La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por la diputada Beatriz Eliane Capobiando que impugnaba el Reglamento Transitorio de Movilidad Funcional de Jueces y Personal Administrativo del Consejo de la Magistratura, que en su criterio era contradictorio a la Constitución y a la Convención Americana de los derechos humanos.

El magistrado del TCP Paul Franco informó anoche que este reglamento, en su artículo 16, permitía al Consejo de forma “discrecional” ordenar el traslado de jueces de un lugar a otro; mientras en su artículo 20 impedía que el afectado impugnara esa decisión.

“Se aplicó el test de proporcionalidad, declarándose la constitucionalidad condicionada de casi todos los artículos referidos a la transferencia forzada o institucional de jueces, la cual deberá realizarse cumpliendo criterios objetivos reglados y ser temporal, solamente por tres meses y restringiéndose la posibilidad de que el mismo juez pueda volver a ser transferido en la misma y la siguiente gestión judicial”, sostuvo Franco.