El presidente de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó que la convocatoria alcanzará a unos 400 cargos entre personal auxiliar, inscriptores, operadores, técnicos y otros de Derechos Reales, institución que precautela el derecho propietario de bienes inmuebles.
A diferencia del pasado, ahora la designación será por concurso de méritos. “Empezamos a trabajar con la reglamentación y los cargos que ocupen será por cuatro años y no será de libre remoción, el personal que ingresará tendrá la seguridad laboral en Derechos Reales”, añadió el magistrado.
La determinación se da en medio de una serie de denuncias de hechos de corrupción en oficinas de Santa Cruz y Sucre. El ministro de Justicia, Héctor Arce, fue uno de los críticos por la inacción de las máximas instancias de la Magistratura, pero ahora destacó la decisión asumida.
“Saludamos y valoramos esta determinación del Consejo de la Magistratura, con meritocracia y transparencia es posible construir mejor talento humano para la administración de justicia, como se hizo con los Notarios de Fe Publica en todo #Bolivia (sic)”, escribió en su cuenta en Twitter.
Mientras dure el proceso de convocatoria pública, el personal de Derechos Reales seguirá cumpliendo sus funciones con la posibilidad de postular, siempre y cuando, cumpla con los requisitos que se definirán posteriormente.
Los casos de corrupción empezaron a conocerse a fines de marzo cuando seis funcionarios de Derechos Reales en la capital cruceña fueran acusados por la desaparición de trámites, entre otras irregularidades.
Mientras que en Sucre, el exregistrador Hugo Yamil Sánchez –quien actualmente guarda detención preventiva en la cárcel de San Roque– fue acusado de alterar anotaciones preventivas de bienes inmuebles para lograr beneficios.
Desde que se conocieron los casos, el Gobierno lanzó duras críticas a las labores de fiscalización de la Magistratura por no poner un freno a las irregularidades denunciadas.
En la víspera, el juez registrador de Derechos Reales de Santa Cruz Alfredo Echeverría fue aprehendido acusado de irregularidades en el trámite de la hipoteca de un bien que una entidad bancaria había ganado vía legal.
Alcón anunció que, junto a sus colegas Omar Michel y Dolka Gómez, serán parte querellante en los procesos penales que se iniciaron contra funcionarios de Derechos Reales de Santa Cruz, incluido el caso de Echeverría.
Luego de conocer las denuncias, Alcón había anunciado el inicio de una serie de auditorías jurídico-técnicas en todas las oficinas de Derechos Reales para detectar otros casos similares a los de Santa Cruz y Sucre.