faltas se consideran generalmente como delitos menores.
Es importante señalar que en Bolivia el 70% de las mujeres privadas de libertad está a la espera de un juicio y no cuenta con sentencia judicial. Cuando la mujer procesada es pobre y no puede certificar trabajo formal, vivienda propia o respaldo económico para el pago de una fianza, la autoridad judicial tiende a considerar que ella podría darse a la fuga para evadir la justicia, razón por la cual se dicta la detención preventiva. Sin embargo, en muchos casos el arraigo de las mujeres procesadas podría ser demostrado recurriendo a otros criterios más coherentes con la realidad social del país. El uso desproporcionado e injustificado de la detención preventiva constituye una violencia institucional que tiene consecuencias dramáticas para las mujeres de bajos ingresos y para su entorno familiar.
Frente a esta situación, las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia han aportado algunas respuestas en los últimos años, demostrando una voluntad de encontrar soluciones a la excesiva vulnerabilidad de las mujeres de bajos recursos frente al sistema de justicia penal. Entre 2012 y 2015, un total de 1.288 mujeres se beneficiaron de cuatro leyes de indulto. Asimismo, la Cumbre Nacional de Justicia Plural, realizada en junio de 2016, señaló la necesidad de humanizar las condiciones de vida en los centros penitenciarios y de adoptar medidas para proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad al interior de los recintos, en particular las mujeres.
Muchos de los sistemas penitenciarios en el mundo han sido diseñados desde un enfoque masculino, sin considerar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres privadas de libertad. Desde 2000, la población carcelaria femenina a nivel mundial ha crecido a un ritmo mucho más rápido que la población masculina. El endurecimiento de las políticas de justicia penal en todo el mundo ha supuesto que un número creciente de mujeres sean encarceladas.
Las mujeres son vulnerables frente a los sistemas de justicia penal. En muchos países, ellas no gozan de un acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los varones, debido principalmente a barreras culturales, de idioma y de recursos. Las necesidades específicas de las mujeres no son adecuadamente atendidas en muchas cárceles del mundo, sea en materia de asistencia jurídica, apoyo psicológico, salud mental, salud sexual, educación y trabajo. (Urgente.bo)