“Sobre la inclusión de delitos de narcotráfico y sustancias controladas dentro del catálogo de delitos excluidos en la improcedencia de la prisión preventiva (Art. 232) y la cesación de medidas cautelares personales (Art. 239), queremos expresar nuestra preocupación por esta propuesta que no se adecúa a la realidad de la población carcelaria en nuestro país, y contraviene las garantías del debido proceso, pudiendo tener impacto profundo en la retardación de justicia, la afectación de derechos a grupos en condición de vulnerabilidad económica, por lo que dichos cambios desvirtúan la esencia de la Ley N° 1173”, dice un manifiesto de la Plataforma.
Por tales motivos, los defensores y activistas por los derechos piden “dejar sin efecto las modificaciones planteadas en el Proyecto de Ley N° 415/2019- 2020 en lo referente a la inclusión de delitos relacionados al régimen de sustancias controladas en los artículos 232.III y 239.6 del Código de Procedimiento Penal”.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación porque la Asamblea Legislativa Plurinacional pretenda realizar modificaciones a una norma que acaba de sancionar y que no ha ingresado en vigencia, nos pronunciamos sobre los cambios planteados por la norma”, dice el manifiesto firmado por más de una treintena de organizaciones, colectivos y entidades.
La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, es una articulación de la sociedad civil organizada a nivel nacional que promueve acciones para acompañar las reformas al sistema de justicia y contribuir a consolidar un sistema de justicia accesible, transparente, plural, independiente, con enfoque de género, derechos humanos y debido proceso.
Los expertos asimismo instan a la Asamblea Legislativa Plurinacional a abordar la discusión sobre el régimen de medidas cautelares de carácter personal, a partir de un debate basado en evidencias.
Esto implica que los congresistas puedan solicitar para ello, los datos del Censo Carcelario desarrollado el mes de abril de 2019, permitiendo a las y los legisladores acercarse a la realidad y los factores que trascienden a la comisión de ilícitos relacionados al narcotráfico y las sustancias controladas.
Un ejemplo de ello, es que los integrantes del denominado primer poder del Estado, realicen visitas a cárceles para interiorizarse con la realidad de las personas que viven en contextos de encierro y conocer sus historias de vida, sólo de esta manera, tendrán la certeza de tomar decisiones efectivas en la materia, plantean los juristas, activistas y defensores de Derechos Humanos.