Los últimos días de agosto, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 415/2019-2020 que modifica la Ley 1173. El documento debe pasar ahora a otra comisión de la Cámara de Senadores.

Entre los cambios relevantes está  la  inclusión de delitos de narcotráfico y sustancias controladas dentro del catálogo de delitos excluidos en la improcedencia de la prisión preventiva (artículo 232). Es decir, que las personas que sean procesadas por este ilícito sí o sí deben ingresar a la cárcel. 

Ante este cambio, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió que se omita el cambio porque significaría un retroceso en el avance normativo que lleva adelante el Estado. “La pobreza es una de las causas que genera desigualdad, marginación y exclusión, contexto que deriva en la comisión de delitos y entre los más comunes están los relacionados a narcotráfico y sustancias controladas”, dijo mediante un comunicado de prensa.

En Bolivia los delitos más frecuentes por los que se encuentran las mujeres privadas de libertad son los relacionados a la Ley 1008, seguido por  robo y robo agravado. Durante 2018, de las 1.372 mujeres privadas de libertad registradas, 363 estaban detenidas  por narcotráfico y sustancias controladas, muchas de ellas vinculadas al mundo de las drogas ilícitas como portadoras humanas y “microtraficantes”, según estudios oficiales.

 Asimismo, la sociedad civil -representada por al menos 33 instituciones de justicia y democracia  envió un pronunciamiento  para rechazar esas modificaciones. 

“Queremos expresar nuestra preocupación por esta propuesta que no se adecúa a la realidad de la población carcelaria en nuestro país y contraviene las garantías del debido proceso, pudiendo tener impacto profundo en la retardación de justicia, la afectación de derechos a grupos en condición de vulnerabilidad económica, por lo que dichos cambios desvirtúan la esencia de la Ley 1173”, señala el documento.

Basadas en esos argumentos, las plataformas solicitaron “dejar sin efecto a las modificaciones planteadas en el Proyecto de Ley N° 415/2019-2020 en lo referente a la inclusión de delitos relacionados al régimen de sustancias controladas”.

La Defensora del Pueblo puso como ejemplo el caso de Claudia S.E, la mamá del niño  Chumita, que ante la necesidad de conseguir dinero para la atención de su hijo enfermo con cáncer, trasladó sustancias controladas a  Argentina y fue detenida por más de un año en ese país, dejó en Bolivia a su hijo enfermo y a otros niños pequeños a cargo del cuidado de terceros.

 “Este cambio afectará a mujeres privadas de libertad, de niñas, niños y adolescentes que puedan estar bajo su cuidado o dependencia”, señala Cruz.

Las 33 instituciones  sostienen que esas modificaciones “evidencian la necesidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional evalúe los cambios propuestos bajo una interpretación basada en evidencia y acorde a la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia nacional e internacional”, entre otros.
 

Piden que asambleístas visiten las cárceles

Las 33 instituciones de la sociedad civil piden, a través de su pronunciamiento público, que los asambleístas visiten las cárceles del país para conocer de cerca lo que ocurre con los privados y privadas de libertad.

“En esa línea, exhortamos, a las y los asambleístas a que consideren la posibilidad de realizar visitas a cárceles para interiorizarse con la realidad de las personas que viven en contextos de encierro y conocer sus historias de vida, sólo de esta manera tendrán la certeza de tomar decisiones efectivas en la materia”.

Asimismo, las plataformas sugieren que la Comisión de Implementación de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia Plural, defina estrategias coordinadas y articuladas para combatir los delitos del régimen de sustancias controladas combinando el diseño de una política criminal preventiva desde el Ministerio de Gobierno y la implementación de criterios de persecución penal estratégica desde el Ministerio Público.

 Finalmente, señalan que “la historia de reformas al sistema penal en el país ha generado evidencia suficiente sobre la ineficacia de esta fórmula para aliviar los problemas de seguridad ciudadana, por el contrario, todas las reformas de corte punitivo han generado mayor mora procesal e impactos en la sobrepoblación carcelaria”.